Las cajas rurales de Alcora, Algemesí, Betxí, L'Alcudia, Turís y Villar, que habían firmado el protocolo de intenciones, abandonan el proyecto

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VALENCIA. El Grupo Cooperativo Cajas Rurales (CRM), que abandera Ruralcaja como cabecera del proyecto, empezará a rodar con 14 entidades, una vez reciba la pertinente autorización del Banco de España. Así lo han confirmado fuentes oficiales de la entidad a Valenciaplaza.com.

Las cajas rurales que participan en el proyecto, además de la propia Ruralcaja que dirige Juan Antonio Gisbert, son las de Alginet, Almenara, Alqueries, Altea, Burriana, Callosa d'En Sarrià, Crèdit Valencia, Cheste, Chilches, Nules, Torrent, Vilafames y Vilavella. En total, cinco valencianas, siete castellonenses y dos alicantinas. Y seis menos de las que inicialmente se habían adherido al proyecto, dado que han renunciado a integrase las de Alcora, Algemesí, Betxí, L'Alcudia, Turís y Villar. Este digital se puso en contacto con todas ellas para conocer los motivos de la salida, pero no obtuvo respuesta alguna.

El Grupo CRM espera recibir el visto bueno del Banco de España en las próximas semanas para comenzar a operar en el segundo semestre del año. Además de por el Banco de España, el proyecto también ha sido supervisado por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda y por el Registro de Cooperativas del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

SE SUMARÁN MÁS ENTIDADES 

Al cierre del pasado año, el grupo contaba con unos activos totales medios de 11.459 millones de euros,  el 18,28% del total de activos de las cajas presentes en la Asociación Española de Cajas Rurales, y superior al de doce cajas de ahorro. Asimismo, las 14 entidades del Grupo CRM obtuvieron un resultado durante el ejercicio anterior de 24,55 millones de euros, con unos fondos propios de 809 millones de euros.

Crèdit Valencia, socio fundador del CRM al ser la primera entidad que aprobó su integración el pasado 5 de mayo, atisba un futuro muy prometedor para el proyecto. Así lo ha manifestado a este diario Rafael Carrau, su director general: "En uno o dos años veremos más entidades dentro del grupo porque es un modelo que ha calado en Europa. Ahí están los casos de Crèdit Agricole (Francia) o Rabobank (Holanda)".

La decisión de las seis entidades de abandonar el proyecto -pese a que en su día firmaron el protocolo de intenciones- responde a "un proceso normal", en opinión de Carrau. "El resto entendimos que era el momento de dar un salto hacia delante, transmitiendo y convenciendo a nuestros cooperativistas". Por su parte, las seis entidades que han dado el paso atrás estudian ahora otras opciones.

El protocolo de intenciones firmado en su día por las 14 entidades contempla el mantenimiento de su marcas individuales y de su red de oficinas. Un proyecto que se constituye sin plazos aunque cada entidad se compromete a permanecer vinculada durante un mínimo de 10 años. Ruralcaja, que engloba más del 70% de los activos totales del grupo, compartirá su sede con el Grupo CRM.

LA CAJA COMÚN DE LAS RURALES VALENCIANAS

Crèdit Valencia optó por adherirse al proyecto de Ruralcaja. "Cuadraba en nuestra filosofía y desde el primer momento el diálogo con ellos ha sido sincero y el planteamiento de igual a igual", advierte Carrau, quien va más allá al señalar que este proceso va a provocar que "Ruralcaja se refunda en la caja común de las rurales valencianas, donde todas tendrán su libertad y autonomía de la que hasta ahora gozaban".

El director general de Crèdit Valencia, una entidad fruto de la fusión de las secciones de crédito de 28 cooperativas agrícolas, reconoce que en un primer momento tuvo claro que no podía embarcarse en el Sistema Institucional de Protección (SIP) de Cajamar, el lider nacional de cajas rurales, "porque el destino de los resultados del SIP se decide a nivel centralizado, mientras que el Grupo CRM da retornos a las cooperativas socias".

Asimismo, Carrau comenta que tampoco el SIP de cajas rurales a nivel nacional que impulsa la firma madrileña Analistas Financieros Internacionales (AFI) encajaba en sus planes, puesto que "entraña las dificultades propias de crear una nueva entidad, además de los costes adicionales de poner en marcha un proyecto al que habría que destinar el 40% de los beneficios".