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MADRID. El reciente nombramiento del secretario de Estado de Telecomunicaciones, Bernardo Lorenzo, como presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) es una señal más –especialmente grave esta vez- de los vaivenes en los que se mueve el Gobierno en lo que se refiere a la gestión de las ‘teleco’ y esto ocurre al poco de cumplirse el primer aniversario de la implantación de la TDT en España.

La llegada de Lorenzo en sustitución de Francisco Ros no provocó una reacción optimista entre los muchos que esperaban una nueva política que mirase más a Europa, acorde con los tiempos que corren, protagonizada por la practicidad y que tuviera en cuenta la globalidad de un mercado especialmente sensible en el espacio comunitario. El continuismo ha sido un lastre que beneficia a unos pocos y pagan –y pagaran- todos.

Conscientes de la que se avecina, los favores debidos han entrado en escena en forma de cargo seguro con sede en Barcelona, lo que garantiza cierta placidez a Lorenzo en el medio plazo. Una incongruencia inimaginable en una democracia de buena calidad. Regulador y regulado tomando decisiones en un mismo sillón. La necesaria independencia por los suelos. Las corruptelas de guante blanco al alcance la mano.

Son muchos los errores en los que ha incurrido la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones para la Sociedad de la Información (SETSI) en los últimos años y sin duda, la gestión que acumula más borrones es la extensión de la TDT. Actualmente, la Comisión Europea de Competencia investiga las ayudas que el Ministerio de Industria, a través de la SETSI, concedió a las Comunidades Autónomas para que desarrollaran los Planes de Extensión de la TDT.

En una resolución preliminar, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, la Comisión avanza la ilegalidad de esas ayudas ya que en ningún momento fueron comunicadas. Tras las alegaciones, conoceremos la resolución definitiva, pero cabe la posibilidad de la que la Comisión obligue a la devolución de esas ayudas con la venia de su comisario Almunia.

La digitalización de la televisión en España supuso en su primera fase una inversión de 300 millones de euros, a los que hay que sumar 70 millones anuales en costes recurrentes. En números redondos: la TDT va a significar para el maltrecho bolsillo de los españoles 1.000 millones de euros en los próximos diez años, situación que podría haberse evitado. Por otra parte, y desde un punto de vista tecnológico, la TDT nace herida de muerte y con fecha de caducidad, alejada de la vanguardia y de contribuir a mejorar la imagen de España como referente en este tipo de avances.

Presumimos de ser los primeros en TDT, algo que en la vieja Europa se empieza a considerar dentro de la categoría del folklore. Cuando se profundiza en la cuestión comprobamos que el desarrollo de la TDT en España ha adquirido tintes de esperpento. Una obra de teatro de la que sólo hemos visto el primer acto, pero suficiente como para que el sector esté preocupado. En España, la red de televisión está en manos de un único operador. Es por tanto un monopolio de facto, lo que debería propiciar el dialogo y el consenso.

Ni de lejos ha sido así y la SETSI de árbitro casero. Si algo tenía claro el Ministerio de Industria es que sólo habría cabida para la tecnología terrestre en el despliegue de la televisión digital en España. Ni hablar del cable, del satélite, de la banda ancha. Mejor olvidarse del principio sagrado de la neutralidad tecnológica e ir a contracorriente de Europa, aunque ello suponga la multiplicación del gasto en una tecnología limitada tecnológicamente, ya que a partir del 80% de cobertura, extender la TDT supone un coste que crece exponencial y desorbitadamente en un horizonte teñido de repetidores que no sólo hay que instalar, sino también mantener.

Los problemas de la TDT se extienden a lo largo y ancho de la geografía española. La variedad de nuestra orografía o la dispersión poblacional de algunos territorios ponen de manifiesto las limitaciones de una tecnología que los expertos catalogan de débil. Para las zonas sin cobertura, el Ministerio propuso una solución a través del satélite, vía doméstica, condicionada y limitada desde el punto de vista tecnológico y que ignora la más elemental regla de la economía de mercado: la libre competencia.

Lo peor, sin embargo, está por llegar; entra en escena el dividendo digital que en vulgar paladino supone la progresiva liberación del espectro radioeléctrico para dar cabida a servicios de banda ancha móvil a velocidades muy superiores a las actuales. Un tramo de la banda (de 790 a 862MHz) muy valioso por sus características técnicas pero que en España está actualmente ocupado por los canales nacionales de televisión.

La Administración, una vez más, ha dado cumplidas muestras de improvisación y ha anunciado que se va a recaudar un buen dinero gracias a que las operadoras de móviles ocuparán ese espacio a través de concursos públicos. El proceso comporta la recolocación de canales de televisión dentro de la banda, lo que implicará nuevos ajustes en las antenas colectivas, nuevos gastos y un segundo plan de extensión de la TDT que correrá con cargo al ciudadano.

Pero aún hay más. Los operadores, conscientes de que el futuro pasa por la transmisión de datos mediante la red móvil, ya han anunciado que necesitarán más espacio (al menos 100 MHz adicionales), con lo que se prevé que un segundo dividendo digital, previsto para 2015, se adelante a 2013. Es un objetivo prioritario en el ámbito de la Unión Europea, que votará esta propuesta de adelantar el calendario en el mes de junio en Estrasburgo. En España, supondría una tercera antenización y un tercer plan de extensión de TDT. Un despropósito.

Y la ‘sentencia’ definitiva nace en la propia Comisión Europea que contempla como escenario la liberación total del espectro radioeléctrico para dedicarlo a otros servicios con lo que la televisión se difundiría mediante otras tecnologías. En definitiva, hablaríamos de la total desaparición de la TDT. La prematura falta de vigencia de la tecnología digital terrestre utilizada en España se hace patente con la presente eclosión de la alta definición y el 3D.

Sin entrar en detalles técnicos, las cadenas tienen el ‘espacio’ reducido, y en el marco actual, tendrán que elegir y descartar los componentes vanguardistas. El satélite, el cable o internet son por tanto el futuro de la TV por mucho que el Gobierno español haya hecho una muy equivocada y costosa apuesta.

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Post-it Reasignación de frecuencias y "dividendo digital. En abril de 2010 se publica en el BOE la Ley General de la Comunicación Audiovisual, incorporándose la transposición de la directiva europea sobre servicios de comunicación audiovisual. El llamado "dividendo digital" establece que a partir del 1 de enero de 2015 la reserva de las frecuencias entre 790 y 862 MHz, los canales 60 a 69, para otros servicios de comunicaciones. Esto supone trasladar la mayoría de las emisiones de TDT actuales, reajustando toda la red de emisores y obligando a los usuarios a modificar nuevamente la configuración de sus antenas. Se abandona el modelo de frecuencia única para todo el territorio nacional reubicando los múltiplex sobre la base de las frecuencias utilizadas en las antiguas emisiones analógicas, estableciendo como criterio de referencia el uso de la frecuencia de mayor alcance o significación en cada provincia.
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(*) Carlos Díaz Güell es director de la revista 'Tendencias del Dinero'