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En 1986, tras el fracaso del Partido Reformista Democrático, Miguel Roca y Junyent declaró que "en política las cosas no son como son, sino como parece que son". Era ya cierto entonces, pero la realidad hoy amplifica hasta el infinito aquella constatación que sin embargo no se cumple en economía. En ésta, las "cosas", al menos algunas, son como son aunque pueda parecer, en especial a corto plazo, que no es así. No reconocerlo sólo lleva a dilatar en el tiempo el afrontar los problemas, cuando no a agravar su dimensión.

A pesar de ello, la percepción de buena parte de la sociedad española es que la responsabilidad exclusiva de la solución de los graves problemas económicos a los que nos enfrentamos es del Gobierno central, único, en esta extendida opinión, con capacidad y recursos para articular medidas que permitan superarlos. Los gobiernos autonómicos, tan presentes en la fase de expansión para reivindicar su contribución al crecimiento y el empleo, han desaparecido de la escena. El problema que las cosas en economía son como son: las competencias autonómicas son muy destacadas y sin la colaboración de sus gobiernos la crisis no va a tener fácil solución.

Entre la multiplicidad de causas que ayudan a explicar esta percepción generalizada destacan dos. Por un lado, el desprecio absoluto a la pedagogía política de nuestros gobernantes a la hora de dilucidar competencias y responsabilidades entre los diferentes niveles de la Administración. Por otro, el madrileñismo político del que hablara Ortega y Gasset que campa a sus anchas hoy como ayer a la hora de definir prioridades y agendas. De esta forma, estamos casi ante un éxito notable: lograr la cuadratura del círculo. Porque la España de las Autonomías es, al tiempo, el Estado más descentralizado de Europa y el más centralista (tras la jacobina Francia).

El peso económico de las autonomías
Los ejemplos de la falta de pedagogía sobre qué es y qué implica en el terreno económico el Estado autonómico son casi infinitos y es difícil seleccionar sólo algunos, empezando por el desconocimiento general de que las competencias de la Administración central en industria, comercio o turismo, (además de sanidad o educación) son casi nulas o los cientos de empresas públicas autonómicas de tan discutible justificación como las estatales recientemente suprimidas. Uno de los más destacables es que el peso de la inversión autonómica en la inversión pública total es superior al de la Administración central (más la seguridad social) a menudo identificada unívocamente con el Estado. Según los estudios de la FBBVA- Ivie, el 30,7% frente al 24% del segundo. Sumada a la de la Administración local alcanza el 54,2%. A pesar de lo cual nada se dice de las responsabilidades de las Comunidades Autónomas a la hora de luchar contra la recesión con la mejora de eficiencia de sus inversiones.

Igualmente, al defender políticas de contención del gasto, pocas veces se menciona la distribución de los funcionarios o del gasto público entre administraciones. Pero hoy en España sólo uno de cada cinco de ellos (el 22%) trabaja para la administración central. ¿El 78% restante?: el 50,2% para la autonómica y el 24% para la municipal, con un resto de 3,8% en universidades también de competencia autonómica. Todo lo cual se corresponde con una estructura del gasto público similar: la mitad del mismo, al menos, está en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos (mucho menos relevantes). A pesar de todo ello, aún está por presentarse un plan autonómico riguroso de aumento de eficiencia y de contención del gasto.

El madrileñismo político
¿Por qué entonces no se habla del papel del sector público autonómico a la hora de invertir, realizar políticas de empleo, planes de competitividad, reducir el gasto y, en general, contribuir a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos? En buena medida, como es obvio, porque en esta etapa de crisis sus gestores eluden su responsabilidad desapareciendo de los medios de comunicación. El caso de la Comunidad Valenciana, con el 23% de tasa de paro y un déficit del 15% del PIB, es paradigmático. Francisco Camps está encallado en el escándalo Gürtel y sus consellers de Economía, (Gerardo Camps) Industria (Rambla) y Turismo (Juste) desaparecidos. Pero siendo uno de los más espectaculares, el valenciano no es un caso excepcional.

Y esta situación es causada también porque los políticos de cualquier signo ideológico relacionados con la Administración central, con el presidente Zapatero a la cabeza y Mariano Rajoy pisándole los talones, son alérgicos a reconocer que su competencia, de gestión o de oposición, en un buen número de materias, es limitada o incluso nula. Y por tanto, lo es su capacidad de influir sobre ellas. Como escribiera Ortega hace muchas décadas, se ha construido un Estado en donde la política nacional (económica y no económica) se hace en y desde Madrid. Y hoy como entonces "como no se [va] en busca de la nación dónde en efecto está -recorriendo cada uno de los trozos de la península-, la idea abstracta "nación" se llena irremediablemente con lo que el político [tiene] delante de sus ojos; esto es con Madrid". De forma que "de puro querer ser nacionales, los hombres públicos [son] madrileños, particularistas confundiendo la nación con su centro".

Las consideraciones anteriores tienen traducción concreta inmediata y, de nuevo, los ejemplos serían también infinitos. Basten dos. La crisis financiera en España, en la vertiente de las dificultades a las que se enfrentan las cajas de ahorro será mucho más compleja y costosa, tal vez imposible, sin un acuerdo entre gobiernos autonómicos y gobierno central. Lo mismo ocurre con la reducción del déficit, cuya aceleración está en el centro del deterioro de la reputación crediticia de España (central y autonómica) en los mercados internacionales.

¿Cuál es entonces la dificultad para lograr esos consensos? Pues que a pesar de la gravedad de la situación, los intereses partidistas, cuando no personales o clánicos, priman sobre el interés general. De hecho en no pocas ocasiones el gobierno ningunea a las comunidades y, en otras, éstas se comportan como repúblicas autárquicas. Y aunque la valoración ciudadana de los partidos, y de los propios políticos, está en mínimos, como muestra el CIS, los representantes públicos no tienen incentivo alguno para modificar su comportamiento mientras esta negativa valoración sea general y la caída de la propia no beneficie a un contrincante. Pero esta ausencia de incentivos para combatir el descrédito de lo político es otra cuestión. O quizá es la cuestión por la que, en esta descentralizada pero centralista España, va a costar tanto salir de la crisis.

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Jordi Palafox es catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Valencia