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VALENCIA. La reedición anoche del ya institucionalizado modelo de debate electoral entre los candidatos a cualquier cita con las urnas, en este caso a la presidencia de la Generalitat Valenciana, no puede si no calificarse de decepcionante y frustrante para los ciudadanos.

Las condiciones que los partidos políticos pactan para este tipo de encuentro encorsetan intencionadamente de tal forma las intervenciones de los participantes que, lejos de convertirse en un intercambio de propuestas y opiniones, derivan en una sucesión de monólogos inconexos en los que se llega al límite de impedir ya no solo las interrupciones si no la mera interpelación entre los candidatos.

Si bien parece lógico que se marquen una serie de normas, más cuando se trata de un debate a cuatro bandas, llevar la reglamentación hasta el absurdo condiciona de tal forma el formato que deja de tener cualquier sentido real.

Lo preocupante de esta situación es que con estas condiciones no existe debate, con lo que se priva a los ciudadanos de un ejercicio básico en la democracia como es la confrontación de ideas.

La sobrerreglamentación de los debates electorales, paradójicamente, ha ido aumentando con la madurez de la democracia española. Los equipos de campaña de los partidos políticos, especialmente los de aquellos que menos tienen que ganar y más pueden perder en estos encuentros cara a cara, persiguen con los controles del tiempo y el orden de las intervenciones o la elección de los temas a tratar, por ejemplo, marcar barreras de protección o de interés partidista.

Si bien pueden ser objetivos lícitos internamente, la sociedad no debería aceptarlos como hechos inevitables. La celebración de debates ágiles, vivos, en los que los candidatos confronten o rebatan ideas y propuestas es más que un mero compromiso formal que, actualmente, algunos partidos cumplen de mala gana.

Intentar sustituir esta obligación, inherente a un proceso democrático, con un sucedáneo, dando así el trámite por cumplido, resulta, cuanto menos, inútil para lograr que los ciudadanos acudan a las urnas y lo hagan con formados e informados.

Y capítulo aparte merece el trato que da Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) al encuentro. Programarlo a las 23.30 horas es una renuncia de hecho a su papel medio de comunicación público que le obliga a comprometerse con la mejora de la calidad democrática de la sociedad.