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VALENCIA (VP). José Morell, el agente de la propiedad inmobiliaria elegido por el Decanato de Juzgados de Valencia e imputado en el caso de la herencia del edificio de la calle Lauria, prestará este viernes declaración ante el juez que investiga la denuncia por un supuesto fraude en la tasación del inmueble. que acogerá la futura Apple Store.
El juez investiga si parte de la familia Gonzálbez, propietaria del edificio, y este tasador y un arquitecto hincharon artificialmente la valoración del inmueble familiar para conseguir una compensación de 15 millones de euros del hermano que había heredado inicialmente el edificio (y que ya ha desembolsado).
En 2009, José Antonio Gonzálbez vendió el edificio por 18 millones de euros, en lo que, según fuentes conocedoras del caso, "fue la mejor oferta recibida hasta entonces". La sociedad de inversión RL30, vehículo de la promotora Corpfin Capital Real Estate Partners, se hizo con la propiedad tras una negociación llevada con mucha discreción -la compraventa se cerró en una notaría de Alzira- porque tenía como fin alquilárselo posteriormente a Apple Retail, compañía que siempre exige total confidencialidad.
Los hermanos de José Antonio Gonzálbez y los sobrinos de una hermana fallecida, habían estimado mediante las tasaciones que ahora se ponen en duda, que el precio del inmueble oscilaba sobre los 32 millones por lo que, en su opinión, su hermano debía compensarles con 15 millones como parte de la herencia.
Según ha podido saber ValenciaPlaza.com de diversas fuentes, el edificio de la calle Lauria fue objeto de deseo de distintos compradores antes de que se firmase la operación definitiva con Corpfin. Una de las empresas que habría mostrado su interés por hacerse con este inmueble en desuso, situado en una de las vías con mayor vida comercial de la ciudad, es la inmobiliaria especializada en viviendas de lujo, Rimontgó.
Las mismas fuentes coinciden en señalar que la intención de Rimontgó habría sido intermediar para Pablo Serratosa, quien había iniciado meses antes (abril de 2007) su propio camino empresarial en solitario tras desvincularse del grupo familiar Nefinsa (propietario de Air Nostrum y Uralita, ente otros). Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que Rimontgó habría aconsejado a Serratosa no pagar más de 12 o 13 millones de euros por el inmueble ante el estado ruinoso de su interior, lo que obligaría a una fuerte inversión para rehabilitarlo.
Finalmente, el 'gato al agua' se lo llevó Corpfin, para sorpresa de los responsables de Rimontgó, siempre según las mismas fuentes.
UNA TRAMA FAMILIAR
La denuncia presentada por José Antonio Gonzálbez acusa a los dos peritos -Morell y José Ramón Cercós, de Arquitasa- por presunto fraude en las tasaciones. El documento resalta la relación más allá de lo estrictamente profesional del perito judicial -Morell- con José Antonio Noguera Puchol, del despacho Noguera Abogados, y abogado del matrimonio formado por Ángeles Gonzálbez (hermana de José Antonio) y José Ignacio Criado, dueño de la Inmobiliaria Waksman.
El mismo texto expone una presunta serie de irregularidades en el procedimiento de designación del perito judicial, competencia del Decanato. Los hermanos de José Antonio Gonzálbez se basaron en las tasaciones aportadas por los peritos denunciados por presunto fraude (en torno a los 32 y 36 millones de euros) para pedir al propietario del edificio la compensación de 15 millones.
Hacia finales de 2005, principios de 2006, la familia Gonzálbez Alberola (José Antonio y sus tres hermanos), calcularon el valor monetario que la herencia en inmuebles de sus padres les había dejado. Los abogados de los hermanos de José Antonio valoraron el edificio de Lauria en 32 millones de euros, aproximadamente. José Antonio prefirió que fuese un juez quien determinase el precio de las posesiones, de modo que judicializó la tasación.
Entonces, y con anterioridad a la aparición en escena de Morell y Cercós, el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Valencia pidió al Decanato el nombramiento de dos peritos judiciales para tasar la propiedad. El 20 de octubre de 2006, la Oficina de Designación de Peritos nombró a dos arquitectas para la tarea, María Luz Núñez y Amparo Moreno.
Tal como las mismas peritos declararon ante el mismo Juzgado de Primera Instancia, y ante presencia notarial, nunca fueron avisadas para aceptar los cargos, ni nadie se puso en contacto con ellas. La denuncia presentada por Gonzálbez recoge que al poco tiempo de tal elección, "de forma totalmente irregular, y sin mediar explicación alguna, fue dejada sin efecto la designación de las dos arquitectos, y fue designado como perito judicial Don José Francisco Morell Navarro, agente de la propiedad inmobiliaria, perteneciente al Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI), y además, abogado".
Por su parte, Ángeles Gonzálbez, hermana de José Antonio, designó al perito de Arquitasa, José Ramón Cercós.
Dos hechos o coincidencias hicieron sospechar de la tasación a José Antonio Gonzálbez. Por una parte, el empresario comprobó que mientras el número de abogado de Morell era el 1.201, el de José Antonio Noguera Puchol, abogado de José Ignacio Criado, presidente de la Inmobiliaria Waksman y marido de Ángeles Gonzálbez, hermana del denunciante, era el 1.208. Estos números reflejan que ambos, abogado de una hermana Gonzálbez, y perito designado, eran compañeros de promoción.
La otra cuestión que hizo sospechar a José Antonio fue que la página web de la Inmobiliaria Waksman y la del despacho de abogados del perito Morell estaban hechas por la misma compañía, Integra Digital, ubicada en Oliva. Con esa sospecha, José Antonio Gonzálbez contrató a la agencia de investigación Kroll, para estudiar la designación de los peritos y las relaciones entre las partes.
Posteriormente, en la grabación de otra agencia de investigación, Distrito 46, el perito Morell reconoce ser de la misma promoción del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Valenciaplaza.com se ha puesto en contacto con el despacho Noguera Abogados en reiteradas ocasiones, sin haber obtenido respuesta alguna del letrado.
El informe del detective Juan de Dios Vargas señala que el arquitecto "sigue manteniendo comunicación con las partes, ya que incluso conoce datos como que el procedimiento judicial actualmente se encuentra en el Tribunal Supremo, pese a que su intervención finalizó hace casi tres años". Este periódico ha hablado con el imputado, quien ha declinado cualquier declaración amparándose en que está pendiente de declaración ante el juez.
Además, Morell "dice conocer pormenores de la herencia de las voluntades del fallecido, permitiéndose comentarios sobre la personalidad del fallecido, aportando información no obrante en autos", refleja la denuncia. Y declara la existencia de animadversión hacia una de las partes.
EL ABOGADO Y LOS DOS PERITOS
Noguera también mantenía relación con Juan Ramón Cercós, el perito de Arquitasa, anterior a su designación para el litigio de la calle Lauria. En una de los vídeos con cámara oculta, Cercós reconoce haber trabajado anteriormente con el abogado Noguera, y en los discos duros de los ordenadores de los peritos, incautados por el juez, se observan trabajos anteriores a la tasación de Lauria.
Según el material audiovisual recogido en las investigaciones de la agencia valenciana de detectives Distrito 46, y presente en la denuncia, Cercós reconoce que los que le encargaron el trabajo creían que el valor del inmueble "era de unos cuarenta millones de euros" pero afirma que él lo hubiera valorado "como mucho en veintitantos, pero no más".
Según la misma denuncia, el perito Cercós admite que "fue una valoración forzada al alza, al decir una parte que valía poco, se me pidió una tasación que dijese que valía mucho para que así, el juez, fuese a un precio intermedio, es decir, 27-28, que es lo que yo decía, además, tengo el sobre guardado en el despacho, con mi primer borrador que hice sobre 26-27-28".
En las transcripciones del interrogatorio realizado al perito judicial que refleja la denuncia, Morell muestra también su interés en apoyarse en la tasación de Arquitasa. De hecho, afirma conocer a empresarios que pagarían el importe de su tasación, superior a los 32 millones de euros. Con todo ello, el demandante denuncia que "no sólo se intentaba engañar al juez, sino que existía una complicidad latente entre los dos peritos: Morell y Cercós".
menudos tiparrakos q se tiran al cuello entre familiares para despellegarse sin importarles la sangre y sus lazos. Buena informacion pardiez
¿Historia mafiosilla? A mi lo que me suena es que si no hay alguién importante de por medio, los peritos judiciales, y en general, los trabajadores de la justicia, (incluidos jueces) hacen lo que les place. SI no fuera proque son millones y se trata de los Serratosa, nadie sabría que las tasaciones periciales se hacen sin ver lo tasado (sobre plano). Y nadie dice nada y son casi como plabra de dios. Una vergüenza propia de república caribeña.
toda esta historia me suena a rancia pelicula mafiosilla de serie be con muchos lunares turbios y con la periodista en plan angela chaning
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