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MADRID (EP). Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han considerado que el decreto aprobado por el Consejo de Ministros para aflorar empleo oculto está "desenfocado", al centrar la lucha contra la economía sumergida "única y exclusivamente" en el fraude laboral y "olvidar" el fraude fiscal, que estima en 161.000 millones.

En este sentido, los técnicos de Hacienda recordaron que el empleo sumergido viene favorecido por la existencia de dinero negro, e incidieron en que la economía sumergida en España mueve anualmente 245.000 millones de euros, esto es el 23,3% del PIB, de los cuales 161.000 millones proceden de la vertiente fiscal sumergida y el resto (82.000 millones) deriva del empleo irregular.

Para Gestha, resulta "obvio" que con las "modestas" prestaciones por desempleo (853 euros mensuales de media) y más de 1,2 millones de parados que no reciben ninguna prestación contributiva ni asistencial, una gran parte de los 4.910.000 desempleados recurran a la economía sumergida para afrontar sus pagos.

Aún así, admitieron que el Gobierno introduce un "avance" al reconocer la existencia de economía sumergida, al tiempo que valoraron que el Ministerio de Trabajo de un "primer paso" para reforzar la Inspección de Trabajo con la creación de una nueva escala de subinspectores especializados en Seguridad y Salud.

En este sentido, Gestha confió en que el Ministerio de Economía siga los pasos iniciados por Trabajo con los cuerpos de Auditoría, Contabilidad, Inspección y Aduanas, con el reconocimiento de mayores responsabilidades en el control del gasto público y en la prevención del fraude fiscal, la economía sumergida y el blanqueo de capitales.

Por otra parte, los técnicos de Hacienda consideraron que los incentivos planteados son "insuficientes" para aflorar el empleo sumergido, y lamentaron que los trabajadores verán reducido su historial laboral "injustamente".

Como otra "dificultad" del plan, Gestha señaló la obligación de que las empresas justifiquen a Hacienda el origen del dinero negro con el que se pagaron los salarios irregulares, con lo que, a su juicio, se destruye la presunción de veracidad de la contabilidad.

"La investigación tributaria podría atribuir ese dinero negro a ventas ocultadas al Fisco, exigiendo el IVA y el Impuesto de Sociedades evadido, los intereses de demora y las sanciones tributarias", advirtieron.