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WASHINGTON (EFECOM). Sovereign Bank, filial del español Grupo Santander, se encuentra entre una quincena de entidades de Estados Unidos sancionados por mala conducta y negligencia en el negocio de las hipotecas, indicaron varias agencias del gobierno. La investigación la llevaron a cabo la Reserva Federal, la Contraloría de la Moneda y la Oficina de Supervisión de Bancos de Ahorro.
Esta última entidad, que responde a las siglas OTS en inglés, ordenó a los bancos Sovereign, Aurora, Ever y One West Bank que "tomen medidas amplias y rápidas para remediar las deficiencias extendidas y significativas" halladas en la investigación. De momento no existe una sanción económica.
La investigación de Sovereign se inició a fines de 2010 y, según la agencia supervisora , el banco "sin admitir o negar que existen razones para que la OTS inicie una acción administrativa", ha aceptado las órdenes provenientes de la citada agencia.
Por su parte la Reserva Federal indicó en su página web que las catorce instituciones investigadas y que representan el 68 por ciento del mercado hipotecario, incurrieron "en un patrón de mala conducta y negligencia en los préstamos y los trámites de ejecuciones hipotecarias".
La Reserva señaló que "las deficiencias representan fallos persistentes en el cumplimiento de las normas, y prácticas defectuosas en esas instituciones".
La investigación determinó que los bancos no contrataron personal suficiente para el manejo de las hipotecas, no supervisaron adecuadamente a los abogados externos y otras firmas, no se aseguraron de obtener documentación adecuada en las ejecuciones hipotecarias, y no detuvieron los trámites de desalojo cuando correspondía hacerlo.
Aunque las sanciones anunciadas hoy no adjudicaron multas, éstas podrían llegar más adelante ya que la Reserva Federal indicó que "cree que en estos casos las sanciones monetarias son apropiadas".
La medida requiere que los bancos establezcan una variedad de programas obligatorios y que obtengan revisiones efectuadas por firmas independientes que investigarán sus trámites de ejecuciones hipotecarias.
Las penas monetarias podrían decidirse en una investigación que llevan 50 fiscales generales de Estados y el Departamento de Justicia.
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