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VALENCIA (VP). Durante el primer trimestre de 2011, el Tribunal de Justicia  de Valencia ha efectuado en la provincia 1.273 diligencias de embargos (avisos) y realizado 846 lanzamientos (deshaucios por las fuerzas de la autoridad). El número de diligencias es sensiblemente inferior a la del mismo periodo de 2010, cuando se enviaron 1.439 avisos, pero, por el contrario, la tasa de desahucios aumenta  en 307. El año pasado se ejecutaron 539 lanzamientos.

Durante todo 2010, se comunicaron un total de 4.988 embargos y la justicia tuvo que realizar 2.265 lanzamientos (la diferencia entre ambas cifras corresponde a las personas que finalmente consiguieron resolver sus créditos o que abandonaron el inmueble por su propio pie), según datos facilitados ea Valenciaplaza.com. En la Comunitat Valenciana hubieron 17.108 desahucios el último año, un 11,1% más que en 2009. Desde 2008, sin contar el periodo actual, han sido 17.200.

A nivel nacional, los datos de ejecuciones hipotecarias marcan récords históricos. En 2010 se hicieron en total 93.622 hipotecas en España, un 0,32% más que en 2009 y casi cuatro veces más de las que se registraban al inicio de la crisis, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Las cifras ponen en evidencia que los efectos de la crisis se han ido recrudeciendo con el tiempo en lo que a la vivienda de las familias se refiere.

Cataluña es la única autonomía que supera la cifra de la Comunitat. "Pero ellos son ocho millones de personas, y nosotros, cinco", precisa Manolo Colomer, economista y portavoz de la Plataforma por los Derechos Sociales. La agrupación gestiona ahora la adhesión de Valencia y Castellón a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, un organismo de nivel nacional que representa a 10.000 personas.

Desde este tipo de asociaciones confirman que la sociedad "se está moviendo". Actualmente, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca trabaja en una ILP (iniciativa legislativa popular). "Se intentará reunir 500.000 firmas para obligar al Parlamento a debatir una propuesta de ley que presentaremos en junio", explica Colomer. En el plazo de un año esperan contar con "mucho apoyo social", para una solució.

RESISTENCIA POLÍTICA

Sin embargo, en febrero, PSOE y PP rechazaron en el Congreso de los Diputados las distintas iniciativas de IU, ICV y ERC para obligar a la banca a aceptar la dación en pago. "Se debe al inmovilismo propio de la política y a la presión que el sector financiero ejerció mientras el Congreso pidió a los técnicos la confección de un estudio para determinar si era viable", relata Colomer.

No obstante, apunta el economista, "la presión social llegará a un nivel tan alto, que de un estado inicial en el que la banca estaba totalmente en contra, en el plazo de dos años, tendrá que aceptar parcialmente una concesión limitada". La plataforma detecta cierta cesión del sector financiero. "La banca querrá que el estado le ayude a soportar los activos inmobiliarios si le obliga a quedárselos como todo pago de un crédito que el ciudadano no pueda pagar".

El portavoz de plataforma ciudadana señala a la CAM y Bancaja como las entidades que más ejecuciones hipotecarias han realizado a sus representados. Fuentes internas de la CAM aseguran que la caja es "una de las menos estrictas" en sus embargos. "A nadie se le ha obligado a seguir pagando la deuda una vez embargada la vivienda".

En otras entidades, "como en CaixaCataluña", explica, "tasan la vivienda por su valor actual, se quedan el inmueble y obligan a pagar al cliente la diferencia entre lo que ha pagado ya y la tasación actual". Según explica, en Caja Mediterráneo se estudia la situación de cada usuario. "Si además de quitarles la casa, les hacemos pagar y aún tienen que pagar un alquiler porque se han quedado sin vivienda, seríamos muy malos. Algunas entidades sólo se rigen por tener unas cuentas perfectas, aquí preferimos hacernos cargo, mientras sea viable, y ser un poco más humanos".

UN PRECEDENTE

Tan sólo existe un precedente en España por el cual el Tribunal Superior de Justicia haya obligado a un banco a aceptar un inmueble como todo pago por un crédito, y fue en Navarra, en enero de este año. Pese a ser el único caso oficial, este hecho ya podría estar dándose en entidades de manera extraoficial. "Aunque en la CAM no se ofrecen cifras oficiales fidedignas de cuantas casas aceptamos como pago, de manera interna, a las personas que no pueden hacerse cargo, es muy habitual y sin intervención de ningún juez. Pero hay casos, sobre todo en la provincia de Alicante y en Murcia, donde turistas europeos deciden volverse a su país y piden intervención a la justicia para obligarnos a quedarnos con la casa sin pagar".

La cuestión, según las mismas fuentes, es que "el partido que esté en el Gobierno va a tener siempre el respaldo de algún banco, por ello ninguno está interesado en aprobar por ley la dación en pago. Pero el cliente, con ello, el cliente quiere obligar al banco a aceptar las llaves por el pago, como en Reino Unido y esto, en muchos casos, se refiere a segunda una vivienda". La aceptación sistemática del inmueble para saldar la deuda "no es que sea inviable, pero para entidades pequeñas, les 'partes por la mitad'".

En España, una de cada tres familias está pagando una hipoteca. Durante el último año, un 20% ha tenido que retrasar sus pagos. Los que no han podido pagar, se han quedado sin piso: son casi 300.000 embargos en los tres últimos años. Y 200.000 hipotecados más están tan apurados que pueden ser desahuciados en los próximos meses.

El debate debe compaginar la sostenibilidad del negocio bancario, y con el drama humano que viven medio millón de familias. El Gobierno y el PP se oponen a una ley que, advierten, que encarecería las hipotecas y crearía inseguridad en los mercados de deuda. Pero el aumento del paro, el alza de los tipos y la depreciación de los pisos auguran una cifra de desahucios in crescendo.