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Como suele decir el profesor Luís Moreno, España es un Estado con "textura federal" pero sin cultura política federal. El modelo federal es el que mejor se ajusta a la realidad geopolítica del Estado Autonómico. A mi juicio es la mejor forma para organizar la distribución territorial del poder en un Estado compuesto, para gobernar la complejidad y gestionar la interdependencia y para dar sentido a los principios de solidaridad interterritorial y de ciudadanía y respeto a la diversidad. Pero aún estamos muy lejos de dar contenido real al significado de foedus (pacto).

Hemos construido una organización territorial del Estado donde los dos grandes partidos son, a la vez, gobierno y oposición y donde las mayores dificultades únicamente pueden superarse desde el pacto político. Y así será en el futuro. Hemos construido un modelo de Estado que por su extraordinaria complejidad requiere de liderazgos claros y de visiones políticas de alto nivel donde la lealtad institucional es esencial. Sin embargo, si analizamos con sosiego y distancia determinadas estrategias y actitudes de los partidos políticos españoles, fácilmente podremos concluir que la política (aunque no sólo) tiene que hacer mejor sus deberes.

Condición necesaria y previa sería que los partidos políticos abandonasen la estrategia política de la polarización. Ampliamente afianzada desde hace años, supone un obstáculo de gran importancia para dar contenido a los principios esenciales de coordinación y cooperación y para poder consensuar objetivos estratégicos entre los principales actores políticos. Hace tiempo que la política española ha abandonado la cultura del consenso en torno a políticas y se ha instalado en la utilización de la estrategia de la crispación primero, auspiciada por el partido conservador y de la polarización después, impulsada por los dos grandes partidos, mediante el recurso a promover y situar en la agenda debates sobre valores o temas transversales para mantener cohesionado y movilizado a su respectivo electorado. Las posibilidades son muy amplias: el agua, la religión, la lengua, la identidad... todas son cuestiones relevantes en cualquier democracia madura, pero creo que ahora nuestras prioridades son otras muy diferentes.

Esta deriva puede parecer rentable desde el punto de vista electoral, pero es una estrategia equivocada porque dificulta toda posibilidad de "pensar juntos" en clave estratégica y de "acordar" entre actores políticos. La estrategia política de la polarización fomenta el disenso y persigue la desactivación o inhabilitación de espacios institucionales de encuentro y la reducción de las "zonas templadas" de la sociedad. Ello nos sitúa en un escenario muy poco adecuado para abordar algunas de las grandes empresas colectivas que hay que abordar sin demora. Y no debiera olvidarse que de los tres grandes momentos históricos durante los últimos treinta años en los que se han precisado grandes consensos básicos éste es uno de ellos. La precaria situación de nuestras cuentas públicas (no lo dice solamente el Banco Mundial sino el reciente informe de primavera del European Forecasting Network), la inexplicable demora para acometer reformas inaplazables (la del mercado de trabajo, la reducción del déficit público, el sistema educativo y los retos asociados al envejecimiento de la población en primer lugar), exige esa lealtad y esa generosidad entre los actores concernidos que en otros momentos fue posible.

Lamentablemente los hechos son otros. No existe vocación de acuerdo entre los líderes de los dos partidos más importantes. Los escasos espacios habilitados para la coordinación y la cooperación entre gobierno central y Comunidades Autónomas (conferencias de presidentes y conferencias sectoriales) muchas veces se utilizan como plataforma para escenificar desencuentros y agudizar tensiones en detrimento la extensa agenda de reformas y planes estatales que aguardan. En los parlamentos regionales es poco habitual alcanzar consensos básicos entre los distintos partidos en torno a planes de escala regional. Dificultad que se traslada a muchos gobiernos locales a la hora de acordar Planes Estratégicos, iniciativas de coordinación y cooperación intermunicipal que vayan más allá de la gestión ordinaria de servicios.

La política estatal de gestión del agua sintetiza muchos de los déficit de buena gobernanza. Para los partidos políticos, en primer lugar, ha sido laboratorio de ensayo de una estrategia de crispación política que ha acabado por impregnar y dividir a los propios partidos concernidos así como a amplios sectores de la sociedad, de la propia comunidad científica y de amplios sectores de técnicos responsables de la gestión. El agua, que remite a sentimientos y puede aglutinar y cohesionar por tanto a amplios sectores ciudadanos con independencia de clases e ideologías, ha sido utilizada por los partidos políticos como tema transversal por excelencia.

En ocasiones la polarización política ha supuesto un obstáculo insalvable para alcanzar consensos imprescindibles. En otros casos, la pertenencia de gobierno central y gobiernos regionales a un mismo partido también ha propiciado decisiones tan apresuradas como perjudiciales para el buen funcionamiento del sistema y que nada tienen que ver con el modelo de inspiración federal del Estado. En otros, en fin, ha acarreado la fractura entre las organizaciones territoriales de un mismo partido. En todos, la política del corto plazo, la búsqueda de rentabilidad electoral a cualquier precio o la tendencia a anteponer los intereses de partido al interés general, han sido parte sustancial del problema.

Para las administraciones públicas, en segundo lugar, es reflejo de su incapacidad para concertar una política de gestión del agua de ámbito estatal. Para los responsables de la administración hidráulica, en tercer lugar, que carecen de la seguridad y claridad imprescindibles, es motivo de desconcierto porque hay demasiada confusión e inconsistencia en muchas de las decisiones que se han tomado. Téngase en cuenta que el tempo hidrológico, que nada tienen que ver con el tempo político, requiere de acuerdos estables de amplio alcance y duración en el tiempo. Una buena ley estatal debe ser imaginada para que tenga al menos una vigencia temporal de no menos de medio siglo. Del mismo modo que un Plan Hidrológico de ámbito estatal debe ser concebido para un período de vigencia no inferior a treinta años. Sin embargo, en la etapa reciente de la política hidrológica en España se han conocido ya tres Planes distintos desde 1993. De ellos, dos han sido derogados antes de su entrada en vigor y el Plan vigente correrá la misma suerte de producirse una mayoría política distinta en la Cortes Generales.

Una cuestión tan relevante que integra la dimensión geopolítica, económica, ambiental, social y cultural, requiere soluciones complejas y consensos básicos que hasta ahora no han prosperado. Si es en la política donde hasta el momento hay que situar gran parte del problema, será desde la política desde donde deberán partir soluciones consensuadas en la defensa del interés general y para consolidar un modelo de gestión a escala estatal. Por ahora, fracasada la política, sólo resta esperar futuras sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Triste balance geopolítico para un Estado que en materia de gestión del agua lo ha de fiar casi todo a sus tribunales de justicia.

Una estrategia equivocada se decía. Porque la política inteligente, casi imprescindible, diría yo, es la vía trazada en materia de sanidad o el reciente acuerdo sobre ferrocarriles entre el gobierno central y el gobierno valenciano. Si realmente se quiere pensar en el interés general no hay otro camino. Y si los dos grandes partidos persisten en esa estrategia de la polarización no deberá extrañarles que el partido más votado acabe siendo el de la abstención.

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Joan Romero es catedrático en la Universitat de València y autor de 'Geopolítica y gobierno del territorio en España'