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MADRID (EP). El PSOE, ERC y CiU alcanzó ayer un acuerdo en el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno que adoptar "normativamente" la publicación y actualización, "al menos cada tres años", de las balanzas fiscales entre la Administración Central del Estado y las comunidades autónomas, empezando por las de 2009, que deberán ver la luz cuatro meses después de la liquidación de ese ejercicio.

La iniciativa, originada en una moción de ERC, señala que las balanzas las elaborará el Instituto de Estudios Fiscales de acuerdo con la metodología de "carga-beneficio" y de "flujo monetario", definidas en el informe del Grupo de Trabajo sobre metodología de cálculo de las balanzas fiscales de 27 de septiembre de 2006.

Asimismo, reclama el "cumplimiento de todos los compromisos derivados" del nuevo modelo de financiación, pero no la concesión de los anticipos de tesorería correspondiente a fondos y recursos adicionales para 2011, no incluidos en los Presupuestos Generales del Estado, en base al "principio de lealtad institucional", tal y como reclamaba inicialmente ERC.

Este, precisamente, era uno de los argumentos que el PP ha esgrimido para presentar un recurso contra las cuentas públicas ante el Tribunal Constitucional, si bien el Ejecutivo sostiene que la reforma de la Ley de Financiación Autonómica, que se aplica "íntegramente" en 2011, hace innecesarios estos anticipos.

El texto final plantea que se respeten las inversiones que estipula la Disposición Adicional Tercera del Estatut, en particular en lo relativo a la liquidación de los años ya vencidos, de acuerdo con la metodología acordada en el marco del grupo de trabajo del Ministerio de Economía y Hacienda y la Generalitat catalana.

LEALTAD INSTITUCIONAL CON CATALUÑA

Asimismo, el PSOE se compromete a "garantizar y cuantificar" el principio de lealtad institucional en las políticas estatales con incidencia tanto en el Presupuestos de la Generalitat de Cataluña y la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA).

Además, el Gobierno de "cumplimiento íntegro" de las medidas incluidas en el Acuerdo de Racionalización del sector público empresaria, aprobado hace casi un año por el Consejo de Ministros, "con el fin de aumentar su eficacia y reducir el gasto público que comporta".