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Los trabajadores de AENA votarán anular la huelga el jueves 24

18/03/2011

MADRID (EFECOM). Los trabajadores de AENA votarán el próximo jueves, 24 de marzo, si aceptan el preacuerdo alcanzado esta semana por los sindicatos convocantes de las 22 jornadas de paro en los aeropuertos entre la Semana Santa y el verano (CCOO, UGT y USO) y el gestor aeroportuario.

El referéndum vendrá precedido por la celebración de sendas asambleas de los trabajadores en todos los centros de AENA, como la del aeropuerto madrileño de Barajas el lunes 21 de marzo y la de El Prat de Barcelona, al día siguiente, informaron hoy a EFE fuentes de UGT.

El preacuerdo garantiza que en todo el grupo empresarial AENA -Aena Aeropuertos, las sociedades filiales y las concesionarias- se mantendrá el empleo existente.

En los contratos de concesión -los primeros aeropuertos que gestionarán empresas privadas serán Barajas y El Prat- se establecerá para cada uno de los aeropuertos concesionados las plantillas consideradas como mínimas en la gestión aeroportuaria.

Cualquier alteración sustancial de dicha plantilla mínima deberá ser autorizada por la sociedad de vigilancia y seguimiento de la concesión, previa consulta a los sindicatos, una de las novedades importantes del preacuerdo, junto con la presencia de AENA en el consejo de administración de las futuras sociedades concesionarias.

La siguiente novedad es que los puestos de trabajo temporales considerados estructurales (por ejemplo, los que cubren contratos de relevo) se convertirán en fijos, tanto en las concesiones como en AENA y AENA Aeropuertos.

Asimismo, el actual convenio colectivo de AENA se aplicará a la nueva sociedad AENA Aeropuertos, las sociedades filiales que se puedan crear en el futuro y las sociedades concesionarias, pasando a ser el I Convenio Colectivo de Grupo con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018 en lugar de 2014.

El documento establece que el nuevo modelo de gestión aeroportuaria garantiza la viabilidad económico-financiera de la red de aeropuertos, ya que los cánones que AENA Aeropuertos obtenga de los aeropuertos concesionados, así como los ingresos que reciba de las sociedades filiales, serán utilizados para el funcionamiento de la red.

Los trabajadores que pasen a las futuras concesionarias quedarán en situación de suspensión de contrato de trabajo, bajo la modalidad de excedencia especial y se les reconoce, además, la movilidad laboral, ya que podrán concursar en los procesos de promoción interna que se celebren en las empresas del grupo y, en caso de reingreso, el tiempo que hayan trabajado en la concesionaria contará a efectos de antigüedad.

No obstante, los trabajadores aún no han podido conocer a fondo el preacuerdo, puesto que, según el portavoz de UGT, todavía se está elaborando el documento final, y pronto será entregado para que se pueda debatir en las asambleas convocadas.

Precisamente, en este sentido se manifestó hoy, en un comunicado, el grupo conocido Asamblea 9-F contra la privatización de AENA, que ha acordado exigir el texto completo del preacuerdo de manera inmediata a la Coordinadora Sindical Estatal (CSE) y a AENA, para que lo pongan a disposición del conjunto de los trabajadores.

Según Asamblea 9-F, conocida por sus acampadas en Barajas y por sus caceroladas contra la privatización de AENA, el referéndum de aprobación del preacuerdo debe tener un tiempo suficiente para su debate y posterior votación con voto secreto, censo y urna.

Esta asociación manifiesta que se reafirma en los cuatro puntos reivindicativos que son el mantenimiento de la condición de empleados públicos y de la red de aeropuertos, el no a la privatización de AENA y la consolidación del empleo temporal a fijo.

Por tanto, advierte de que si, tras el análisis del preacuerdo, no se cumplen todos sus puntos, se valorará negativamente y se solicitará su rechazo en votación.

Asimismo, Asamblea 9-F opina que el Gobierno está despreciando los principios democráticos, al anunciar que existe un acuerdo que desconvoca las huelgas, sin estar aún refrendado por los trabajadores.

Añade que, por su precipitación será responsable el propio Gobierno de los daños que pudieran producirse a pasajeros, trabajadores, y a la economía en general si el preacuerdo no fuese refrendado.

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