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MADRID (EFE). El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado a Caja Castilla La Mancha que facilite la documentación de préstamos, refinanciaciones de deuda y avales que concedió por valor de casi 300 millones de euros durante la etapa de Juan Pedro Hernández Moltó como presidente de la entidad.

Según informan fuentes jurídicas, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 solicitó esa información en un auto fechado el pasado 8 de febrero, en el que aceptaba las diligencias pedidas por la Fiscalía Anticorrupción.

Las operaciones que investiga la Audiencia Nacional se centran en la concesión de créditos, la refinanciación de deudas y la aceptación de daciones en pago de sociedades de conocidos empresarios, como Luis Portillo o Domingo Díaz de Mera, y que resultaron supuestamente perjudiciales para Caja Castilla La Mancha, según el PP.

Durante su declaración como imputado el pasado 1 de febrero, Hernández Moltó, que está defendido por el despacho de abogados González-Franco, sostuvo que todas las operaciones están documentadas fehacientemente y pasaron los trámites oportunos en el seno de la entidad, con el apoyo unánime o mayoritario de cada comité.

En cualquier caso, el juez Pablo Ruz ha exigido los informes que respaldaron la entrada de la entidad castellanomanchega en el capital de Global Cartera de Valores, vinculada a la familia Díaz de Mera y que era la propietaria del 5,9 % de la Inmobiliaria Colonial.

Además de invertir 21,8 millones en Global Cartera de Valores, la caja le concedió en 2007 préstamos por valor de 68 millones de euros, que fueron reestructurados mediante dos créditos de 26,5 y 27,07 millones de euros.

A ello hay que sumar un préstamo y un aval concedido según el trámite de urgencia, tan sólo meses antes de que entrara en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) a finales de 2008.

El Ministerio Fiscal también está centrando sus pesquisas en los informes que sirvieron para que CCM avalara pagarés librados por diez empresarios y sociedades para la compra de acciones de la Inmobiliaria Colonial.

Otras operaciones que supuestamente perjudicaron el patrimonio de la caja fueron la concesión de préstamos a Zent Inversiones y Grupo Portival, propiedad de Luis Portillo, que tuvieron que reestructurarse ante la imposibilidad de ser pagados.

La Fiscalía Anticorrupción ha insistido en la necesidad de contar con todas las actas e informes del comité de riesgos y de otros departamentos de la caja que sirvieron para conceder esos créditos y para aceptar activos a cambio de la cancelación de deudas (lo que se conoce como daciones en pago).

Entre esos activos figuran acciones de CR Aeropuertos, la sociedad gestora del aeropuerto de Ciudad Real, que entró el año pasado en concurso de acreedores, o varias fincas e inmuebles cuyo valor ha caído en picado desde que estalló la crisis económica.

Además de pedir cuantiosa documentación a CCM, el juez Ruz también ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que detalle todas las operaciones de compra de acciones de Colonial en la que intervino la entidad financiera o Global Cartera de Valores.

Las declaraciones por el "caso CCM", iniciado por el ex fiscal Ignacio Gordillo en representación del Partido Popular, continuarán el próximo 24 de marzo con la testifical del responsable del área de riesgos de la caja, Antonio de Miguel.