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La subasta de las cajas de ahorros

JAVIER GILSANZ (*). 24/02/2011 "El Gobierno ha puesto patas arriba la mitad del sistema financiero español, las cajas de ahorros, con dos siglos de historia. Ha sido una carrera de despropósitos. Primero, dos años presumiendo Zapatero de tener la mejor banca del mundo. Luego, en 2010, una Ley de Cajas que provocó fusiones y un plan de ajuste tan complicado como ineficaz..."

MADRID. En enero, amenaza de nacionalizaciones y cambio de reglas, con unas exigencias que no tiene ningún país del mundo. Y el viernes 18 de febrero, un nuevo decreto que retrasa la reforma hasta septiembre, con prórroga hasta marzo 2012, tras las elecciones.

Y mientras, las Cajas no se han saneado, siguen con el cáncer del ladrillo y se les obliga ahora a convertirse en bancos, salir a Bolsa y buscar inversores o nacionalizarlas. Una reforma tardía, mal planteada y plagada de incertidumbres, que nos va a costar dinero a todos y que va a frenar aún más los créditos de las cajas, en beneficio de la banca y de inversores extranjeros.

La crisis financiera desatada en 2007 forzó a la mayoría de los países, desde EE UU a Alemania, Reino Unido, Holanda o Francia, a sanear sus bancos, interviniendo muchos de ellos en 2008 y 2009, para salvarlos con dinero público. Pero España era diferente: Zapatero se dedicó a presumir en las cumbres del G-20 de tener el mejor sistema financiero del mundo. Hasta que en 2010, con la crisis de Grecia y la deuda, empezaron las presiones sobre España y el Gobierno, además de poner en marcha el ajuste de mayo (pensiones, funcionarios...), aceptó reformar las cajas, con una ley aprobada en julio que forzaba un rosario de fusiones (de 45 cajas a 17), cierre de 2.300 oficinas y 17.000 prejubilaciones, con ayudas públicas. El Banco de España dio de plazo a las cajas hasta Nochebuena para poner orden y todo parecía encarrilado.

Pero a principios de enero, los dos grandes bancos intentaron captar dinero en los mercados (con cédulas hipotecarias) y no lo consiguieron. Saltaron las alarmas y los grandes banqueros presionaron a Moncloa: el problema son las cajas, hay que hacer algo. Y una semana antes de la visita de Merkel a Madrid, el Gobierno volvió a sacar pecho: la ministra Salgado anunció una vuelta de tuerca en la reforma de las cajas, obligándolas a tener para septiembre un capital básico del 10%, una exigencia que no cumple casi ningún banco del mundo y tampoco Santander o BBVA. Con ello, les forzaba a convertirse en bancos y buscar capital, saliendo a Bolsa o metiendo inversores. Y si no, les amenazaba con la nacionalización.

El cambio de las reglas de juego a mitad del partido pone a las cajas contra las cuerdas. La patronal de cajas (CECA), los gobiernos autonómicos y los partidos presionan al Gobierno, que necesita apoyos para sacar adelante el decreto en el Congreso. Las cajas controladas por gobiernos del PP (el grupo Caja Madrid-Bancaja y cinco cajas pequeñas, las dos gallegas fusionadas y las dos de Castilla y León fusionadas), más los dos grupos de catalanas (Catalunya Caixa y Unnim) son las que están peor de capital y temen la nacionalización o verse obligadas a malvenderse.

Al final, el Gobierno suaviza la reforma: exige "sólo" el 8% de capital (Basilea III exigirá el 7% para 2019) si las Cajas salen a Bolsa o venden el 20% de capital, deja incluir en capital ayudas, provisiones y otros conceptos dudosos (a ver qué dice Bruselas) y retrasa el examen hasta el 30 de septiembre, con posible prórroga hasta marzo, tras las elecciones. De entrada, ocho de las 17 cajas no cumplen, aunque lo dirá el Banco de España el 10 de marzo.

Al final, el órdago se ha quedado en un envite y la reforma se retrasa hasta septiembre o hasta 2012. Lo normal habría sido hacer lo que otros países: decir qué cajas están mal, intervenirlas, meter dinero público para sanearlas y cambiar los gestores para que vuelvan a tener beneficios, como ya ha pasado en Estados Unidos y Holanda. Pero aquí, no sabemos las pérdidas (las cajas tienen 100.000 millones de créditos de alto riesgo), no sabemos las necesidades de capital (el Gobierno habla de 20.000 millones y los expertos de 40.000 a 80.000) y se les obliga, con esa incertidumbre, a buscar capital, inversores, con lo que las fuerzan a malvenderse, bajo amenaza de nacionalización. Y mientras, siguen los mismos gestores, sólo vigilados por el FROB y el Banco de España, con la amenaza mediática de no cobrar bonus millonarios si lo hacen mal (pero se han librado de expedientes y sanciones).

Queda por delante un año de ajustes e incertidumbres, que van a paralizar el día a día de las Cajas. Y con mayores exigencias de capital, van a mirar aún más con lupa conceder créditos y les va a ser más difícil captar ahorro. De hecho, en 2010, las cajas han perdido 60 millones de euros al día en depósitos, que han ganado los bancos. Y por supuesto, se va a reducir la Obra Social, así como probablemente más oficinas y personal. Al final, una parte de las cajas quedará en manos de los bancos y de inversores extranjeros. El Sabadell ya ha dicho que quiere quedarse con un millón de clientes de las cajas en tres años, con lo que toda la banca podría ganar unos 10 millones de clientes de cajas. Y habrá menos competencia.

Finalmente, Zapatero ha hecho con las cajas como con la crisis: dos años diciendo que no había problemas para luego hacer un ajuste tardío, desproporcionado, chapucero y con prisas, que, además, no va a dar confianza a los mercados. Y que nos va a costar mucho más.
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(*) Javier Gilsanz es periodista y autor del blog 'Economía a lo claro'

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