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VALENCIA. La Comunidad Valenciana tiene aproximadamente la misma población que Dinamarca o que Finlandia. Tiene más kilómetros de litoral que Bélgica y Holanda juntas. Posee una capacidad portuaria superior a la de Portugal. El tráfico anual de pasajeros de los aeropuertos de Valencia y Alicante dobla al de Estambul, y apenas queda algo por debajo del del aeropuerto de Tegel, en Berlín. El presupuesto público de la Generalitat Valenciana es superior al de los estados de Washington o de Wisconsin. El Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Valenciana competencias exclusivas en materia de planificación económica, de industria, de comercio, de turismo, en educación, en urbanismo, en sanidad y en políticas activas de empleo. ¿Qué más necesitamos para que alguien decida responsabilizarse políticamente de lo que sucede aquí?

El diario Expansión daba cuenta el pasado jueves de la presentación en Madrid del informe Situación España elaborado por el servicio de Estudios del BBVA, que entre otras cosas llamaba la atención sobre el hecho de que la diferencia de crecimiento entre regiones españolas será para 2011 superior a un punto porcentual, oscilando la horquilla entre el 1,4 por ciento previsto para Madrid y el 0,4 por ciento para Castilla la Mancha. (Por cierto, a la Comunidad Valenciana se le asigna en dicho estudio la tercera peor expectativa de crecimiento del conjunto de las comunidades españolas para 2011 y un crecimiento medio inferior a la media estatal también para 2012).

En noviembre de 2010 en el artículo Paro publicado en el diario El País y en el Observatorio Global de Empleo de la OIT, llamé la atención sobre el enorme diferencial existente en España entre indicadores regionales relativos al desempleo, dado que en el tercer trimestre de ese año, casi diecinueve puntos separaban la máxima tasa de 28,7% de paro de la Comunidad Canaria, de los 10 puntos de la tasa mínima que se registraban en el País Vasco.

El último balance económico regional de FUNCAS ofrece datos muy reveladores sobre el asimétrico crecimiento autonómico, comenzaba diciendo el editorial de Expansión del jueves 10 de febrero. En un marco de gran descentralización -proseguía el editorial- las políticas de los gobiernos autonómicos tienen mucho que ver en su evolución económica. Para terminar afirmando que los responsables autonómicos acaban optando, cuando se les ve el plumero, por el recurso fácil, pero poco convincente, del victimismo (sic).

No es asunto que ocupe a la prensa económica nacional el papel de las oposiciones autonómicas en el juego de alternancias y expectativas económicas en el contexto de cada comunidad. Aunque de los informes del BBVA y FUNCAS no es difícil deducir que sin duda deberían desempeñar también un papel relevante, porque las competencias ejecutivas de cualquier gobierno definen a su vez el marco posible de actuación de la oposición en la generación de alternativas.

El nuevo consejero delegado de Nokia, Stephen Ellop, ha llegado al cargo con advertencias muy serias respecto a la dureza de la situación por la que atraviesa su compañía. Ellop ha considerado sencillamente increíble que Nokia haya quedado fuera de la batalla de los smartphones, que fuera incapaz en 2007 de dar una respuesta competitiva a la aparición del Iphone y que esa misma incapacidad se reprodujese dos años después con la llegada de Android.

No es de extrañar que algún importante analista hubiese señalado que MeGoo, el sistema operativo de Nokia, se habría convertido en la broma tecnológica más grande en la industria.

En la Comunidad Valenciana también parecemos estar asistiendo a una broma política pesada. Por parte del Consell, desde luego. Pero también cabe preguntar si el victimismo valenciano es patrimonio exclusivo del Gobierno de la Generalitat.

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