04/02/2011 Más exigencias a la hora de documentar las causas del ERE; la lucha contra la morosidad pasará a ser un recurso contencioso administrativo; las empresas deberán asumir los costes de seguridad de los contratos de relevo y de los prejubilados. Estos y otros asuntos fueron abordados  por miembros de Cuatrecasas y La Caixa en una jornada de APD

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VALENCIA. La reforma de la Ley contra la Morosidad, las futuras modificaciones en materia de legislación concursal y las novedades en materia fiscal y laboral para 2011 fueron los puntos tratados en la jornada.

Respecto a la ley de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales se introducen novedades tanto en los plazos de pago como en la fase procedimental. Mariano Ayuso, socio del despacho Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, matizó que "la lucha contra la morosidad pasa a ser un recurso contencioso administrativo contra inactividad y de carácter sumario lo que garantiza una mayor celeridad procesal".

Otra de las novedades en esta materia es que el silencio administrativo pasa a ser positivo por lo que pasado el plazo fijado, que a partir de 2013 será de 30 días, se entiende el reconocimiento de deuda. La reforma, añadió Mª José Guillen, abogada de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, incluye la posible adopción por parte del juez de medidas cautelares de pago inmediato sobre la cantidad reclamada y la imposición de costas a la administración si pierde el caso. "En el ámbito privado la reforma destaca la imperatividad de los plazos de pago fijados en 60 o 30 días en función del área".

Por lo que respecta al anteproyecto de ley de reforma de la Ley Concursal, Manuel Monzó, socio de Cuatrecasas, señaló que el acuerdo de financiación suscrito al amparo de la disposición adicional 4ª de la Ley Concursal supone la instauración de un instrumento preconcursal para refinanciar a las empresas en dificultades sin la necesidad de llegar a presentar el concurso. Asimismo, Francisco Pérez-Crespo, socio del bufete, añadió que esta reforma conllevará dar garantías y seguridad jurídica a las entidades de crédito respecto a los negocios, actos, pagos y garantías otorgadas en el marco del acuerdo de refinanciación en el supuesto de que finalmente la empresa presentará concurso.

Por su parte Juan Antonio Alcaraz, director general adjunto de La Caixa, destacó tres áreas. "A nivel de particulares la intención es ayudar a refinanciar todas las hipotecas previstas. Si bien en relación a las empresas industriales la clave es dar tiempo, en el mundo de los promotores inmobiliarios como no hay solución a la pérdida de valor tampoco hay fórmulas de refinanciación porque se han agotado. Pero sí adjudicación y compra de activos para disminuir las pérdidas".

En materia fiscal y ante un año 2011 duro económicamente hablando, el legislador ha tomado una serie de medidas para reducir la factura fiscal de las sociedades como la reducción de tipos impositivos para las Pymes, el aumento de los supuestos en que resulta de aplicación la libertad de amortización, dado que no será necesario el mantenimiento de empleo para su aplicación o la supresión del gravamen por operaciones societarias en la constitución de sociedades, ampliación de capital, etc... Esta medida de supresión de las operaciones societarias, que parece menor, va a tener un importante impacto en la actividad económica, según José Ángel Soteras, abogado del mismo despacho. "No obstante, algunos contribuyentes del IRPF van a ver aumentada su presión fiscal por el aumento del tipo en la escala de gravamen o la reducción en los supuestos en los que se podrá aplicar la deducción por adquisición en la vivienda habitual, por ejemplo", dijo.

Claves Laborales

Las abogadas Victoria Villanueva y Sabina Pérez, señalaron los aspectos más sobresalientes en materia laboral. Las claves del año serán: la Ley de Procedimiento Laboral que va a ser modificada íntegramente antes de verano; el fondo de capitalización que permitirá la rebaja del coste del despido, pendiente de regulación y que de momento conlleva una gran dificultad técnica y financiera y el reglamento de los nuevos expedientes de regulación de empleo que concreta la seguridad jurídica pero modifica el que teníamos anteriormente. "En este caso permitirá más agilidad, pero por otro lado establece nuevos criterios y más exigencias para el empresario a la hora de documentar las causas del ERE", dijo Villanueva.

Respecto a las novedades de la Ley de Presupuestos habrá nueva polémica en relación a los incrementos de IPC porque no hay previsión de IPC en la Ley de Presupuesto y en la mayoría de los convenios laborales el incremento de salario está vinculado con este incremento por lo que la polémica y los juicios estarán al orden del día.

En materia de pensiones se recordaron las medidas adoptadas hasta el momento que hablan de un aumento de la edad de jubilación de forma progresiva hasta los 67 años, aumentando un mes por año. Asimismo aumentará el periodo de carencia sobre el cual computaremos las cuantías de las pensiones de jubilación. Actualmente eran 15 años y ahora vamos a utilizar las medias de los últimos 30 años. "Se incluye un nuevo concepto: la carrera de cotización plena que el Gobierno considera que tiene que ser 38,6 años para tener derecho a las prestaciones del 100% y por otro lado se penaliza la jubilación flexible", dijo Pérez. Asimismo las empresas van a ser las que van a tener que asumir los costes de seguridad social tanto de los contratos de relevo como de los prejubilados. Se elimina totalmente la jubilación anticipada a los 64 años.