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VALENCIA. En los últimos días hemos sido testigos de un aluvión de titulares en los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales (tan influyentes como el Wall Street Journal o el Financial Times) centrados en los problemas del sector bancario español y las posibles nuevas acciones que se están "cocinando" para acelerar el proceso de reestructuración. Esa rumorología se intensificó con el contenido de la presentación que el FROB difundió hace unos días a los inversores donde se dejaba la puerta abierta a cambios normativos en las cajas de ahorros. El punto álgido se alcanzó el pasado 21 de enero con las declaraciones del vicepresidente Rubalcaba tras el Consejo de Ministros, quien confirmó que en breve habría nuevas acciones para acelerar la reestructuración de las cajas de ahorros con el objetivo de reforzar su solvencia y credibilidad. La margarita se ha desojado finalmente con la rueda de prensa de la ministra de Economía del lunes 24 de enero.

A pesar de las medidas hasta ahora adoptadas (principalmente, la creación del FROB y la reforma de la Ley de Cajas) y la profunda reestructuración del sector de las cajas de ahorros (que ha pasado de 45 entidades a 17 como consecuencia de los 13 procesos de reestructuración existentes, ocho con ayudas del FROB), los inversores no confían en el proceso como demuestra los problemas que están teniendo las entidades españolas para captar financiación en los mercados internacionales y el efecto que esta falta de confianza tiene sobre la prima de riesgo de la deuda soberana. Y es en este contexto en el que se enmarca el anuncio de nuevas medidas para acelerar la reestructuración y mejorar la solvencia de la banca española. Se ha demuestra que la preocupación ahora es la solvencia, si bien no es fácil separar los problemas de solvencia y liquidez.

Las medidas anunciadas por el Gobierno suponen elevar la solvencia de la banca exigiendo un core capital (capital más reservas) mínimo del 8% en septiembre de 2011, frente al 7% que exigen los nuevos acuerdos de Basilea III en 2019. Supone por tanto ir más allá de Basilea III y de forma inmediata. La medida se completa con la decisión de que aquellas entidades que en esa fecha no alcance ese mínimo del 8%, serán parcialmente "nacionalizadas", inyectando el FROB fondos directamente en el capital, y no en forma de préstamos como hasta ahora. Si es una caja (o cooperativa), se exige su conversión en un banco para poder entrar en su capital.

La vuelta de tuerca que supone lo anunciado aprieta más en el caso de las cajas de ahorros y las cooperativas ya que, ese nivel mínimo del 8% de core capital, será mayor (no se ha especificado la cifra) para las entidades que no coticen o no tengan presencia significativa de inversores privados, y que además presenten una dependencia de los mercados de financiación mayoristas. Por tanto, hay una presión/incentivo a que las cajas se conviertan en bancos.

¿Qué efectos pueden tener las medidas anunciadas sobre la reestructuración del sector de las cajas? Dado el elevado número de cajas involucradas en procesos de fusión, más que hablar de una segunda ronda hablaría de una segunda fase (o "vuelta" como ha dicho el presidente del Gobierno) del mismo proceso de reestructuración. En esta segunda fase, además de ejecutarse de facto las fusiones (cierre de oficinas, reducción de empleo, unificación de sistemas informáticos, etc.), asistiremos a cambios en la estructura de gobierno de las cajas que le faciliten su acceso al capital, y a movimientos corporativos destinados a tomar posición en las nuevas cajas. En el primer caso, es fundamental que cada caja encuentre el "traje" que mejor se le ajusta, si bien uno de ellos (la emisión de cuotas participativas con derechos políticos) me temo que se ha quedado pasado de moda dado el poco atractivo que despierta. Es preferible elegir un traje sencillo que se parezca al que lleva la mayoría de los bancos.

¿Y qué hay de las fusiones entre cajas que, al menos de momento, han optado por quedarse tal cual sin crear bancos? Pues sencillamente que lo van a tener muy difícil para captar el capital necesario para cumplir con los nuevos requisitos y con las necesidades de capital que puedan aparecer con los nuevos stress test (que van a ser más duros) que se publicarán antes del verano. Y ahora tienen encima una nueva espada de Damocles que les obliga a conseguir un core capital del 8% en septiembre de este año, ya que de no conseguirlo, estarán obligadas a convertirse en bancos para que entre el capital del FROB en forma de nacionalización.

En esta segunda fase que ahora se inicia, es importante dar respuestas rápidas para convencer a los inversores de que se están haciendo los deberes si queremos tener acceso al necesario capital. Y para ello lo mejor es la vía abierta por el Banco de España que consiste en "desnudar" públicamente a las entidades aportando, una a una, la información que demandan los inversores y que no es sino el valor de la exposición potencialmente problemática, las coberturas existentes y, en su caso, las necesidades de capital. A nivel agregado ya lo sabemos (181.000 millones de euros nos ha dicho el Banco de España en construcción y promoción inmobiliaria), pero ¿qué pasa entidad a entidad? Más vale ser transparente reconociendo que algunas entidades necesitan ayudas públicas, que ocultar los problemas perjudicando la imagen de la totalidad del sector y, por extensión, de la economía en su conjunto.

También habrá que demostrar que las fusiones vía SIP que aglutinan la parte más importante de las cajas no son fusiones 'frías', siendo necesario que las cajas transfieran el 100% del negocio a los bancos cabecera creados, garantizando de esta forma la plena integración. Y no vendría nada mal para mejorar la imagen del sector que la despolitización 'light' que se aprobó en la reforma de la Ley de Cajas de junio de 2010 (reduciendo del 50% al 40% la presencia máxima de las AA.PP. en los órganos de gobierno) se aplicara también a la composición de los Consejos de Administración de los SIP, ya que en algún caso la presencia de políticos es mayoritaria.

En cualquier caso, hay que manejar con mucha cautela la disparidad de cifras que se están publicando sobre las necesidades de capital del sector bancario español (que no hace sino generar más incertidumbre), confiar en que la cifra máxima mencionada por la ministra (20.000 millones de euros) no se supere, y esperar a conocer los detalles del nuevo decreto que se prevé se apruebe el mes que viene. La gran incógnita ahora es saber si hay inversores dispuestos a meter capital en las cajas y a qué precio.

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(*) Joaquín Maudos es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia e investigador del Ivie