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"Incorporadas definitivamente Bancaja y la CAM a sus respectivos grupos financieros de ámbito nacional, ambos con sus centros de decisión ubicados en Madrid, sólo permanece en Valencia y al margen del naciente grupo de cajas rurales (CRM) una entidad financiera de peso como referente financiero regional, el Banco de Valencia. Pero... ¿hasta cuándo?"

VALENCIA. Era junio del año pasado y se cerraban los flecos de la 'fusión' entre Caja Madrid y Bancaja. Muy poco tiempo duró en la cabeza de los negociadores la idea de que el Banco de Valencia (BVA) fuese designado como el banco central del futuro grupo. Por una parte pesaba la existencia de un grupo consistente de accionistas y consejeros locales del banco a los que se debería 'invitar' a abandonar el capital de la entidad previa compra de sus acciones. Junto a ello, habría que excluir al menos temporalmente el valor BVA de su cotización en Bolsa. Del mismo modo, una cosa era ubicar la sede social del futuro grupo en Valencia -en contra de la voluntad de Esperanza Aguirre- y otra muy distinta hacer girar su construcción efectiva en torno a una entidad situada en el exterior de Madrid.

Así que, todos de acuerdo, el nuevo grupo crearía una entidad ad hoc para sus fines organizativos mientras que el Banco de Valencia sería 'despejado' hacia una especie de limbo societario donde mantendría su vinculación orgánica con el SIP pero donde su consejo de administración podría conservar una razonable independencia de criterios. En fin, una especie de reducto para que el limitado pero sólido 'capitalismo' regional valenciano se pudiera reunir, crecer y tratar de desarrollarse.

Desde los citados acuerdos de junio, no han sido pocos los movimientos producidos con la vista puesta en una 'solución valenciana' para el futuro del Banco de Valencia mediante la adquisición de mayor peso accionarial de los inversores locales. Unos movimientos en los que ha participado, al menos como silencioso y muy pasivo oyente, la Generalitat Valenciana, con su presidente al frente (en este asunto, como en las fusiones de las dos cajas autonómicas, la Generalitat parece haberse reservado para sí misma el triste papel de invitada de piedra).

Se acercaba el verano, el tiempo acechaba y había que encontrar la solución 'nacional' para el BVA antes de que el SIP echara andar y ya nadie pudiera detenerlo... Se buscaba capital, capitalistas e incluso un 'capitán' que condujera la operación de 'valencianizar' el Banco de Valencia si no para siempre al menos para una larga temporada mientras se buscaban otras 'arquitecturas bancarias'. No hubo éxito. La operación no solo fracasó sino que se transformó en una nueva frustración y motivo de melancolía para la burguesía financiera valenciana.

Mientras esto ocurría a orillas del Turia, la gran maquinaria del SIP Caja Madrid-Bancaja comenzaba a moverse en las del Manzanares para constituir la sociedad central del grupo en torno al denominado institucionalmente Banco Financiero y de Ahorros, S.A., en el que como estaba acordado, Caja Madrid ostenta la mayoría absoluta con un 52% mientras que Bancaja se quedaba con un 37,7%, un importante y significativo porcentaje que sin embargo no puede soslayar su posición secundaria en un gran grupo financiero donde el 'madrileño' Rodrigo Rato y su entorno de poder llevan la voz cantante.

Nombrados los directivos del nuevo grupo (no sin algunos tensos episodios y pulsos entre madrileños y valencianos en los segundos y terceros escalones), el SIP ha comenzado a ejecutar su interpretación de los acuerdos, entre ellos la obtención de los derechos de voto de las sociedades participadas. Entre ellas, el 38 por ciento que Bancaja -a través de su filial Bancaja Inversiones, a su vez participada en un 30% por el Deustche Bank y un fondo de inversión extranjero- posee en el capital del BVA.

La decisión, no por esperada menos sorprendente, ha suscitado la aparición de algunas cuestiones de cierta relevancia: ¿Era realmente necesario ceder los derechos políticos en el Banco de Valencia al SIP? Si de lo que se trataba era de consolidar resultados con el grupo, no hacía ninguna falta la cesión, se consolidaba y ya está. Entonces, ¿por qué se ha aprobado esa especie de derecho de pernada por mucho que el SIP sea representado en el consejo del banco por un ex presidente de la Generalitat? (es decir, por el mismo José Luis Olivas a quien no le tembló el pulso cuando las circunstancias le condujeron a aprobar la fusión de Bancaja con Caja Madrid después de haberse comprometido con lo contrario durante meses).

Algunos creen responder a esta pregunta apuntando claramente a una hipotética intención por parte del SIP (en fin, de Rodrigo Rato), de contar con manos libres para una hipotética venta de la participación en el banco valenciano al mejor postor (español, si fuera posible: emisarios del Banco Sabadell llevan tiempo acudiendo a Valencia periódica pero infructuosamente -hasta la fecha- para mostrar su interés por 'adoptar' al BVA).

Otra cuestión planteada alude a los efectos colaterales de esta cesión de derechos, que tal como adelantaba Bancaja en un comunicado informativo, provocará la realización de ciertos 'ajustes' para ceñirse a la normativa del Mercado de Valores y la legislación de OPA's. Tal vez no sea el mejor momento, en mitad de una no resuelta crisis financiera de carácter universal, realizar movimientos con capital bancario cuyos efectos sobre su cotización pudieran ser imprevisibles y posiblemente perniciosos a añadir a una ya de por si delicada situación.

El Banco de Valencia es, seguramente y junto con la Bolsa, el último eslabón de la cadena que mantiene unida la plaza financiera de Valencia a las grandes autopistas del dinero que recorren el globo. No estaría de más, aunque puede que ya sea tarde, que los poderes fácticos de la Comunidad Valenciana, públicos y privados, tan habituados a sacar pecho a la primera de cambio, hicieran una última pero decidida intentona para que no se rompa la cadena.