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VALENCIA (VP). La cifra varía en varios miles según el sindicato al que se le pregunte, pero como mínimo, 7.000. Este es el número de representantes de los trabajadores  (aquellos que forman parte de los órganos de representación de los empleados en las empresas) que el Sindicato Independiente (SI) calcula que hay en la Comunitat Valenciana sin dar de baja a pesar de que las empresas en las que trabajaban ya no existen. Aunque deben ser las propias sociedades y las agrupaciones quienes avisen a la Administración de estos ceses, muchas de ellas no lo hacen porque supone una importante fuente de beneficios, asegura SI.

El Gobierno y la Generalitat están pagando a los sindicatos por representantes que no existen. Esta afirmación, sostenida por SI y por la Unión Sindical Obrera (USO), supone cada año cientos de miles de euros a las administraciones públicas, las cuales pagan anualmente a los sindicatos una media de 100 euros por cada persona que tengan en los órganos de representación de los trabajadores en las empresas. Mientras que el Ministerio de Trabajo aporta una cantidad entre 45 y 50 euros al año, la Generalitat les paga otros 60 aproximadamente. En total, más de 700.000 euros que según SI y USO se destina a los sindicatos por llevar a cabo una actividad que en realidad no hacen.

El origen del problema se remonta a 2007, cuando las extinciones de empresas valencianas se convirtieron en un reguero. Desde enero de aquel año, cuando la crisis comenzó a dar sus primeros coletazos, hasta agosto de 2010, en la Comunitat desaparecieron alrededor de 25.935 empresas, según los datos de agosto del Ministerio de Trabajo. La disolución de estas sociedades llevaba consigo la baja de los representantes de los trabajadores, pero según los dos sindicatos mencionados, muchos no lo hicieron por el dinero que dejarían de ingresar.

"El mandato de los representantes es de cuatro años, y si la empresa desaparece a los seis meses de las elecciones y no se dan de baja, éstos siguen computando durante tres años y medio", aclararon fuentes de SI. Asimismo, afirmaron que el número de representantes es el criterio que la Administración sigue para la asignación de todo tipo de ayudas, por lo que estos 7.000 también contarían para este reparto económico.

DESCOORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

Además de esta falta de comunicación con la Administración, fuentes de SI explicaron que el hecho se produce también por una descoordinación entre el Departamento de Expedientes de Regulación de Empleo y la Oficina de la Autoridad Laboral, dependiente del SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación). A la primera llegan todos los EREs y a la segunda las actas de delegados y representantes sindicales.

Según afirmaron a VP fuentes del SMAC de Valencia, si los sindicatos avisan no pueden llevar a cabo ninguna baja por no tener constancia de ello. "En la administración existen muchos defectos, como la descoordinación entre los diferentes departamentos", declararon las mismas fuentes. Desde Castellón, sin embargo, aseguraron que este problema era habitual, "no es extraño que no se comunique la circunstancia", sentenciaron. Y fuentes de la oficina de Alicante, sin embargo, respondieron que no podían decir si tenían constancia o no de esta situación por ser una pregunta "con demasiados apéndices como para contestarla por teléfono".

CC OO: "UN DATO EXAGERADÍSIMO"

De los 7.000 representantes que no están trabajando donde dicen que estar según denuncia SI -USO eleva la cifra hasta 10.000 por el abultado número de empresas que cerraron desde 2007-, el Sindicato Independiente confesó tener a 65 personas en esta situación. "Lo hemos hecho público varias veces y hemos exigido que CC OO y UGT comunicaran sus bajas. A ellos les corresponden en torno a 6.800. Probablemente más", manifestaron fuentes del sindicato.

Según Alfonso Arnedo, secretario de organización de CC OO-PV, dicha cifra es "exageradísima". "Algún representante habrá en esta situación, pero 7.000 seguro que no", declaró a Valenciaplaza.com. UGT por su parte afirmó desconocer por completo el problema.

Además de SI, USO también admitió tener a 12 personas dadas de alta en la Comunitat. Según el secretario de acción sindical del sindicato, Elías Torres, ellos ya han presentado una solicitud en la administración estatal para solucionar el problema.

"Hay que cambiar el sistema. Hemos propuesto a la Generalitat que sea la administración de oficio la que elimine a los representantes directamente", afirmó. Además, Torres reto a CC OO y a UGT a revisar todas las actas sindicales para aclarar cuántas personas están en una situación 'irregular' y cuánto dinero están ingresando por ello.