Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• El Presupuesto de 2016 sale del Congreso tras 585 votaciones sin incluir ninguna enmienda de la oposición
• Fomento certifica que la vivienda sube por vez primera desde 2008
• La banca amplía en 3.000 viviendas la aportación al fondo social

MADRID (EUROPA PRESS). El Banco de España ha advertido de que el 40% de los 4,7 millones de desempleados que hay en España reside en hogares en los que ningún miembro está trabajando, lo que significa que un 8% de la población activa no cuenta con ningún tipo de ingresos.

Así lo pone de manifiesto la entidad dirigida por Miguel Fernández Ordoñez en su último boletín económico, el mismo día en que el Gobierno aprueba la supresión de la ayuda de 426 euros destinadas a los parados de largo duración.

Según la entidad emisora, este porcentaje de desempleados que residen en hogares sin ningún miembro empleado puede mermar la capacidad de protección adicional contra el desempleo que constituyen las familias en tiempos de crisis. Por ello, vuelve a urgir que se acometan las reformas pendientes con el fin de potenciar la "rápida" creación de empleo, como ya ha sugerido en más de una ocasión el gobernador del Banco de España.

Además, subraya que el hecho de que el 8% de la población activa sean parados en hogares sin ingresos supone en España una cantidad similar a la tasa de paro agregada de muchos países de la UE. Así pues, estima que los efectos del paro sobre los hogares es "mayor" que en crisis anteriores, como la de los años noventa.

En un análisis de los cambios de la incidencia del paro en los hogares españoles, el Banco de España recuerda que el mercado laboral español se ha deteriorado "con mucha más profundidad" que en el resto de países miembros comunitarios, al pasar de una tasa de desempleo del 7,9% en el segundo trimestre de 2007 al 20,1% del segundo trimestre de 2010.

Precisamente hoy el Gobierno espera suprimir en el Consejo de Ministro la ayuda de 426 euros a los parados sin ingresos, que finaliza en el próximo mes de febrero, una medida que desde los sindicatos sea ha calificado de "antisocial y antidemocrática".