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SANTIAGO DE COMPOSTELA (EUROPA PRESS). Caixa Galicia y Caixanova han dado por cerrado el periodo de consultas a los sindicatos sobre el Expediente de Regulación Empleo (ERE), previsto para 1.230 empleados y que han aprobado con el apoyo de la mayoría sindical de CC.OO. y Csica que, conjuntamente, representan a un 65 por ciento de los 7.700 trabajadores.

Al respecto, el responsable de CC.OO. durante la negociación laboral con las dos entidades, Luis Mariño, ha destacado, en declaraciones a Europa Press, que el encuentro celebrado este lunes ha sido "de trámite", porque el acuerdo que avalan ambas centrales queda "como el del pasado 4 de octubre".

Ese fue el día en que cajas, CC.OO. y Csica firmaron el pacto laboral que regirá la optimización y las condiciones de la plantilla de la caja fusionada, con el cálculo de que afectará a unos 760 trabajadores pertenecientes a la red de oficinas y a unos 470 de los servicios centrales, aunque, al ser voluntario, las cifras dependerán del número de empleados que se acojan al ERE.

"Es exactamente el mismo texto del 4 de octubre", ha recalcado su homólogo de Csica, Carlos Peso, a la salida de una reunión que se ha producido de manera paralela al acto de firma de la escritura de constitución de la nueva caja gallega. De este modo, el sindicato da por finalizada "su parte de responsabilidad" en un proceso en el que, ha subrayado, buscaron mantener la postura "más viable" y "rigurosa" en la defensa de sus compañeros.

Durante el transcurso del encuentro, los responsables de las entidades de crédito han animado al resto de organizaciones sindicales --UGT, CIG y CGT-- a adherirse al texto, petición que sólo ha recibido respuesta por parte de la primera de las centrales.

Así, UGT ha afirmado que responderá al llamamiento si las cajas introducen un anexo en el que se recojan "las mejoras" laborales que, según ha señalado Carlos Paz --presente en la reunión--, fueron "arreglando las pifias" de los consejos de administración en los últimos encuentros con los sindicatos.

DENUNCIAS ANTE LA AUTORIDAD LABORAL

Con todo, Paz ha anunciado que su central denunciará el acuerdo ante la autoridad laboral, al igual que lo hará CIG, tal y como ha destacado el responsable de CIG-Banca, Clodomiro Montero.

En declaraciones a Europa Press, Montero ha indicado que, tras la primera impugnación presentada ante el Ministerio de Trabajo el pasado 15 de noviembre, la central nacionalista la ampliará con una serie de alegaciones "e incluso se reserva el derecho a recurrir el ERE ante la Justicia".

"La nueva entidad nace con un ERE que va a destruir empleos y tiene por objetivo la reconversión y su privatización, diga lo que se diga", ha aseverado el responsable de CIG.

En este sentido, ha denunciado que la Consellería de Traballo e Benestar "debería realizar un informe preceptivo" al respecto del ERE, puesto que, de lo contrario, CIG percibe la "intención política" de la Xunta "de no mojarse".

"MEDIDAS TRAUMÁTICAS"

En el periodo de negociación previo al acuerdo de la fusión, los sindicatos mantuvieron contactos tanto con la consellería como con el propio presidente del Gobierno gallego y "quedó claro su compromiso de que no iba a haber medidas traumáticas", ha subrayado Clodomiro Montero.

Por contra, "las va a haber", ha censurado, para terminar refiriéndose a que se encuentran a la espera de alguna notificación por parte del ministerio, que ya pidió información a la Xunta a raíz de la primera de sus impugnaciones. Su objetivo, ha concluido, es parar un ERE cuya tramitación se hizo "de forma incorrecta".

En contra de esto, Luis Mariño, de CC.OO., ha interpretado que "la gente entendió mal el proceso", puesto que el periodo de consultas "se abre por motivos legales y de forma", pero la opinión de los sindicatos no es vinculante para las cajas.