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Cuando la política obstaculiza las soluciones de la crisis

CARLOS DÍAZ GÜELL (*). 27/11/2010

MADRID. Superando el concepto socrático, nuestros políticos parecen moverse mucho más cómodamente en un mundo político delimitado por las tesis de Weber o Duverger para quienes la política es más bien un concepto ligado a la conquista del poder para usarlo en su provecho. Nada peor para hacer frente a una crisis que va a cumplir su tercer año y que no tiene visos de desvanecerse en un futuro inmediato.

No es un caso exclusivo de España. El gobierno irlandés ha estado flirteando con su delicada situación financiera y rechazando el apoyo y el rescate ofrecido por la Eurozona y el Reino Unido durante más de una semana por mor de que los irlandeses tienen muy interiorizado su sentido de la independencia y por el hecho de que en el cercano horizonte se dibujan unos comicios que irreversiblemente va a perder el partido en el gobierno de aceptar la ayuda externa para sus bancos. La pérdida de soberanía que comporta el rescate financiero, es considerada inaceptable por una clase política que permitió los desmanes que han obligado a estos planes de apoyo “externo” Con estos mimbres, difícil hacer frente a unas crisis de las dimensiones y connotaciones de la actual.

El gobierno irlandés se está viendo forzado a aceptar la ayuda de casi 100.000 millones de euros y el consiguiente draconiano plan de ajuste, como le va a ocurrir probablemente a Portugal en un futuro próximo y como ya le ocurriera a Grecia en mayo pasado. En ningún caso, los gobiernos se lo ponen fácil a la comunidad internacional e incluso Grecia sigue dando ejemplo de manifiesta irresponsabilidad cuando es capaz de arrancar de un país como Austria la insinuación de que podría vetar la siguiente entrega de fondos al país heleno el próximo diciembre ante el incumplimiento del objetivo en materia de ingresos fiscales.

España, con todos los elementos diferenciadores que se quiera, está en ese grupo de países de los que los mercados no terminan de fiarse y aunque efectivamente la situación de la banca española pueda ser el elemento cualitativamente diferenciador a favor de nuestros interés, no es menos cierto que la desconfianza –poderosísimo elemento de la ciencia económica- impregna a todas y cada una de las instituciones política, con un resultado calamitoso para los intereses de España. Los señales que vienen de fuera son inequívocas y la irresponsabilidad en la que se incurre ignorando tales avisos por intereses electorales o de una estática ideología política, no dejan de llamar la atención a los analistas internacionales.

DEMASIADO LENTAS

Con una alarmante ralentización de los procesos de reformas iniciados hace unos meses, la economía española puede que nada tenga que ver con la griega, la portuguesa o la irlandesa, como se encargan de recordárnoslo con frecuencia los aparatos de propaganda, pero son muchos los que consideran temerario el estado en que se encuentra el calendario reformista de nuestro gobierno pocos meses después de haberse iniciado. De poco vale ya que el Consejo de Ministros anuncie el calendario de un nuevo paquete legislativo de orden menor y que se unirá a aquel otro que salió de un palacete madrileño sito en la calle Zurbano y que algún día seguro que tendrá resultados.

Porque las preocupaciones son otras: La reforma laboral ha experimentado un detectable colapso y los temas pendientes de un cierto consenso ya no tienen la consideración de “urgente” con que fueron etiquetados hace unos meses tras las presiones internacionales. La reforma de las pensiones ha sido igualmente aplazada hasta no se sabe muy bien cuando, aunque se intuye que los sindicatos van a tener mucho que decir, al igual que los resultados de las próximas elecciones autonómicas y municipales. La reforma energética, consecuencia razonable del pacto PSOE-PP alcanzado hace unos meses, se encuentra en situación nonata y todo parece indicar que se va a salir del paso con una elevación de tarifas que, aunque razonable, deja al sector en estado preocupante litigando con el gobierno por imponerle el caro y malo carbón nacional.

La reforma del sistema financiero no deja de ser, hasta ahora, un anuncio formal sin que se conozcan los avances sustanciales que sin duda se están dando y pese a que la comunidad financiera internacional está a la espera de cómo se resuelve el crucigrama. Sin noticias del grado de eficacia de la reducción de las retribuciones del personal del sector público a nivel estatal, autonómico y local, así como de su control efectivo y su repercusión sobre la actividad de la función pública. Sin información tampoco sobre los resultados de las medidas adoptadas en materia de medicamentos, regulación farmacéutica y de prescripciones médicas.

UN TUPIDO VELO

Del reordenamiento de nuestro sistema público de salud cuyas costuras empiezan a reventar, mejor se corre el correspondiente tupido velo. De la reforma del Estado de las Autonomía y de la función pública, que desde algunos ámbitos nacionales e internacionales se reclama para buscar una cierta racionalidad fiscal y presupuestaria, se desconoce el grado de preocupación gubernamental. Problemas estructurales, que no coyunturales. Y como recientemente señalaba algún miembro de un prestigioso think tank, nada de nada sobre empezar “a tomar medidas de ahorro que posponga los intereses políticos a las exigencias reales de estructurar los gastos de forma eficiente.

Casi nada sobre el ahorro en los presupuestos de las comunidades AutÓónomas; ni se toca de refilón el mundo oscuro de las subvenciones; nada que haga suponer más transparencia sobre las sociedades públicas, su endeudamiento y su carga salarial; menos sobre una Administración eficaz que no produzca recelos a los posibles inversores que se enfrentan con 17 marañas de normas y sin nadie que intente racionalizar lo absurdo”.

Nada que hacer frente a la potente maquinaria en que se han convertido los partidos políticos que solo funcionan para lo que han sido diseñados: ganar elecciones. Todo lo demás, les importa relativamente, ya que de no garnarse elecciones decenas de miles de sus militantes pasan de forma inexorable a engrosar las listas del paro y hasta ahí podíamos llegar. 5 Aunque pueda parecer una cuestión filosófica, el gran drama es la discordancia existente entre el ser y el deber ser. A nuestra clase política les cuesta interiorizar que los problemas de las finanzas públicas españolas no son coyunturales sino estructurales, que no se van a resolver con el ciclo de bonanza que previsiblemente seguirá al actual.

Y por ello, los mercados internacionales nos castigan como lo están haciendo y nos seguirán castigando hasta que estructuralmente queden resueltos los grandes problemas de las pensiones, de la educación, de la sanidad, del gasto público... No es una cuestión de que nuestro déficit este ahora en unos niveles inaceptables y que antes estuviéramos en el mejor de los mundos posibles. Ni Aznar antes, ni Zapatero ahora, han hecho nada para extirpar el cáncer que corroe las estructuras del Estado con independencia de que se construyan más o menos viviendas.

Intentar engañar a los mercados no es que sea tarea difícil, sino que es una estupidez, porque los mercados no hacen sino poner al día sus informaciones sobre si España será o no, capaz de hacer frente a sus compromisos en ausencia de reformas. Así las cosas, en este nuevo capítulo de la crisis financiera que estamos sufriendo con una Irlanda en estado comatoso y un Portugal en el umbral de la UVI, la responsabilidad del actual gobierno de no hacer los deberes se multiplica por n y al final eso puede terminar pagándose a un precio muy alto.

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(*) Carlos Díaz Güell es director de la revista Tendencias de Economía

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