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VALENCIA. La Generalitat prepara el lanzamiento de una emisión de bonos por un valor mínimo de 1.000 millones de euros y un máximo de 1.600 para hacer frente a los vencimientos de deudas contraídas anteriormente y cuyo plazo de devolución ya ha concluido, así como para el pago parcial de proveedores. Resuelve momentaneamente de este modo el Gobierno valenciano sus problemas financieros más acuciantes aunque para ello deba abonar unos tipos de interés y  comisiones por encima de los precios de mercado y aumentando el volumen de su deuda a largo plazo, ya de por si elevado. La Comunidad Valenciana es la region más endeuda de España en relación a su PIB y la segunda en términos absolutos, tras Cataluña.

Resuelve el Consell con esta emisión el corto plazo pero empeora sus ya graves compromisos a largo plazo. Lo cual no sería criticable -las deudas hay que pagarlas sea como sea- si de forma paralela el Gobierno valenciano presentase un incontestable plan de ajuste y recorte de gasto que garantizase a los contribuyentes, a las entidades privadas y al 'odiado mercado' que estos aprietos no van a volver a producirse o que al menos se está trabajando psra evitarlos. Así se le exige habitualmente a empresas, instituciones y particulares cuando deben ser socorridos financieramente por terceros.

La Comunidad Valenciana no necesita ser rescatada financieramente -de momento- ya que está avalada por el Estado. Pero haría bien en emitir alguna señal creible de que está dispuesta a reducir gastos superfluos y aplicar una política de austeridad como, por ejemplo, la anunciada ayer por Artur Mas inmediatamente después de ganar las elecciones en Cataluña, de reducir el número de consellerias de su nuevo gobierno. 

Pero no es el caso. La Generalitat parece no entender el concepto 'austeridad'. Vuelve a gastarse millones de euros en propaganda sobre una llegada del AVE en la que no ha intervenido (más bien podría decirse que tenemos AVE "a pesar de" la Generalitat, dada su hostilidad hacia el Gobierno por motivos electorales), en subvencionar a Ferrari o a cualquier otro grupo de millonarios que se pasee por Valencia, en construir nuevos y excesivos contenedores para actos y eventos como el que ya planea Rita Barberá en el Palacio de Congresos sin tan siquiera haber concluido las obras del Ágora, y tantos otros gastos perfectamente prescindibles en épocas de crisis (y en general, en cualquier otra).

Más bien podría decirse, ante la ausencia de medidas de ajuste mucho más decididas y tajantes que las contenidas en los Presupuetsos de 2011, que la emisión de los denominados mediáticamente 'bonos patriotas' se trata de una (otra) huida hacia adelante cuyo único efecto será salvar la cara durante un corto espacio de tiempo -justo hasta las elecciones- a costa de incrementar el ya de por si pesado fardo de la deuda pública valenciana y sus costes añadidos.

La deuda autonómica, empresas públicas incluidas, se acerca a la frontera de los 20.000 millones de euros, unos tres billones de las antiguas pesetas, según los datos del Banco de España. Ello equivale a un 150% aproximado del presupuesto anual autonómico, un listón peligrosamente alto para cualquier gobernante sensato y abiertamente desaconsejado por expertos e instituciones internacionales. ¿No es consciente el Consell y su presidente del peligro de impago que ello representa y más en la situación de crisis que atravesamos?  Los bancos y cajas ya no prestan a la Generalitat si no es a cambio de unos intereses rayanos en la usura y cuando lo hacen se tapan la nariz, mientras que el Estado ha recortado parcialmente la capacidad de endeudamiento a la Generalitat y totalmente al Ayuntamiento de Valencia durante al menos un año.

La parálisis y el miedo a actuar siguen siendo la tónica. En las últimas semanas han aparecido algunos globos sonda sobre la privatización de TVV (como si existiera algún empresario sobre la faz de la Tierra que estuviera dispuesto a cargar con ese muerto, salvo, claro está, que se lo entregaran conveniente resucitado, es decir, saneado, sin deudas, sin excesos de plantilla ni sobredimensiones de ningún tipo). ¿A qué espera la Generalita para actuar? ¿a que pasen las elecciones? Probablemente. Una vez más los intereses personales y partidarios se sitúan por encima de los intereses generales, a costa del dinero y el esfuerzo de los contribuyentes.

Este modo irresponsable de comportamiernto nos va a costar un riñón y ahí tenemos el estremecedor ejemplo de Irlanda. Recorte de prestaciones sociales, aumento masivo de impuestos, despido de funcionarios... El modelo neoliberal de Irlanda ha fracasado y no hay nada que impida pensar que aquí podría ocurrir lo mismo (a nadie se le escapa que parte del problema financiero del Estado epañol procede del lamentable estado de sus haciendas autonomica).

Critica el Partido Popular al Gobierno socialista y su política económica, y posiblemente anda sobrado de argumentos para hacerlo, pero mira hacia otra parte cuando de lo que se trata es de echar un vistazo a la paja en su propio ojo que le ha salido a este lado de Contreras.