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el anuncio para el inicio de curso escoluar

El PSPV ya tiene su nueva cruzada política: cumplir con los libros de texto gratis antes de las generales

X. AGUAR. 05/09/2015 Tras el anuncio, se inicia ahora una batalla entre activar y dotar la iniciativa mientras el PP idea como diluirla a o rentabilizarla

VALENCIA. El anuncio el pasado martes del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, junto al conseller de Educación y Cultura, Vicent Marzàdel impulso al plan de gratuidad para la compra de libros de texto (hasta 200 euros) ha abierto un fuerte debate político interinstitucional que ha implicado a todos los partidos con representación en las diferentes Administraciones. Una medida, posiblemente la más potente adoptada por el Consell hasta ahora, con la que el Gobierno valenciano ha conseguido en gran parte llevar la iniciativa en la agenda política. Un hecho importante, más aún con unas elecciones generales en el horizonte, pero sobre el que queda mucho camino por recorrer y donde se intuye que va a librarse una de las batallas políticas de las próximas semanas o inclusos meses. 

Uno de los principales focos de conflicto radica en la financiación de la medida (Puig anunció 100 millones de dotación) que debe abordarse según, el anuncio del presidente de la Generalitat, entre el Gobierno autonómico, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos. Este requisito solivianta las instituciones gobernadas por el PP, en este caso la Diputación de Alicante y de Castellón, que salieron al paso inicialmente con un comunicado conjunto rechazando la medida, si bien replantearon posteriormente su postura tras la intervención de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig. Un viraje lógico desde el punto de vista estratégico: negar libros de texto gratis para los niños no es una opción fácil de defender. En la otra orilla, la Diputación de Valencia, presidida por el socialista Jorge Rodríguez, se sumó desde el primer minuto a la propuesta, así como una cascada de grandes municipios gobernados por PSPV y Compromís.

Por el contrario, el enfado en las corporaciones provinciales gobernadas por los 'populares' era antológico. "Puig intenta gobernar con el presupuesto de las diputaciones", ha sido una de las frases más repetidas estos días. El presidente de la institución en Castellón, Javier Moliner, fue claro también al subrayar sobre este tema: "Una colaboración leal no pasa por que alguien invite y otro pague". En parecidos términos se pronuncian fuentes de la Diputación de Alicante, donde se preguntan si la próxima idea será "anunciar un hospital y que lo tenga que pagar la corporación provincial". Reflexiones estas que también vienen apoyadas, este es otro de los argumentos del PP, en que las competencias en educación son, y para ello reciben los fondos, de la Generalitat Valenciana.

En este sentido, en la fase de estudio de la iniciativa llegó a plantearse desde Presidencia según fuentes conocedoras del proceso la posibilidad de abordar la activación de la ley de Coordinación de las Diputaciones, una intención puesta sobre la mesa por Puig sobre la campaña que, a grandes rasgos, permite el control de la Generalitat sobre las corporaciones provinciales. Una opción que se apartó -al menos de momento- para tratar de que la medida de los libros de texto sea lo más ágil posible dado que las actuales fechas coinciden con el inicio de curso escolar.   

Así, los socialistas trabajan desde dos vías: por un lado, la puramente relacionada con la gestión y, por otra, la política. Desde el Consell se está tratando de habilitar cuanto antes la cantidad que corresponde a la Generalitat y situarla en disposición de los ayuntamientos, una manera de poner en marcha cuanto antes la medida para 'forzar' a que los consistorios empiecen a gestionar la aplicación de estos fondos y generarles el compromiso de que pongan su parte: para ello, han encontrado el apoyo de la Diputación de Valencia, que ya ha anunciado que adelantará a los ayuntamientos su parte a pagar en este plan de gratuidad de libros (en total 16 millones de euros para este año).

Por otro lado, desde la vía política, la coordinadora socialista de los diputados por Valencia en Les Corts, Concha Andrés, anunció este viernes que el PSPV presentará mociones en todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana para respaldar el Plan 'Xarxallibres' presentado por el Gobierno de Puig. Una manera de "incentivar a los ayuntamientos de la Comunitat a que se adhieran al Plan del Consell" y, al mismo tiempo, una vía para ejercer presión en los consistorios. "Ahora lo importante es que se manifieste esa voluntad en los plenos de los ayuntamientos, donde de verdad se tiene que recoger la voluntad de los ciudadanos", afirmó Concha Andrés, quien recalcó que en la moción se instará también a los ayuntamientos a la creación de una comisión con las Ampas y centros educativos de cada municipio para estudiar la aplicación y puesta en marcha del plan.

Puig junto a Javier Moliner, César Sánchez y Jorge Rodríguez

Precisamente la manera de aplicar la medida es otro de los focos que puede generar complicaciones, si bien desde el PSPV confían en que si existe "colaboración" desde los ayuntamientos y diputaciones donde gobierna el PP "no habrá problemas". En este sentido, el presidente de la institución en Castellón, Javier Moliner (PP), solicitó ayer una reunión a Puig para abordar el plan para "hacerlo efectivo" y "no confundir ni a las familias ni a los Ayuntamientos en estos días de inicio de curso". En la misma línea, el portavoz adjunto del grupo 'popular', Vicent Sales, explicó que ya está existiendo "cierta situación de caos, ya que algunas familias se están desplazando a los ayuntamientos con los tíquets de los libros y en los consistorios no pueden darles ninguna información".  

Con este escenario, y pese al esfuerzo del Consell, no sería extraño que surgieran demoras en el cumplimiento del anuncio 'estrella' realizado por Puig. El PP, si bien ha dejado claro públicamente no se opondrá a la medida, ya insta a que se produzcan modificaciones en la misma, como por ejemplo solicitar que se incluyan criterios de renta familiar para la concesión de dichas ayudas. Todo apunta a que la formación 'popular' tratará de que se diluya o se dilate lo máximo posible el cumplimiento de la misma, un objetivo dirigido a que el PSPV no extraiga un rédito electoral de cara a las elecciones generales.

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