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VALENCIA. Desde la conformación del Gobierno valenciano 60 días atrás, la fase de acoplamiento dentro de las consellerias creadas bajo el régimen de 'mestizaje' -esto es, cargos de PSPV y Compromís intercalados- ha tenido resultados de todo tipo: mientras la sintonía ha presidido algunas carteras, en otras han saltado chispas desde casi el primer minuto. No obstante, la complejidad de gobernar en coalición no solo se aprecia entre miembros de un mismo departamento, también se está haciendo palpable en el cruce de competencias existente dentro del propio diseño del Ejecutivo realizado por PSPV y Compromís.
Un claro ejemplo de ello viene produciéndose entre la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural y la cartera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. La falta de acuerdo respecto al control de las declaraciones de impacto ambiental está agravándose en las últimas semanas: una situación que amenaza con bloquear la aprobación del Reglamento Orgánico Funcional (ROF) que se prevé llevar al pleno del Consell de la semana que viene.
En este sentido, fuentes de ambas consellerias admiten que el acuerdo sigue sin alcanzarse tras diversas conversaciones: las competencias para la expedición de informes de impacto ambiental se encontraban en el área de Medio Ambiente en el pasado y este departamento a su vez dentro de la anteriormente llamada Conselleria de Infraestructuras. No obstante, con el rediseño confeccionado, el área de Medio Ambiente ha viajado a la Conselleria de Agricultura, controlada mayoritariamente por Compromís, más concretamente por Els Verds. Mientras, Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio (antes Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente), está dirigida por María José Salvador (PSPV) y dominada por los socialistas.
Así, desde Medio Ambiente consideran que la decisión sobre la evaluación de impacto ambiental debe permanecer en este área tal y como venía ocurriendo. Para reforzar este argumento, apuntan a que la ley estatal (21/2013) indica que en la evaluación ambiental se diferencia entre órgano sustantivo (el que autoriza o aprueba los proyecots) y el órgano ambiental, que es el que se encarga de la redacción de informes de impacto. De hecho, esta es la fórmula que proponen para evitar cualquier conflicto. Una situación que desde Obras Públicas pretenden sortear por cuestiones de agilidad y que ambas competencias se manejen desde la misma conselleria, en concreto, desde esta última.
NEGOCIACIÓN INFRUCTUOSAS: DESDE LA PARTICIÓN DE COMPETENCIAS HASTA EL CAMBIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
En este proceso -hasta ahora fracasado- de negociaciones, se han producido desde ambos bandos distintas propuestas y argumentos que no han conllevado el desbloqueo de la situación. Así, desde Vivienda se planteó controlar la evaluación ambiental estratégica (la que corresponde a grandes proyectos) y ceder la otra parte de las competencias, en concreto, la evaluación de impacto ambiental, una opción que rechazaron desde Agricultura dado que ésta última está dedicada a actuaciones generalmente menores.
Por su parte, desde Agricultura han llegado a proponer que se traslade a su conselleria la Dirección General de Evaluación Urbanística, Territorial y Ambiental del Planeamiento con el actual responsable, José Luis Ferrando de Compromís, al frente, una posibilidad que han rechazado de plano desde Obras Públicas.
Con este escenario, y ambas posiciones enrocadas, está previsto que la comisión del Botánico (conformada por representantes de PSPV, Compromís y Podemos) se reúna en los próximos días -se espera que a final de esta semana o principios de la próxima- para tratar de desbloquear un conflicto que de momento podría bloquear el ROF de ambas consellerias y enrarecer el ambiente entre PSPV y Compromís.
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