AVISO DE COOKIES: Este sitio web hace uso de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así como la mejora del funcionamiento y personalización de la experiencia de navegación del usuario. Aceptar
Más información
VALENCIA. Al menos 444 millones de euros. Esta es la cantidad que -por el momento- reclama la multinacional Abertis al Estado como compensación por la construcción de la autovía CV-10 junto a la autopista AP-7 en la provincia de Castellón. La denuncia se encuentra en manos de la justicia desde que el pasado 22 de julio su filial Aumar, radicada en Valencia, presentó un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo al entender que le asisten "sólidos a gumentos jurídicos en defensa de sus derechos e intereses legítimos", según consta en las cuentas del primer semestre presentadas por la compañía.
La pugna entre la firma y el Estado llega ahora a los tribunales tras un largo tira y afloja administrativo. Aumar, que también gestiona la autopista entre Sevilla y Cádiz, presentó en febrero de 2011 una "solicitud de reequilibrio económico financiero de la concesión AP-7 / AP-4 a causa de los impactos en la base económica del contrato derivados de la construcción de vías paralelas", una reclamación que responde de forma expresa a la pérdida de tráfico en la autopista AP-7 a su paso por Castellón con motivo de la apertura de la CV-10 entre Nules y Benlloch, según concretan fuentes de Abertis consultadas por ValenciaPlaza.com. La sociedad acude a la vía legal después de que el Gobierno desestimara todas sus solicitudes al respecto.
Según reconoce la propia firma, en el contrato de la concesión no existe cláusula alguna que, de forma expresa, impida a la administración central construir autovías junto a la autopista, como tampoco consta que deba compensar económicamente a Aumar por hacerlo. No obstante, la concesionaria solicita "la adopción de las medidas necesarias para el restablecimiento del equilibrio económico financiero quebrado", dado que en el acuerdo sí se alude, de forma genérica, a que el Estado garantizará la estabilidad en el negocio de la empresa y esta sostiene que se trata de una circunstancia "no prevista en el momento de firmar".
Por ello Abertis exige "compensar de modo íntegro los perjuicios sufridos por pérdida de tráfico e ingresos" al considerar que se ha producido un "incumplimiento contractual". La mercantil, en su primera reclamación, cifró los "daños y perjuicios" en 187 millones de euros para el periodo comprendido entre se 2002 y 2010, una cantidad que elevó a 444 millones al recalcular el impacto hasta el año 2014. Además, a la ya friolera cantidad cabe añadir "las pérdidas de ingresos desde 2014 hasta el fin de la concesión en 2019", un montante que también ha sido reclamado pese a que todavía se encuentra "pendiente de cuantificación".
UN BENEFICIO DE 77 MILLONES
Según las cuentas consolidadas de 2014 de Abertis su filial Aumar obtuvo un beneficio de 77 millones de euros el pasado ejercicio con la gestión de las autopistas AP-7 (de la que posee los tramos Hospitalet-Sagunto y Algemesí-Alicante) y la AP-4 (entre Sevilla y Cádiz), un conjunto de 468 kilómetros que tiene en la autopista que discurre entre Cataluña y la Comunitat su principal fuente de ingresos.
La concesión se prorrogó en 1997 hasta el año 2019. En principio la fecha de la conclusión estaba fijada para 2006, pero la mercantil logró una ampliación de trece años a cambio de una serie de inversiones y de "una importante reducción de tarifas". Como informó este diario, Abertis ha ganado 1.200 millones netos en los últimos 10 años con la gestión del tramo valenciano de la AP-7.
No estaría de más recordar que Aumar ya recibió una prórroga de concesión lamentable en el año 2006, por lo que la amortización de su inversión inicial (año 1971, no lo olvidemos), está más que alcanzada y superada. También hay que recordar que la concesión inicial incluía la obligación de construir la circunvalación de Valencia, que finalmente recayó sobre los Presupuestos Generales del Estado. Además, en marzo el presidente de Abertis expresaba su interés por renovar la concesión más allá de 2019. Más bien parece que Abertis reacciona al anuncio del fin de la concesión dentro de cinco años, y comienza a plantear una postura de fuerza para las negociaciones de estos próximos años. Lo cierto es que es una autopista mal mantenida y con pocas inversiones. Lo cierto también es que cuando renovaron en 2006 ya estaba planificada la Autovía paralela. Parece que pretenden volver a cargar a los ciudadanos con unos beneficios extraordinarios. Espero que los gobiernos sean firmes en favor de lo público. La colaboración públco-privada es una gran herramienta, siempre y cuando exista lealtad, tranparencia y respeto por ambas partes. Actitudes como la de Abertis hacen que los ciudadanos desconfíen del sistema concesional.
Tu email nunca será publicado o compartido. Los campos con * son obligatorios. Los comentarios deben ser aprobados por el administrador antes de ser publicados.
imprimir
meneame
whatsapp