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Los modelos macroeconómicos más sofisticados utilizan en la actualidad una rigurosa fundamentación microeconómica del comportamiento de los individuos y las empresas. A partir de dicha fundamentación, estos modelos (denominados modelos de equilibrio general) aspiran a explicar de forma pormenorizada las interacciones existentes en el comportamiento de los agentes, de forma que se obtenga una mejor comprensión de los canales de actuación de, por ejemplo, las políticas económicas. Un ejemplo: una subida del tipo impositivo sobre la renta afecta al consumo (porque reduce la renta disponible), pero también afecta a la decisión de trabajar más o menos horas. En consecuencia, también afecta a las reivindicaciones salariales de los trabajadores que a la hora de negociar con las empresas elevaran sus pretensiones salariales.

El razonamiento lo podríamos continuar para darnos cuenta de la dificultad de cuantificar los efectos concretos a escala agregada de la subida de impuestos. En cualquier caso, es obvio que los modelos macroeconómicos compiten por introducir aquellos supuestos que pensamos que son más realistas para describir la forma en la que funcionan los mercados en la economía. De ahí, que estos modelos macroeconómicos introduzcan, por ejemplo, dosis importantes de rigidez en precios o salarios, dosis de competencia imperfecta en los mercados o costes de ajuste a la hora de invertir por parte de las empresas como elementos que llevan los modelos a acercarse a la realidad.

Un aspecto que, sin embargo, pasa más desapercibido para los economistas, y para los propios ciudadanos en general, es la influencia que tiene el sistema judicial vigente en las decisiones que toman los agentes económicos y, por ende, en los resultados que se obtendrán de una determinada política económica. Éste es un aspecto que los economistas han contemplado desde hace tiempo en los modelos empíricos de crecimiento, si bien en los modelos macroeconómicos teóricos no se suele realizar ningún supuesto explícito sobre la forma en la que funciona el sistema jurídico de una economía. Existen, no obstante, algunos indicadores que elaboran en el mundo distintas organizaciones y que dan una idea de lo adecuado de las normas legales de cada país para facilitar un buen desempeño económico. Como veremos a continuación, España no destaca precisamente por ser un líder mundial en estos indicadores, lo que necesariamente apunta a la necesidad de una profunda reforma de nuestro sistema judicial, si queremos posibilitar mejoras en la productividad de nuestras empresas en el futuro próximo.

Si nos fijamos en la distribución mundial de la renta per cápita, observamos claramente que aquellos países que tienen los mayores niveles de bienestar (medidos por su PIB per cápita) son precisamente aquellos que tienen sistemas judiciales más avanzados y que, además, consiguen que se cumplan en mayor medida las leyes. Es decir, no bastan unas buenas normas jurídicas, sino que, además, se es más rico a largo plazo si se consigue que las normas se cumplan. Un ejemplo de este tipo de evidencia se puede obtener si contemplamos el Índice de Percepción de la Corrupción 2010 elaborado por Transparencia Internacional, que mide el grado de corrupción que las empresas y expertos atisban en el sector público de 178 países. Mirando el ranking de la corrupción institucional observaremos que los países más "limpios" suelen ser los de niveles de renta per cápita mayores (Dinamarca, Nueva Zelanda, Suecia, Finlandia o Suiza son algunos de los campeones). A su vez, los últimos clasificados (Somalia, Myanmar, Afganistán, Iraq o Uzbekistán) no destacan precisamente por los altos niveles de vida de sus ciudadanos. España se sitúa en 2010 en un discreto puesto 30, por detrás de la mayoría de los países desarrollados de nuestro entorno.

Obviamente, la corrupción institucional no es el todo a la hora de analizar los efectos del sistema judicial en la actividad económica. Al margen de lo que la corrupción pueda distorsionar el buen funcionamiento de los incentivos económicos en los mercados, existen otras evidencias de que en España el sistema no funciona adecuadamente y urge una reforma en profundidad. El proyecto Doing Business del Banco Mundial proporciona una medición objetiva de las normas que regulan la actividad empresarial y su puesta en práctica en 183 economías. Las economías están clasificadas en términos de su facilidad para hacer negocios de mejor a peor. Un buen índice de facilidad para hacer negocios implica que el ambiente regulatorio es favorable para la actividad empresarial. La clasificación de la economía española es un discretísimo puesto 49, del total de 183 países analizados. Es más, en algunas de las categorías que forman el índice general, la economía española está todavía peor clasificada: puesto 147 en facilidad de apertura de un negocio, puesto 93 en protección a los inversores o puesto 52 en el cumplimiento de contratos, son algunos ejemplos.

Es evidente, que la actividad económica tiene mucho que ver con la percepción de los agentes económicos de los riesgos implícitos en su actividad. Así, un sistema judicial que proporcione una protección importante del derecho de propiedad, permite atraer inversores, lo que no ocurrirá si éstos perciben que sus propiedades, o las rentas de las mismas, pueden ser expropiadas. Una adecuada protección de los derechos de los inversores posibilita también el desarrollo de los mercados financieros, lo que permite, a su vez, que la financiación a empresas y particulares pueda fluir de manera más eficiente. Como hemos visto en los párrafos anteriores, los indicadores sobre la calidad del sistema judicial de la economía española hablan por sí solos.

El mal funcionamiento de la justicia en España impone barreras innegables a la actividad económica y a la capacidad del país para mejorar su productividad y crear empleo. ¿Es factible la reforma de la misma en tiempos de crisis y de austeridad presupuestaria como los actuales? Para dar respuesta a esta pregunta citaré al economista César Molinas, que escribía el año pasado en un medio nacional que el mal funcionamiento de la justicia en España no es tanto un problema de recursos como un problema de gestión. Por dar sólo un dato, el presupuesto total de Justicia (tribunales, fiscalía y ayuda judicial) en Francia es de 51 € por habitante y año, mientras que en España es de 64 €, un 25% más.

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(*) José Emilio Boscá es director del Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Valencia

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