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VALENCIA. El Ministerio de Hacienda considera que Feria Valencia no es un ente sometido a la Ley de Contratos del Sector Público a efectos de adjudicar servicios a terceros, lo que en la práctica le permitiría realizar licitaciones sin necesidad de convocar un concurso público.
Esta es la principal conclusión que se desprende del dictamen que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales -órgano dependiente del ministerio de Hacienda- acaba de emitir para desestimar un recurso interpuesto contra el proceso abierto por Feria Valencia para externalizar algunos servicios y recolocar en las empresas adjudicatarias a parte de la plantilla incluida en el ERE que el recinto impulsó el verano pasado.
Electrotecnia Monrabal, una de las empresas que aspiraba a adjudicarse algunos servicios auxiliares como los de almacén o reprografía y los de mantenimiento y montaje de ferias, recurrió el proceso tras perder frente a Veolia, que se llevó el contrato por 880.000 euros anuales para cinco ejercicios. La empresa valenciana planteó una queja ante el Tribunal de Recursos Contractuales al entender que el procedimiento no se ajustaba a las normas de aplicación a entidades del sector público.
Según explican fuentes conocedoras del proceso, este organismo ha desestimado la queja al entender que Feria Valencia no actúa como ente adjudicador por no estar sometida a la Ley de Contratos del Sector Público.
Al margen de las implicaciones económicas de este hecho sobre las cuentas de Feria Valencia, que las tiene y muchas, el pronunciamiento de este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda añade mayor confusión al debate sobre si el recinto, en su configuración actual, es público o privado.
La Intervención de la Generalitat, en un demoledor informe encargado por la Conselleria de Hacienda, se inclinaba hace un año por encuadrar a la Feria en el sector público, lo que le llevó a denunciar irregularidades en el proceso de contratación de las obras de modernización y ampliación que se llevaron a cabo a mediados de la pasada década.
Poco después, el Consell Jurídic Consultiu (CJC) emitía un informe en el que calificaba al recinto de asociación privada de interés público sometido al derecho privado, pero le recomendaba reconvertirse en un consorcio de dependencia pública al estilo de Ifema.
El Banco de España, por su parte, considera que Feria Valencia es pública a efectos de contabilidad nacional, ya que es la Generalitat la que se hace cargo de más de la mitad de su deuda con aportaciones de más de 30 millones de euros para pagar la ampliación del recinto.
SE DESBLOQUEA EL ERE
Mientras el nuevo Consell decide su posicionamiento sobre el plan puesto en marcha durante la anterior legislatura para convertir la Feria en un consorcio público y desgajar la gestión en un ente privado, la decisión del Tribunal de Recursos Contractuales sobre la corrección del proceso de externalización de servicios permite a Feria Valencia ejecutar el ERE que tiene pendiente desde el verano pasado cuyo retraso le estaba ocasionando un importante perjuicio económico no previsto sobre sus cuentas.
La institución ferial manejaba para este año unas previsiones que apuntan a una desviación positiva de los ingresos del 1,1% y una mejora de márgenes tras unas pérdidas acumuladas de 14 millones de euros en los dos últimos años. Para ello, confiaba en haberse liberado ya de las nóminas de los trabajadores recolocados en la empresa adjudicataria de los contratos de mantenimiento.
Sus cuentas del año pasado ya reflejaron un resultado bruto de explotación negativo en 2,3 millones de euros como consecuencia del retraso de un ERE. El impacto negativo sobre sus cuentas de este año será el equivalente a casi dos meses de pago de nóminas de estos empleados que, según sus últimas previsiones, calculaba haber recolocado en terceras empresas desde el 30 de junio pasado.
¡Que no pare la fiesta!.... pagan los valencianos.
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