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VALENCIA. En el despertar del Estado de las Autonomías, no pocos vieron en la supervivencia de las diputaciones provinciales algo tan ineficiente como meter trastos nuevos en una casa sin haber tirado los antiguos. Esta herencia del centralismo decimonónico, aquel que diseñó el mapa regional en base al viaje de ida y vuelta a caballo en un día entre la capital y los pueblos de cada provincia, arrastra tres décadas de debate entre los defensores de su tradición y personalidad histórica y los partidarios de suprimirlas a favor de reforzar la fórmula autonómica, más eficiente en tiempos de las modernas redes de transporte e internet.

Ante los numerosos escándalos del clientelismo y la corrupción desencadenados por la opacidad de las corporaciones provinciales, el descrédito social y el hartazgo ciudadano reclamaba el cambio de la acción política de proximidad, erosionada por el inmovilismo favorecido por los 20 años de Partido Popular al frente del aparato autonómico y las principales administraciones locales. Tras los resultados electorales de mayo, el consenso sobre la depuración de las diputaciones se hace notar más que nunca en el nuevo tablero político valenciano. Así lo evidencian el Acord del Botànic, el programa pactado entre PSPV, Compromís y Podemos, y las declaraciones del alcalde de Valencia, Joan Ribó, sobre la creación de una nueva entidad de gestión para el área metropolitana valenciana, en la que «sobran diputaciones y estructuras del siglo XIX». O las del número tres de los socialistas valencianos, José Manuel Orengo, afirmando «la Generalitat dibujará y la Diputación coloreará», en referen- cia a los nuevos aires del Consell por minimizar los volúmenes y competen- cias de las diputaciones, con la ley de Coordinación de 1983 y el fondo au- tonómico de cooperación municipal sobre la mesa.

Vaciar de funciones a las diputaciones y derivarlas hacia el gobierno au- tonómico resultará una misión imposible, según el joven valor de los populares alicantinos César Sánchez, flamante presidente la Diputación de Alicante con el apoyo de Ciudadanos, cuyo partido ha sido la única voz discordante del acuerdo político sobre la supresión de las corporaciones provinciales. «La Generalitat, con su situación económica y social, no puede garantizar los servicios a los municipios pequeños. Por el principio de subsidiaridad, el nivel de eficiencia de la diputación es infinitamente superior», sostiene Sánchez, alcalde de Calpe desde 2011 y vicesecretario regional del PPCV, quien rechaza el centralismo de la capital autonómica y del Gobierno de España, a favor de fortalecer la autonomía local. «Las autonomías han servido para conformar la mejor España que ha conocido la historia, con todo lo que hay por mejorar.

Pero en esa configuración también está el arraigo de las provincias y las diputaciones. Un partido serio y responsable con vocación nacional como el PSOE no creo que vaya a eliminarlas. Otra cosa es que sea prisionero de las exigencias de algunos partidos que no creen en la España constitucional». Las corporaciones provinciales de Alicante y Cas- tellón son las únicas dos grandes instituciones locales que le han quedado al PP tras las elecciones. Una nue- va corriente en aras del municipalismo en la bancada popular es la reacción esperable por la propia natura- leza del juego político, cuando los colores de las admi- nistraciones cambian, con los socialistas y Compromís ahora en el Consell y el PP en algunas alcaldías, como observa Andrés Boix, profesor de Derecho Adminis- trativo de la Universitat de València.

(Lea el artículo completo en el número de agosto de la revista 'Plaza')