AVISO DE COOKIES: Este sitio web hace uso de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así como la mejora del funcionamiento y personalización de la experiencia de navegación del usuario. Aceptar
Más información
VALENCIA. Unos 50.000 valencianos han sufrido durante más de cuatro años la injusticia de ser beneficiarios de una ayuda de la Generalitat para la compra de una vivienda y no poder cobrarla porque no estaba presupuestada. La mayoría aún no ha cobrado, pero empieza a ver el horizonte despejado después de que la Conselleria de Vivienda haya esbozado un calendario de pago a medio plazo, que 240 millones de euros no se improvisan con Montoro apretando para bajar el déficit.
La seguridad jurídica, ese concepto tan frío como importante para un país, ha sido crucial en la lucha de los damnificados contra la falta de seriedad del Gobierno de Camps. Al concedérseles las ayudas adquirían un derecho que han hecho valer ante los tribunales y los sucesivos gobiernos, que finalmente -empezó Fabra al final de su legislatura- tuvieron y tendrán que habilitar una partida para pagar lo que no había pagado porque no estaba presupuestado.
En parecido fiasco jurídico-administrativo se encuentran cientos de empresas de energías renovables a quienes un mal día el Gobierno de Rajoy recortó las primas establecidas por Zapatero por las que habían decidido invertir en plantas fotovoltaicas. Entre los afectados hay fondos de inversión extranjeros que creían que España era un país serio donde la alternancia política o los cambios de opinión que impone Merkel a los presidentes no suponen quitar a los administrados los derechos reconocidos conforme a las leyes existentes hasta ese momento.
Y en esa tesitura se puede encontrar ahora el fondo internacional Eurofund y el operador de centros comerciales Intu, que después de invertir varios millones de euros en un proyecto que hasta la fecha cumple todos los pasos legales exigidos para los grandes complejos comerciales y de ocio, se encuentran con que al nuevo conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo no le gusta (al autor de estas líneas tampoco, por si a alguien le interesa).
Rafael Climent admite que ni siquiera conoce bien el proyecto Puerto Mediterráneo, en Paterna, pero que no es su modelo de economía sostenible y no está por la labor de aprobarlo. El director general de Comercio y Consumo, Natxo Costa, aún va más lejos: "Si tuviera que firmar yo la paralización, la firmaría".
Puede que la Economía del Bien Común, modelo económico de Climent, no tenga la seguridad jurídica como uno de sus pilares, pero debería. La seguridad jurídica implica que uno pueda emprender un proyecto en función de la legislación vigente y abrir un negocio si cumple todos los requisitos, independientemente de si le gusta al conseller, al director general o al alcalde de turno.
Lo de menos son los cientos de millones de euros de inversión y los miles de puestos de trabajo previstos en Puerto Mediterráneo. Lo de menos es si hablamos de centros comerciales o de energía fotovoltaica. Esto vale para grandes y pequeños empresarios del sector que sea. Con la ley y el DOCV en la mano, pueden hacer lo que quieran o lo que puedan dentro del marco comunitario, pero que un director general diga que firmaría la paralización de un proyecto empresarial que no ha vulnerado ninguna norma -que se sepa-, suena a prevaricación, a inseguridad jurídica, a república bananera.
PS: El autor de este Billete se va de vacaciones hasta el 26 de agosto. ¡Feliz verano!
Hola a la griega, Una matización solo... La ocupación del territorio está regulada. Tampoco se puede construir donde quiera, sino que se tiene que hacer en terreno urbano o urbanizable. En este caso con la ATE se pasan por encima lo que el ayuntamiento tenía previsto y decide la generalitat. Si por el inversor fuera Irta o el Montgó serían un centro comercial.
a Juan: el inversor invierte donde estima que va a sacar beneficio, y donde Ud. sugiere pues no invierte simplemente porque no quiere. Es el Inversor el que corre el riesgo empresarial, no la Administración que desde el primer segundo empieza a hacer caja. Si no sale bien el negocio el inversor pierde y la Administracion solo ha obtenido ingresos. Lo de ATE, aplicado a este caso probablemente provenga de la imperiosa necesidad que tiene la Comunidad Valenciana de captar inversiones privadas que generen ingresos y puestos de trabajo. Resulta impresentable que haya un Conseller diciendo memeces para tirar la UNICA inversión que hay en marcha actualmente sin aportar un plan alternativo SERIO. Decir que se quiere cambiar el modelo productivo sin tener plan concreto alguno es como decir que algún dia caerán longanizas del cielo. Hay millones de personas que esperan en el paro una oportunidad laboral, perder el tiempo en discursos demagogos a la Griega, es una grave irresponsabilidad
La figura de ATE la creó el gobierno anterior y se ha utilizado solo para chanchullos. Se explica mal que un centro comercial cumpla con Actuación territorail estratégica... QUe me digan otro tipo de infraestructura... Creo que para hacer un centro comercial no hace falta apelar al interés general para reclasificar. Que inviertan los porrones de millones en otro polígono vacío ¿que tal el pla dels molins que tiene hasata metro!?
En la justificación economica de la memoria de puerto mediterraneo pone que se va a llenar de turistas internacionales... Si alguien se cree eso es que no hemos aprendido nada. Buenas vacaciones
Cosas veredes que faran fablar las piedras. En este país, ya se sabe, la realidad supera, con mucho, a la ficción.
Tu email nunca será publicado o compartido. Los campos con * son obligatorios. Los comentarios deben ser aprobados por el administrador antes de ser publicados.
imprimir
meneame
whatsapp
