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VALENCIA. Segunda parte de la entrevista a la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, tras una primera entrega este miércoles centrada en las infraestructuras. En esta nueva conversación, la consellera responde a las preguntas sobre vivienda y el nuevo modelo de rehabilitación que aspira implantar el Consell desde Vinaroz a Pilar de la Horadada.

María José Salvador es licenciada en Derecho por la Universidad Jaume I de Castellón y realizó un postgrado en la Universitat de Barcelona sobre Política Internacional. Ejerció de profesora asociada de Derecho Internacional en la UJI, es militante del PSPV y ha ejercido cargos orgánicos en el partido. Además, ha sido diputada en les Corts en las dos últimas legislaturas.

-Sobre vertebración del territorio, en el pasado se aprobaron líneas de trabajo, la mayoría pendientes de desarrollo, como la Estrategia Territorial o los Corredores Ecológicos que debían conectar espacios verdes ¿Retomará estos planteamientos o prevé nuevas propuestas?
-La ventaja que tenemos ahora es que hay fondos europeos para carril bici, para cinturones verdes y vamos a presentar proyectos. Sobre todo hay que marcar un punto y aparte en materia de planificación urbanística. Creo que todos hemos asumido que no van a volver aquellos tiempos del boom inmobiliario y financiero.

Estamos en una nueva era y espero que podamos en esta legislatura marcar las coordenadas de esta nueva etapa y que seamos un ejemplo en Europa, como lo son otras ciudades, desde el punto de vista del crecimiento sostenible, con una planificación urbanística racional coherente y sobre todo, como decía Le Corbusier: "Un trazado regulador es un seguro contra cualquier arbitrariedad". Ahí está la clave. Trazados reguladores, buena planificación y fin de la especulación del clientelismo en las actuaciones. De las crisis se generan nuevas oportunidades y ahora está en otro modelo urbanístico.

-Una de sus especialidades es la vivienda. Y en sus primeras intervenciones ha dicho que la rehabilitación va a ser una de las líneas maestras de la conselleria ¿Cómo fue la reunión con Ribó este martes?
-En materia de política de vivienda, me gusta destacar que esta conselleria se llama de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio; la vivienda va en primer lugar, por el objetivo que tenemos de desarrollar una política para las personas en el nuevo Gobierno de la Generalitat.

En materia de vivienda vamos a actuar sobre la ciudad consolidada. Sí es cierto que hemos crecido por encima de nuestras posibilidades desde el punto de vista urbanístico. Hay un exceso de estock de viviendas vacías. Entonces, por una parte, tenemos 1,2 millones de vivendas que necesitan adaptarse a los criterios de eficiencia energética; y por otra parte, 500.000 viviendas tienen tres plantas y no tienen ascensor y hay que adaptarlas. Y tenemos todo un ámbito de actuación en los cascos históricos de nuestras ciudades que requiere de rehabilitación.

La rehabilitación va a ser un vector de la nueva economía, porque genera empleo, sirve para reactivar la economía y para mejorar la calidad de la habitabilidad de las viendas. Y lo fundamental es que actúa sobre la ciudad consolidada. Vamos a crear una mesa de la construcción sostenible y lo queremos hacer junto a los agentes económicos y sociales implicados en el proceso de rehabilitación: los arquitectos, aparejadores, fontaneros, electricistas, constructores... Esta Comunitat necesita de una nueva oportunidad. Hay mucha mano de obra que en su día se dedicó a la construcción. Cuántos jóvenes que en su día dejaron de estudiar porque ganaban más dinero y ahora están en el paro y no tienen formación. Cuántas personas de 45 a 50 años han perdido su trabajo porque se dedicaron a la construcción y ahora tienen muy difícil reincorporarse al mercado laboral. Toda esta mano de obra no puede ser reabsorbida por el mercado y la segunda oportunidad está en la rehabilitación.

-¿El Cabanyal es ya una de las prioridades de su conselleria, en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia?
-Me gusta destacar de la nueva política de vivienda y del nuevo reto que el Barrio del Cabanyal es el símbolo de esta nueva etapa de total confluencia con el Ayuntamiento de Valencia para intentar impulsar la rehabilitación del barrio. Ahí tenemos 11 millones de euros del Plan Confianza, casi seis millones que vamos a gestionar directamente la Generalitat, que venían de dinero reservado a las expropiaciones del Bulevar San Pedro. Creo que es bonito el cambio: pasar de expropiar a rehabilitar. Y lo vamos a invertir en recuperación de espacios públicos en el barrio, complementado con los 5,2 millones que gestionará el consistorio para rehabilitación. Es la primera acción que vamos a emprender y de la cual me siento muy orgullosa, de haber dado este paso y poner el reloj a cero en la nueva etapa que comienza.

-El Ayuntamiento estudia zonas degradadas del Cabanyal sobre las que actuar y prepara proyectos para presentarlos a los Fondos Feder ¿Podemos concretar las cantidades que se podrían llegar a recabar a través de esta línea de ayudas europea?
-Está el programa operativo entre 2014 y 2020 de Fondos Feder. Hay unos 500 millones de euros que aporta Europa y se tienen que complementar con 400 millones por parte de la Generalitat. Hay dos líneas de reserva de ayudas: una para rehabilitación por eficiencia energética, y otra para las actuaciones en barrios degradados y vulnerables.

Los proyectos europeos, me gustaría destacar que hasta ahora ha sido cero, nula, la petición por parte del gobierno anterior. Me parece incomprensible, cuando además la situación económica es la que es. Además, tenemos que poner toda la inteligencia para presentar buenos proyectos con los indicadores que pide Europa. Europa pide ladrillo y carne; es decir, cuando se presentan proyectos de rehabilitación hay que argumentar con indicadores y justificar que no solo vas a hacer una obra, sino que detrás hay una gente que vive debajo de esos techos, que son barrios degradados y tienes que demostrar cómo la gente se va a reinsertar y reintegrar en la ciudad de la que forma parte.

Y ahí hemos fallado, bueno, han fallado. En la Dirección General de Vivienda hay una persona experta en fondos europeos y a partir de ahora vamos a poner toda la inteligencia y los recursos en esta conselleria; porque en los fondos europeos está la clave de bóveda para poder impulsar el proyecto ambicioso que tenemos en materia de rehabilitación.

-Han apuntado ya algunas de las actuaciones concretas que llevarán a cabo, como el libro de la rehabilitación, o una mayor aplicación de la Inspección Técnica de la Edificación (ITE) ¿La conselleria se plantea pedir a los ayuntamientos que sean más exigentes y lleven a cabo dichas inspecciones?
-Hay que abrir un diálogo con los ayuntamientos, con las nuevas corporaciones municipales para que apliquen la ITE. Lo que también tenemos que ser conscientes es que cuando se le pide a un edifico que no cumple las condiciones de alguna manera hay que buscar también una respuesta. No es suficiente con decirle 'este edificio está mal'. la administración pública tiene la responsabilidad de dar una respuesta: de contribuir a realizar esas obras de reforma, o de acondicionamiento estructural de esas viviendas.

Es espacio de colaboración y de diálogo con los consistorios, porque es de su competencia, para que procedan con las ITE, que es lo que marca la ley al fin y al cabo. Los alcaldes son plenamente conscientes de que tienen ese reto por cumplir, que tampoco es fácil, porque económicamente en estos momentos tienen muchas dificultades. Saben perfectamente lo que tienen que hacer... y lo harán.

-¿Cuándo comenzarán a cobrar las personas afectadas por los impagos de ayudas a la vivienda (240 millones de euros debe la conselleria)?
-No puedo dar una fecha. Espero que sea a la mayor brevedad. Además de los  240 millones hay otros 40 millones de deuda no contabilizada y de momento hemos pagado 20 millones. Es un problema muy complejo que se ha acumulado y tiene miles de afectados en la Comunitat Valenciana. Y tienen derecho a cobrar. Ha sido un verdadero desastre la gestión de las ayudas a la vivienda del anterior Gobierno valenciano, porque la gente confiaba en recibir su subvención para comprar la VPO y se han quedado atrapados, ya que no la pueden ni alquilar ni vender.

-Un gran reto en materia de vivienda son también los desahucios ¿Se marca algún plazo para poder acabar con estos dramas sociales?
-Hay que tener en cuenta que es una legislación estatal. Es el Gobierno de España el primero que tiene que adoptar medidas legislativas contundentes a este respecto. Hasta ahora se han adoptado códigos de buenas prácticas, que han sido códigos de buenas intenciones que al final han puesto una serie de requisistos para que la gente que está en proceso de ejecución hipotecaria se pueda acoger a la dación en pago y a la reestructuración hipotecaria. Unas daciones  que, lo hablaba el otro día con la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, al final el 90% de las personas que están en ejecución hipotecaria no pueden acceder y acogerse a ese código de buenas prácticas. Ahí tiene que venir la primera medida contundente, desde el Gobierno central.

En las autonomías podemos aplicar medidas; nosotros estamos trabajando de manera complementaria, por una ley por la función social de la vivienda. La vivienda tiene que ser un derecho subjetivo. La gente tiene que tener derecho a un techo, porque es un derecho fundamental. La vivienda no es un bien especulativo, es un derecho humano, como dice el informe de Amnistía Internacional, y creo que la administración tiene la responsabilidad de intervenir.

-¿Y qué puede hacer la conselleria?
-Pues con esa ley por la función social, yo ya he enviado una carta a los directores de los bancos, que tienen sede en Valencia y que son responsables regionales para tener una cita con ellos y buscar puntos de convergencia. Por una parte, buscar fórmulas para que haya reestructuraciones de la deuda, porque ellos sí tienen en sus manos la posibilidad de negociar y buscar alternativas y fórmulas antes que inicar un proceso de ejecución hipotecaria. Y en segundo lugar, tienen un amplio estock de viviendas vacías que nos gustaría que pusieran a disposición para que las podamos destinar a alquiler social tanto para los desahuciados, como para los que están en riesgo de exclusión social, que son demandantes de vivienda social, y también para los jóvenes que se quieren emancipar y no pueden. Y para aquellas unidades familiares que no pueden acceder a una vivienda en compra por los bajos ingresos que tienen y se plantean la fórmula del alquiler.

-¿Cuál es la situación del parque público de viviendas?
-Tenemos un parque público de viviendas que es absolutamente deficitario e insuficiente. Consta de 600 viviendas y necesitan reformas. Vamos a estudiar acometer el acondicionamiento de estas viviendas, porque ser la segunda autonomía en número de desahucios y que nos permitamos tener en julio de 2015 todas esas viviendas abandonadas después de haber vivido el gran boom inmobiliario...

Hay una labor de capacidad de la administración de intervenir hablando con los bancos y con los jueces. Queremos buscar fórmulas con el objetivo de evitar el desahucio y ver la posibilidad de negociación.

-¿Dispone de cifras actualizadas de desahucios?
-La única cifra es la que facilita el Consejo General del Poder Judicial, y corresponde al primer trimestre de 2015: fueron 3.289. Somos la segunda autonomía y oscilamos entre ser la segunda o la tercera (detrás de Cataluña y Andalucía). Pero acumulamos una cifra que ha supuesto un 21% del total de desahucios en España cuando somos el 11% de la población; es decir, hemos estado diez puntos por encima de lo que a nivel de población suponemos. Las cifras son preocupantes. Ahí, en el ámbito de las competencias y posibilidades que tenemos, que son limitadas, vamos a poner todo el empeño y todas las medidas que podamos para evitas estos dramas.

-Sareb aportará entre 200 y 300 viviendas, manifestó usted recientemente.
-Sí este jueves me reúno con el presidente para conocer la disponibilidad de viviendas. Son entre 200 o 300 en la Comunitat Valenciana. Tuvimos un primer contacto. Veremos sus opciones y valoraremos. Desde luego tenemos una línea roja en materia de vivienda: no estamos por la labor de la infravivienda; tienen que estar en condiciones mínimas de habitabilidad.

-El director general de la Vivienda avanzó a Valenciaplaza.com que el modelo de rehabilitación será el que se ha llevado a cabo en Santiago de Compostela, Berlín o Bolonia ¿Es un sueño o una realidad? ¿Se conforma con adecentar y hacer habitables las viviendas, o aspiramos a premio por las reformas que se harán?
-Aspiramos a que la Comunitat Valenciana se convierta en un espejo de buenas prácticas. Le tenemos que dar una vuelta radical a la política de vivienda. A mi me gustaría imaginar y que sea una realidad tener un hilo conductor de modelo de ciudad, desde Pilar de la Horadada a Vinaroz, porque sino fracasaremos. Y eso compete a la administración autonómica impulsarlo, dialogarlo y consensuarlo con los ayuntamientos. En ese nuevo modelo de ciudad, con las políticas de rehabilitación, con el respeto al medio ambiente, con la construccion sostenible, queremos convertirnos en un ejemplo de buenas prácticas. Tiene que ser un reto aspirar a que sea efectivo ese cambio radical de modelo.

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