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VALENCIA. Publicitar un piso turístico sin licencia es ilegal en la Comunitat Valenciana. Lo es desde el 20 de mayo, a cinco días de las elecciones, cuando el Consell de Alberto Fabra aprobó el decreto 75/2015. La norma dicta que la publicidad que se efectúe de las viviendas turísticas inscritas "deberá incluir, obligatoriamente, los números de registro de las citadas viviendas". Además, menciona de forma expresa los anuncios "a través de los servicios de la sociedad de la información".
Responsables de Airbnb, el principal portal donde se anuncian pisos y habitaciones para turistas, argumentan a Valenciaplaza.com que la normativa valenciana "obvia la realidad de los mercados digitales" y consideran que las reglas "para compartir la propia casa no están claras". Para este portal, que intermedia entre propietarios y huéspedes a cambio de un porcentaje de la transacción, "es una normativa creada para profesionales que poseen propiedades que explotan para uso turístico exclusivamente".
Lo cierto es que el decreto tramitado in extremis por el Consell popular convierte en "responsables solidarios" a los "titulares de los canales de publicidad o comercialización" de "su inclusión" e incluso de la "veracidad de los datos incluídos en sus medios". La norma modifica el Reglamento de Apartamentos Turísticos y Similares, de 1993, modificado por última vez en 2009.
Anfitriones en un limbo legal
Desde Airbnb arguyen que la "gran mayoría de los anfitriones" no son profesionales sino "gente normal que, de vez en cuando, comparte sus hogares" y utilizan los ingresos obtenidos para "permanecer en sus hogares y hacer frente a sus gastos". A la espera de conocer las intenciones en esta materia del nuevo responsable de Turismo en la Generalitat, Francesc Colomer, las viviendas anunciadas en el lucrativo portal se encuentran en un limbo legal. ¿Son apartamentos turísticos? ¿Se han de registrar?
La vetusta legislación valenciana en la materia define como apartamentos turísticos a aquellos que ofrecen "servicios propios de la industria hotelera", son gestionados por una persona distinta del propietario o usan canales de comercialización turística. Si cumplen alguno de estos supuestos, los pisos deben figurar en el Registro General de Empresas, Establecimientos y Profesiones Turísticas de la Comunitat Valenciana. Airbnb, al actuar como intermediario entre anfitriones y huéspedes, niega ser un comercializador.
Valencia tiene a fecha de hoy 1.261 apartamentos turísticos registrados, según fuentes de la Agència Valenciana de Turisme. Esta cifra corresponde a 5.623 plazas disponibles en esta modalidad de alojamiento. En el conjunto de la Comunitat hay 40.823 apartamentos inscritos, que corresponden a 197.330 plazas. Es difícil cifrar el número real de immuebles dedicados a alojar turistas, si bien la patronal hotelera Exceltur calcula que solo en el primer trimestre durmieron en Valencia 15.000 turistas en pisos turísticos.
Disparidad de modelos
Pionera en la legislación sobre pisos turísticos, la Comunidad de Madrid es la que impone condiciones más estrictas. En julio de 2014 aprobó un decreto, recurrido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que prohíbe alquilar habitaciones a turistas por menos de cinco días. Según Airbnb, los usuarios del portal que visitan Madrid se quedan una media de 4,6 noches en la ciudad.
La otra condición del Gobierno madrileño para las viviendas de uso turístico es que "no podrán utilizarse como residencia permanente". Este requisito casa poco con la realidad: tres cuartas partes de los anfitriones madrileños comparten la casa en la que viven, según un reciente estudio del propio portal. Pero la Comunidad no permite alquilar habitaciones sueltas.
La postura de la popular plataforma es que se debe regular su servicio y sus referentes son París y Amsterdam. En Francia cualquier persona puede alquilar su casa a turistas sin tener que pedir permiso, siempre que sea su vivienda habitual. La capital de los Países Bajos, por su parte, acordó con Airbnb que el portal recaudaría la tasa turística y ofrecería a los usuarios información sobre la normativa legal. Soluciones dispares para un modelo de alquiler turístico tan boyante como desregulado.
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