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VALENCIA. Todo el modelo comercial está en revisión. El primer mensaje de calado del Consell sobre su futura política económica sonó a enmienda a la totalidad a la gestión del PP sobre la regulación de horarios comerciales. La vicepresidencia y portavoz, Mónica Oltra, trazó las líneas básicas de una estrategia que pasa por realizar un profundo diagnóstico de la situación actual y promover una reforma que priorice la creación de empleo. La idea fundamental es que la liberalización horaria está en regresión.
La regulación de las aperturas del comercio en festivos es una de las cuestiones más urgentes a las que se enfrenta el nuevo Gobierno autonómico. El conseller con competencias sobre el sector, Rafael Climent, tendrá que encontrar una fórmula que sea capaz de armonizar los intereses del pequeño comercio, tradicionalmente opuesto a la liberalización, con las aspiraciones de las grandes superficies.
El punto de partida es el decreto ley que su antecensor en el cargo, el popular Máximo Buch sacó adelante en el tramo final de la pasada legislatura para tratar de aportar claridad a los criterios que debería cumplir cada municipio para poder acogerse a la declaración de zona de gran afluencia turística (ZGAT) y, por tanto, liberalizar por completo la actividad comercial. La norma, impulsada después de varios meses en los que el conseller no fue capaz de propiciar el entendimiento entre grandes y pequeñas superficies, satisfizo en líneas generales a los pequeños comerciante pero suscitó el rechazo de la gran distribución, que apreció que los requisitos eran excesivamente exigentes.
¿Cuál es la postura del nuevo Gobierno para armonizar los intereses de grandes y pequeños comerciantes? Por el momento, la vicepresidenta del Consell anuncia que se va a imponer una "moratoria y una revisión" de todos los expedientes de aperturas de grandes superficies comerciales. Desde ahora, cualquier autorización se supeditará "a la creación neta de puestos de trabajo y de calidad".
La postura supone un mazazo para todos los grandes operadores comerciales que, por distintas vías, están intentando encontrar algún resquicio legal que les permita disfrutar de unos "privilegios" que, a su juicio, generan un agravio comparativo con los establecimientos que se encuentran obligados en zonas de gran afluencia turística.
El ejemplo más evidente es el de los centros comerciales ubicados en municipios del área metropolitana de Valencia, que durante los últimos dos años han recurrido a todo tipo de estrategias -desde condicionar inversiones hasta amagar con iniciar acciones legales- para tratar de forzar sus municipios respectivos a declararse zonas turísticas.
El que más lejos ha llegado en este sentido ha sido el centro comercial Gran Turia de Xirivella, cuyos abogados han encontrado en la apelación a la Ley de Unidad de Mercado el resquicio necesario para que la Comisión Nacional de la Competencia haya presentado un recurso en la Audiencia Nacional contra dos resoluciones del Consell que le negaban la apertura.
PRUDENCIA Y EXPECTACIÓN
La moratoria anunciada por el Consell para debatir sobre qué modelo "crea puestos de trabajo y genera comercio de proximidad" no ha encontrado réplica entre los principales afectados por la medida. Gran Turia rechazó ayer a petición de Valenciaplaza realizar cualquier tipo de valoración al anuncio de Oltra por el temor de que pueda influir en el contencioso que se tramita en la Audiencia Nacional.
Tampoco Anged, la asociación que defiende los intereses de las grandes cadenas, quiso salir al paso de las intenciones de la Generalitat. La organización, que defiende los intereses de cadenas como El Corte Inglés o Carrefour, opta por "esperar y ver" las medidas concretas en las que se transforma la declaración de principios de este miércoles, pero aspira a poder sentarse con el nuevo conseller para hacerle llegar su punto de vista.
En su justificación sobre las situaciones que ha generado la política liberalizadora del PP, en particular en la ciudad de Valencia, Mónica Oltra incluso citó casos concretos, como el del centro comercial Arena en el que a su juicio la cercanía del estadio Ciudad de Valencia no justifica la declaración de zona de gran afluencia turística.
La Conselleria de Economía y Comercio, no obstante, no tiene potestad para alterar en mapa actual mapa de la liberalización horaria en Valencia, configurado en torno a cuatro grandes zonas declaradas de gran afluencia turística: el Jardín del Turia, la Marina Real y sus accesos, Ciutat Vella y L'Eixample y el mencionado entorno del estadio del Levante UD. A ellos se ha sumado recientemente -tras una sentencia favorable a Media Markt que el Ayuntamiento no recurrió- el eje Corts Valencianes, lo que en la práctica no deja a ninguna gran superficie de la ciudad fuera de las áreas liberalizadas.
Tal y como publicó Valenciaplaza, el alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), también está por la reducción de zonas liberalizadas en la capital. En este caso, la norma que rige es el Real Decreto Ley 20/2012 con el que el Gobierno central obligó a catorce ciudades, Alicante y Valencia entre ellas, a declarar al menos una zona de gran afluencia turística. Rita Barberá impulsó la aprobación de las cuatro zonas mencionadas.
UNA CRISIS CERRADA EN FALSO
En el origen del creciente enfrentamiento entre pequeños comerciantes y de estos últimos con la administración autonómica está el anuncio del presidente Alberto Fabra en septiembre de 2013 de que toda la Comunitat tendría la consideración de gran afluencia turística, lo que en la práctica suponía abrir las puertas de par en par a la total liberalización de horarios comerciales con el mero requisito de que cada ayuntamiento solicitase el reconocimiento como ZGAT.
Lo que en su momento el PP trató de vender como una herramienta para que los municipios pudieran actuar con libertad le acabó estallando en las manos al Consell. No han faltado ejemplos de alcaldes que, ante la proximidad de las elecciones municipales, se han terminado posicionando del lado de los pequeños comerciantes y enfrentándose a las grandes cadenas. El más sonado ha sido sin duda el de Ikea y Alfafar, cuyo alcalde prometió a la firma sueca libertad absoluta a cambio de que se instalase en su municipio para cambiar de criterio con la tienda a punto de abrir sus puertas.
Ante esa tesitura, el Gobierno regional se vio forzado a legislar para limitar el margen de maniobra de los ayuntamientos y evitar desigualdades. Del planteamiento ultraliberalizador de Alberto Fabra se pasó, para disgusto de la gran distribución, a un modelo especialmente restrictivo con las grandes superficies al imponer criterios muy exigentes para los municipios que aspiren a la declaración de ZGAT como, por ejemplo, disponer de al menos un 20% de segundas residencias.
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