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VALENCIA. Acabar con los conciertos sanitarios es una de las pretensiones del Consell que entra. Ya lo dejaron claro los candidatos a la presidencia de la Generalitat del PSPV, Ximo Puig, de Compromís, Mónica Oltra, y de Podemos, Antonio Montiel. Este martes también lo hizo la consejera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, quien se comprometió en su discurso a rescindir "todos los conciertos posibles".

Actualmente, los contratos por los que la Generalitat tiene cedida la asistencia sanitaria de cinco departamentos de salud a concesionarias privadas -concretamente de Alzira, Torrevieja, Dénia, Elche-Vinalopó y Manises-, tienen una vigencia de 15 años que podría ser prorrogables otros cinco. La cuestión es que aún queda demasiado tiempo para que terminen las concesiones. Concretamente el fin de la del Hospital de Alzira es en 2018, misma fecha que el de las resonancias magnéticas. Después será el turno de Torrevieja en 2021, Dénia en 2023, Manises en 2014 y Elche en 2015.

Con estas fechas y el estado de las arcas de la Generalitat, es imposible dedicarse a rescindir los contratos de los conciertos sin más al no poder asumir el coste que supone rescatar la concesión. A partir de ahí se abren tres tipos de acciones por parte de la Generalitat. En primer lugar, esperar a que se acaben los conciertos y volver a hacerlos públicos. Esta decisión implicaría que en esta legislatura solo entraría el del Alzira y supeditarían el terminar con el resto a seguir en el poder.

La segunda acción pasa por analizar caso por caso la documentación y condiciones de cada una de las concesiones que, según explican fuentes de la Conselleria, se les han negado históricamente. Con esto buscan que las empresas concesionarias cumplan íntegramente las reglas para poder sacar todo el partido a los conciertos o en el caso de no hacer lo acordado dentro de los conciertos exigir que se cumplan y si no es así impugnar el concurso y revocarlo.

Además, su intención es modificar el sistema de los cinco comisionados que son los encargados de supervisar el cumplimiento de los conciertos, pero siempre teniendo en cuenta la opinión de los servicios jurídicos de la Generalitat. El nuevo Gobierno asegura que intenta evitar que se pierda dinero por el camino como el destapado en la denuncia que hizo el PSPV alertando de que la Generalitat había dejado de ingresas desde 2009 a 20012 un total de 41,7 millones de euros de la empresa que gestiona el Hospital de Manises.

Se trata de la suma que procede de las compensaciones intercentros, es decir, de los pacientes que, a pesar de estar asignados en el centro de gestión privada de la localidad de l'Horta Nord, han sido atendidos en otros hospitales por diferentes causas. En el intercambio de carteras de Carmen Montón y Manuel LLombart, conseller de Sanidad saliente, estaba presente Alberto de Rosa, presidente y consejero delegado de Ribera Salud, grupo propietario del 100% de las concesionarias de los hospitales públicos de Elche y Torrevieja y sus departamentos de salud y del 96% de Alzira.

De Rosa se acercó a saludar a nueva consellera, y negó estar nervioso por la postura del nuevo Consell respecto a los conciertos al haber unos contratos firmados que se deben respetar. De Rosa, quien también preside la comisión de la cooperación público-privada de la Confederación Empresarial Valenciana, destacó que en su última reunión han acordado volver a presentar un observatorio de colaboración público-privada para poder acercar posturas con el nuevo Gobierno.