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VALENCIA. Crecí rodeada de libros, periódicos, tebeos, revistas y material de oficina. La librería-papelería que regentaba mi padre durante los años 70 se abría a las seis de la mañana y se cerraba pasadas las ocho de la tarde (con un paréntesis a la hora de comer), sábados incluidos. Los domingos abría hasta las dos. A pesar de que me parecía que mi padre trabajaba demasiado (a qué hijo no), también entendía que él intentaba dar el mejor servicio posible a sus clientes porque pensaba que en eso radicaba el éxito de su negocio y que ello implicaba horarios amplios, constancia y dedicación.

Volviendo al presente, ahora que vuelve a hablarse de restringir nuevamente los horarios de apertura en Valencia, creo que vale la pena reflexionar sobre el tema desde un punto de vista económico. En mi caso, siempre he pensado que, en el comercio minorista, cada uno debía decidir sus horarios teniendo en cuenta las características de su actividad y las necesidades de sus clientes. Precisamente los tenderos tradicionales, a los que se utiliza en ocasiones como excusa para introducir restricciones y prohibiciones, son los que mejor conocen su sector y los que mejor saben lo que deben hacer para seguir levantando la persiana todos los días.

Hace unos días el Banco de España publicó el Informe Anual 2014, donde dedica unas páginas a analizar cómo las diferentes etapas de mayor o menor regulación del comercio minorista han afectado a la evolución de la eficiencia del mismo (páginas 93-95). Se trata de un sector muy importante en la economía española, pues supone el 13.4% del empleo y un 6.7% del valor añadido bruto, es decir, de la producción. Tradicionalmente el comercio al por menor ha estado fuertemente regulado, con la característica adicional de que la mayor parte de las competencias están transferidas a las Comunidades Autónomas (CCAA), aunque las normas básicas continúan siendo competencia del Estado.

Además de la regulación nacional y autonómica, en 2006 se aprobó la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior, que constituye una norma muy importante al tener como objetivo el cumplimiento de una de las llamadas "cuatro libertades" fundamentales de la UE: la libre prestación de servicios. El argumento es que aún quedan obstáculos que encarecen el precio de los servicios o impiden su libre prestación y que ello supone una pérdida de eficiencia para el área en su conjunto. Uno de los resultados de la aplicación de esta directiva está siendo, por ejemplo, la eliminación progresiva de los sobrecostes del uso del móvil cuando nos movemos dentro de la UE (roaming).

Dado el elevado peso que tienen los servicios en las economías europeas, en general, y en la española, en particular, la eliminación de barreras y reglamentaciones no sólo van a abaratar los propios servicios cuando los adquieren los consumidores, sino que también mejoran la competitividad, puesto que muchos servicios se prestan a las empresas.

En el antes citado informe del Banco de España se analiza la evolución de la regulación en las CCAA utilizando un indicador que se muestra en rojo en el gráfico. Su valor puede oscilar entre 0 y 10, siendo 10 el máximo nivel de regulación. Dado que el grado de regulación es muy heterogéneo, se suele ponderar por la población. En él se tiene en cuenta la regulación en materia de apertura en domingos y festivos, horario semanal global, período de rebajas, impuestos a las grandes superficies, moratorias comerciales y licencia autonómica para las tiendas de descuento duro. En azul se muestra la creación y destrucción de empresas en términos de las existentes.

Evolución de la regulación y tasa de creación de empresas 

Puede observarse que, desde 1999 hasta 2005 se produjo un aumento muy importante de la regulación. En concreto, en 2005 se redujeron los horarios comerciales (tanto la apertura en domingos y festivos como el número de horas de apertura al público), afectando principalmente a las grandes superficies. Sólo después de la aprobación de la Directiva de Servicios y su transposición, alrededor de 2010, se ha comenzado a desmantelar barreras, por ejemplo reduciendo los trámites administrativos para abrir pequeños comercios, al tiempo que se ha liberalizado el período de rebajas y los horarios turísticos. Otra de las medidas que se aplicaron en 2013 y 2014 fue la reducción de exigencias para obtener la denominación de "zona de gran afluencia turística", que permite también flexibilizar los horarios comerciales.

Sin embargo, contrariamente a lo que pueda pensarse, no parece que la regulación más restrictiva proteja al comercio tradicional. Por el contrario, como puede verse en el gráfico, los períodos de mayor regulación suelen coincidir con menor número de comercios en funcionamiento.

Por otro lado, el citado estudio también analiza la relación entre la normativa de las CCAA y la eficiencia y productividad del empleo. Las dos medidas de liberalización que más repercusión tienen sobre eficiencia son, por este orden, la de los horarios de apertura en domingos y festivos y la flexibilización del período de rebajas.

Evidentemente este tipo de medidas deben verse acompañadas por contratos de empleo que permitan a los pequeños comercios crear puestos de trabajo a tiempo parcial, de manera que la apertura en festivos y domingos no les sitúe en desventaja respecto a las grandes superficies. No se trata de obligar a nadie a abrir o a realizar rebajas cuando no quiera. Tampoco el consumidor irá a comprar si no le resulta cómodo. Se trata de permitir que cada uno de ellos tome sus decisiones y de adaptar los horarios comerciales a los cambios culturales y a las necesidades de los consumidores. El tiempo nos dirá a todos cuál es la decisión más correcta.