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VALENCIA. La detención de Botnari Gheorghii Alexandr en Moldavia ha cerrado el círculo de uno de los casos de corrupción más importantes de Valencia, al descubrirse que bajo esta identidad falsa se escondía en realidad el cerebro del caso Emarsa, el empresario Jorge Ignacio Roca Samper, fugado durante todo el proceso. El juzgado de instrucción número 15 de Valencia está pendiente de su extradición, mientras las acusaciones solicitan su ingreso en prisión hasta que se celebre el juicio, el próximo 2 de noviembre.

Los gestores y responsables políticos de Emarsa, la empresa pública que gestionaba la depuradora valenciana de Pinedo bajo el paraguas de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), están pendientes de juicio tras un proceso judicial que ha durado cuatro años y en el que se les acusa de causar una agujero a las arcas públicas de 23,7 millones de euros. Roca había montado una trama de empresas para evadir dinero de la empresa pública hacia otros países y paraísos fiscales como Panamá, Andorra, Malta y Rumanía.

Cuando la policía moldava detuvo a Bornari por cometer un delito en la ciudad desde donde seguía tejiendo su entramado de empresas, procedieron a tomarle las huellas dactilares. Entonces descubrieron, para su sopresa, que se trataba en realidad del empresario Jorge Ignacio Roca, considerado como uno de los cerebros del caso Emarsa, y sobre el que pesaba una Euroorden  de detención desde enero de 2012.

AVISO A LA INTERPOL

En ese momento, la policía moldava lo puso en conocimiento de la Interpol y ésta lo notificó a las autoridades españolas. El juzgado de Valencia que había ordenado su detención y entrega hace más de tres años acaba de requerir a las acusaciones que soliciten su ingreso en prisión preventiva hasta que se celebre el juicio por riesgo de fuga.

Precisamente, la esposa de Roca, Águila Aladrén, es la única acusada en este proceso que ha entrado en prisión y que sigue en ella desde septiembre de 2012. Desde entonces, y pese a tener a su cargo a dos hijos de corta edad, el juez le ha denegado sistemáticamente la libertad por si escapaba a la acción de la justicia.

Aladrén en ningún momento se ha mostrado colaboradora ni ha dado ninguna pista que pudiera llevar hasta su marido, pese a que antes de su detención había realizado varios viajes a Rumanía.

Finalmente, ha sido Moldavia el último lugar en el que se ha escondido Roca, país con el que España tiene convenio Europeo de Extradición. Es más, en octubre de 2013 firmaron un convenio de colaboración en asuntos de seguridad y lucha contra la delincuencia que ha facilitado la identificación de Roca.

LA TRAMA

Las implicaciones políticas cobran mayor importancia con la detención de Roca, tras la imputación del exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Manises Enrique Crespo, acusado de un delito continuado de falsedad en documento público, así como del delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial con el delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Entre los acusados también figura José Juan Morenilla, ex gerente de la empresa pública Epsar, para el saneamiento de aguas residuales, y el ex jefe de explotaciones de ésta, Ignacio Bernácer, para los que también pide el fiscal 14 años de cárcel. Mientras que para el ex gerente de Emarsa, encargada de gestionar los lodos de Valencia, le pide 12 años de prisión.

Para el resto de acusados, veinte en total, el fiscal pide penas de ocho años por malversación y falsedad, en el caso de Juan Carlos Gimeno, Vicente Ros, José Luis Sena y Enrique Sena; siete años de prisión para Enrique Arnal, Daniel Calzada y Adolfo Polo; seis años para Santos Peral, Ignacio Martínez y Rafael Quiles, y cinco años de cárcel para Antonio José Arnal, Vicente Tomás, Eva María Marsal, Sebastián García, Luis Botella, Ana María Ríos y Leonor Moreno.

También pide penas de cuatro años para José Ramón Cuesta, Juan Manuel García de tres años y seis meses, y para María Paz García, acusada de blanqueo de capitales.

La Emshi, entidad pública formada por varios ayuntamientos del área metropolitana de Valencia, deberá responder como responsable civil solidario con una indemnización de más de 8 millones de euros.