AVISO DE COOKIES: Este sitio web hace uso de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así como la mejora del funcionamiento y personalización de la experiencia de navegación del usuario. Aceptar
Más información
VALENCIA. Por cajas se iba llevando la Guardia Civil la documentación de los ayuntamientos de Valencia, Castellón, Dénia y Gandia, en una operación de la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional coordinada con la UCO. Buscaban los contratos con Alejandro de Pedro, "trabajos de reputación en Internet", encargados por estas administraciones públicas a la empresa EICO, vinculado al constructor David Marjaliza, muy próximo al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, arrestado hace unos meses. 
Los agentes entraron por la mañana en estos cuatro ayuntamientos de la Comunidad Valenciana y en otros siete en Madrid con los requerimientos judiciales para que se les facilitase la facturación de estos dos empresarios.
Lo que la Fiscalía Anticorrupción busca, en realidad, es quién ordenó los contratos, es decir, los cargos públicos que tomaron esta decisión. Se trata de la "Operación Púnica II", la de los aforados, ya que en estas pesquisas podrían aparecer cargos electos que participaron en la adjudicación de los contratos, como ya ha sucedido con Salvador Victoria y Lucía Figar, dos consejeros de la Comunidad de Madrid que han dimitido hace una semana tras ser citados como imputados por el juez que dirige la causa, Eloy Velasco.
Actualmente no hay comentarios para esta noticia.
Si quieres dejarnos un comentario rellena el siguiente formulario con tu nombre, tu dirección de correo electrónico y tu comentario.
Tu email nunca será publicado o compartido. Los campos con * son obligatorios. Los comentarios deben ser aprobados por el administrador antes de ser publicados.
imprimir
meneame
whatsapp
