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¿Por qué es necesario reformar las administraciones públicas en España? Sirvan dos ejemplos más allá de la experiencia personal de cada uno. En los últimos 10 años, España ha pasado de encontrarse entre el 10% de países con mayor puntuación a situarse en el 20% en las encuestas sobre efectividad del gobierno que forman el World Gobernance Indicator del Banco Mundial. Y según un estudio del CB Netherlands Bureau for Economic Policy, el coste que supone para las empresas cumplir con los trámites administrativos para realizar su actividad es en España del 4,6% del PIB, uno de los más altos de la UE, empatada con Italia, Portugal y Eslovenia y sólo superada por Grecia y Hungría (Alemania y Francia están en torno al 3,5% y Finlandia, Suecia y Reino Unido, los que tienen un coste menor, se encuentran por debajo del 1.5%). La reforma de las administraciones públicas españolas es, en consecuencia, una tarea ineludible, con el objetivo doble de mejorar la eficacia del Gobierno e incrementar su eficiencia, es decir, cumplir con su tarea y hacerlo con el menor gasto de recursos.

Este es un proceso que en las últimas décadas se han planteado la mayoría de los países desarrollados. Respondiendo a propuestas como las del New Public Management (Nueva Gerencia Pública), estas reformas, cuyo avance fue notable en los países anglosajones y escandinavos, se han basado en los principios de menor burocracia, mayor transparencia, mayor flexibilidad y poner la atención al ciudadano en el centro de la tarea de la administración. Estas reformas, en general, han sido una respuesta a la aparición de nuevas circunstancias entre las que destacan la globalización de las economías o las nuevas tecnologías de la información y en ellas se integran propuestas como la gestión privada de los hospitales de sistema nacional de salud o las prisiones.

La situación en España ha sido un poco diferente. El proceso de descentralización que se experimentó desde los años ochenta con la transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas se sobrepuso a las prácticas reformadoras que se realizaban en otros países. Las primeras reformas tuvieron como objetivo la creación una Función Pública profesional, garantizar la igualdad de los ciudadanos en los procedimientos y proteger su seguridad jurídica ante la actuación de la administración u organizar y racionalizar el entramado institucional del Estado, antes que poner el énfasis en una modernización real de su funcionamiento. No significa esto que no se realizara otro tipo de reformas. Las nuevas administraciones incorporaron rápidamente un sistema de descentralización, a través de Agencias (estructuras organizativas dotadas generalmente de personalidad jurídica), y de privatización y externalización de servicios (las empresas de suministro de agua, por ejemplo).

¿Una coordinación imposible?

En la última década, prácticamente concluido el proceso de descentralización, las reformas han continuado. Un factor nuevo, la crisis económica, ha acentuado la demanda de cambios en el sector público. Entre las reformas imprescindibles se encuentra la mejora de la coordinación y la colaboración de los distintos niveles de gobierno. Dos elementos determinan su necesidad. En primer lugar, el reparto de competencias entre administraciones establece que en muchos temas la competencia legislativa recaiga en un nivel de gobierno mientras que la ejecución de las políticas corresponda a uno distinto. Un ejemplo es la reciente aplicación de la ley de dependencia. En segundo lugar, muchos problemas afectan de forma horizontal a todos los niveles de gobierno, ayuntamientos, comunidades y Estado como por ejemplo en las políticas migratorias y de integración de los inmigrantes. Propuestas más recientes de reasignación de competencias entre Comunidades Autónomas y Estado parecen responder a una estrategia política de imposible implementación.

Dentro de esta coordinación es necesario avanzar con rapidez en la simplificación de los trámites. Es la conocida ventanilla única, el agrupamiento en una sola instancia u organismo de todos los trámites diferentes que el ciudadano debe realizar ante la Administración pública con un fin particular. En este sentido se deberían aprovechar las oportunidades de aplicar la e-administración («El uso de tecnologías de la información y la comunicación, en particular Internet, como una herramienta para lograr una Administración mejor», según la definición de la OCDE) para aumentar la productividad. Según los indicadores de las Naciones Unidas sobre medición de aplicación de nuevas tecnologías, la utilización de la e-Administración ha mejorado en los últimos años, pasando del puesto 20 en 2008 al 9 en 2010. Sin embargo, el camino por recorrer es todavía largo y el esfuerzo de mejora es necesario. Valga como ejemplo que sólo el 8% de los ciudadanos que conectaron por internet con la Administración central utilizó la red para realizar sus trámites.

La imprescindible evaluación

Un tercer aspecto a tener en cuenta es la necesaria evaluación de las políticas públicas. En España, salvo excepciones contadas, las nuevas normas y propuestas normativas carecen completamente de cualquier estimación del impacto de la regulación en los agentes afectados. Tradicionalmente, el único estudio de impacto económico que se realiza es el del impacto en el presupuesto público. Recientemente la OCDE ha recomendado a nuestro país un enfoque más transparente de cómo se elabora la regulación y además un enfoque más económico. En el buen camino se ha movido la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios y la exigencia de una memoria del análisis de impacto normativo de cada nueva regulación. Pero dado que buena parte de las competencias que antes pertenecían a la Administración Central están ahora en poder de las Comunidades Autónomas, sería conveniente que también estas adoptaran medidas similares.

Hay que racionalizar las entidades creadas en los últimos años para externalizar tareas. En 2003 había 2.366 sociedades mercantiles o entidades públicas empresariales; en 2007 había aumentado a 3.807. En ellas, junto a algunas de indudable sentido, se incluyen otras como la autonómica CIEGSA, que carecen de control y acumulan deudas que tarde o temprano recaerán en los presupuestos públicos. La experiencia internacional en los países anglosajones y escandinavos está comenzando a observar los inconvenientes de este proceso de separación y segmentación de actividades, en forma de una pérdida de información, debido a la falta de coordinación y control, y de la existencia de problemas que no afectan a una única agencia. El esfuerzo más reciente en este línea se ha producido con la reforma del sector público el pasado julio.

Por último, no hay que perder de vista que la obtención de una mayor eficiencia en el desempeño de su cometido por parte de las Administraciones Públicas no se debe hacer a costa de otros objetivos, como la justicia y la equidad, igualmente importantes, que contribuyen a aumentar la cohesión social del país.

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(*) Antonio Cubel Montesinos es profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Valencia

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