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VALENCIA (EP/VP). La Ficalía provincial de Valencia investigará, a raíz de una denuncia del grupo municipal de EU presentada el pasado mes de abril, si el equipo de Gobierno de la alcaldesa Rita Barberá cometió delito de prevaricación al denegar licencias de actividad económica y de reformas en el barrio de El Cabanyal durante los últimos cinco años.

Así lo ha anunciado este viernes el candidato a la alcaldía por EU, Amadeu Sanchis, en declaraciones a los medios a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Sanchis también ha anunciado la admisión a trámite por la Sala de lo Contencioso-Administrativo en el TSJCV de otra demanda relativa al mismo barrio marítimo, en esta ocasión contra la Generalitat, por no subrogar las competencias en materia de urbanismo al Ayuntamiento y hacer se cargo de ellas para permitir la concesión de licencias.

El edil ha mostrado la notificación de Fiscalía, con fecha del 6 de mayo, en la que señala que incoa diligencias de investigación penal y designa Fiscal instructor para conocer, según Sanchis, "las razones por las cuales EU ha denunciado por delito de prevaricación a Rita Barberá" ante su "negativa a conceder licencias de actividad económica y de reforma en el Cabanyal".

Así, se ha mostrado "satisfecho" con esta decisión de Fiscalía que considera "paso más" en la denuncia de EU por tener "el plan de Cabanyal parado durante cinco años, no haber actuado y ni haber permitido que los vecinos rehicieran su activiad económica y sus casas".

Para Sanchis, la investigación que abre Fiscalía "evidencia que el PP negó las concesiones sabiendo que se estaba saltando la ley". Es más, ha dicho, EU ha aportado "nuevas pruebas de cómo no ha habido ningún tipo de modificación de la orden del Ministerio para poder conceder licencias" ahora.

En este sentido ha recordado que "Rita Barberá y la vicepresidenta del Gobierno (Soraya Sánchez de Santamaría) dijeron que ya iban a conceder licencias pero nosotros sabíamos que eso se podía hacer desde hacía cinco años".

En su momento, EU esgrimió un informe de Abogacía del Estado de 2010 en la que se defendía las concesiones de licencias al entender que la orden del Ministerio de Cultura que suspendió en 2009 el Pepri original aprobado en solitario por el PP "en ningún momento paralizaba esta posibilidad".

DEMANDA ANTE EL TSJC

Por otra parte, el TSJCV ha admitido a trámite una nueva demanda de EU, esta vez contra la Generalitat, por no mantener la petición que el grupo municipal le presentó en julio de 2014 para que subrogara las competencias en materia de urbanismo del Ayuntamiento de Valencia "en tanto que considerábamos que en estos cinco años, cuatro en aquel momento, el consistorio no había cumplido con sus obligaciones urbanísticas en cuanto a El Cabanyal", en lo que se refiere a "limpieza viaria, mantenimiento o seguridad ciudadana y además había estado bloqueando las licencias de actividad y de reforma".

Amparándose en otros casos que ya se han dado en la Comunitat Valenciana, ha puntualizado Sanchis, EU solicitó al jefe del Consell, Alberto Fabra, que subrogara las competencias urbanísticas del Ayuntamiento y se las quedara la Generalitat "para poder bloquear así la prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez y cumplir con la orden del Ministerio". "Ha pasado un año, la Generalitat no nos ha contestado, presentamos un recurso al TSJCV que lo ha admitido a trámite".

Según el edil, ésta es una "nueva victoria de aquellos que hemos estado defendiendo que el barrio del Cabanyal no debería haber estado marginado estos cinco años, que había posibilidad de aplicar las ordenanzas como en cualquier otro barrio y de haber concedido licencias de actividad y de reforma menor y que ni la Generalitat ni el Ayuntamiento gobernadas por el PP tenían ni tienen la intención de hacerlo", ha sentenciado.

Sanchis ha dicho estar "muy satisfecho" de que el TSJCV haya admitido a trámite esta demanda contra la Generalitat "que en definitiva es también contra Rita Barberá", ha remarcado. Asimismo, ha lamentado que en todo este tiempo la Generalitat haya hecho "caso omiso" a su propuesta "sin dar ningún tipo de explicación" pese a que la subrogación es una posibilidad que permite la ley.

A su entender, es una "muestra de la debilidad" del presidente Fabra respecto a Rita Barberá y a la hora de plantarse a cumplir la misma normativa autonómica" y ha considerado "muy grave que un gobierno autonómico no tenga la capacidad de imponerse ante un Ayuntamiento cuando este no está haciendo sus deberes, en este caso en materia urbanística", ha concluido.