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VALENCIA (EFE). La Fiscalía ha mostrado este miércoles, durante el juicio de Terra Mítica, varias facturas de la empresa C3, firma de ingeniería de uno de los principales imputados en el caso, Vicente Conesa, a la UTE Terra Verd -de la que además Conesa era miembro-, en las que se triplicaron los precios de la subcontrata.
La Audiencia Provincial de Valencia ha acogido hoy la decimoctava sesión del juicio de Terra Mítica, con 35 acusados por un supuesto fraude superior a los 4 millones de euros, en la que han declarado cuatro testigos, todos ellos representantes de subcontratas que realizaron labores de jardinería y riego en las obras del parque.
Uno de ellos, José Artero Alcaraz, propietario de la empresa Arteriego SL, contratado por C3 Ingenieros para la realización de las instalaciones de riego de la jardinería, ha señalado que su empresa no era la única subcontratada para estos trabajos.
La fiscal le ha mostrado varias facturas que su empresa facturó a C3, una de ellas relativa a un conjunto de almacenamiento de fibra de vidrio por valor de 1.538.468 pesetas, y otra relativa a un sistema de control de riego por dos millones de pesetas.
Según el Ministerio fiscal, C3 trasladó dichas facturas a la UTE Terra Verd, de las que la empresa de ingeniería era miembro junto a Lubasa y Hormigones Martínez, con cantidades superiores, un total de 4.386.024 pesetas en el caso del conjunto de almacenamiento de fibra de vidrio, y de más de siete millones de pesetas en el del sistema de control de riego.
Preguntado por la fiscal sobre si pactó precios con Vicente Conesa para que el empresario obtuviera beneficioso o si sabe si el representante de C3 "para evitar grandes cantidades a Hacienda presentó facturas que no correspondían a las reales", ha asegurado que él "no pactó nada" y que desconoce totalmente este extremo.
Otro de los testigos, Óscar Casanova Ballester, socio de Delta Agrícola, dedicada a labores de jardinería y riego y que se declaró en concurso de acreedores en 2007, ha señalado que en el año 2000 eran socios de la empresa su padre, que llevaba la gestión económica, y Vicente Conesa, que se ocupa de la parte comercial y la búsqueda de clientes.
Otro de los testigos, José Luis Moreno Martínez, cuya empresa dedicada a la jardinería y mantenimiento trabajó para el grupo Lubasa entre los años 1996 y 2001, ha asegurado que el parque exigía que los trabajadores estuvieran contratados de forma legal, y que tenía que aportarse su DNI e identificarse en el control de entrada.
El último testigo en declarar en la sesión de hoy ha sido el ingeniero agrónomo Joaquín Sebastià Ferrer, que trabajaba para la empresa Delta Agrícola, de la que Vicente Conesa también era socio, en la captación de trabajo y supervisión, aunque también tenía poderes para firmar contratos de obras "menores".
Según ha asegurado, en la UTE Terra Verd (Lubasa, Hormigones Martínez y C3) las decisiones de la firma de contratos "no eran solo de una parte, sino de todos".
Preguntado sobre si la UTE les obligó a entregar el alta en la Seguridad Social de los trabajadores, ha titubeado y ha señalado que "con las prisas" no sabe si se suministraba toda la información, y que "cree que no fueron requeridos por ninguna empresa de Terra Mítica para justificar los trabajadores" aunque "no le consta" que hubiera trabajadores sin contrato.
También ha asegurado que hubo problemas en la red de riego por roturas, debido al trabajo de otras contratas, y que "siempre hubo problemas de suministro de agua".
Hoy debería haber declarado también un representante de la empresa L.R.Viveros Gimeno, que no ha podido acudir al juicio por un problema en su traslado desde Valladolid, según su abogado, quien además ha señalado que existe un error en el nombre y que su defendido no tiene nada que ver con el caso.
La juez ha planteado la posibilidad de que declare por vídeo conferencia, y el juicio está previsto que se retome el próximo lunes, día 18.
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