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(Este artículo se publicó en el número de febrero de 2015 de la revista Plaza)

VALENCIA. La superproducción de Ridley Scott, Exodus: Dioses y reyes, ha superado en España el millón de espectadores. De ese millón, habrá decenas, quizás centenares, que sean clientes de las franquicias Dentix o que hayan volado en Air Europa. Estas personas no lo saben, pero el dinero que se gastaron en esos servicios que recibieron es el que, en parte, ha pagado la película que después contemplaron en un cine de un centro comercial. Porque la última superproducción del director de Alien, la última película protagonizada por Christian Bale, es un largometraje hecho con una AIE, una ‘agrupación de interés económico’.

En el caso de Exodus, la AIE se ha creado en Fuerteventura, se llama Ramsés Producciones y ha sido impulsada por el Banco Santander. Los bancos, de un tiempo a esta parte, se han convertido en los grandes impulsores de las AIE cinematográficas. Su interés es evidente. Se trata de un negocio seguro para las entidades financieras, que sin riesgo pueden garantizarle un beneficio fiscal a determinados clientes, los llamados ‘sofisticados’, con capacidad de asesoría jurídica personalizada y una perspectiva inmediata de pago recurrente a Hacienda. 

Porque lo que ofrece una AIE a los inversores no es dinero contante, sino créditos fiscales, desgravaciones económicas de caras a futuros ejercicios. De ahí que no pueda ser inversor de una AIE cualquiera que tenga muchos ingresos, sino alguien que sepa, de manera fehaciente, que al año siguiente o en los sucesivos tiene que abonar grandes cantidades a Hacienda.

La eclosión de las AIE en el cine español ha sido cosa de 2014, una vez la Comisión Europea autorizó su uso para este tipo de proyectos. Si bien se encontraban incluidas en la Ley del Cine de 2008, no eran muchos los que acudían a ellas. En la Comunitat Valenciana, Eusebio Monzó, durante su breve mandato como director general del Instituto Valenciano del Audiovisual, impulsó en 2009 unas jornadas con los productores valencianos para fomentar esta vía de obtener liquidez.

Hasta la fecha se trataba de un mecanismo que se había empleado principalmente para la construcción de barcos. Entre los productores existía cierto escepticismo y eran muy pocos los que hacían uso de él. Ese recelo se vio confirmado cuando la Comisión Europea consideró ilegales estas ayudas en la industria naviera. En concreto fue sancionado por el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, el español Joaquín Almunia, en verano de 2013.

Pese a los precedentes, numerosos productores decidieron seguir adelante con las AIE en el cine. Se la jugaron y ganaron. La ratificación por parte de las autoridades de Bruselas a principios de 2014 de la validez del modelo en la industria audiovisual ha provocado esta auténtica efervescencia de un sistema que tiene muchos más detractores que defensores.

De hecho, las AIE son un mecanismo que sólo beneficia a largo plazo a las entidades bancarias, que han visto en este resquicio legal una nueva vía para obtener beneficios. Mientras a los promotores de las películas, especialmente para los productores, supone a la larga una muleta que conlleva sus miserias, ya que les limita en parte la explotación y conlleva algunas servidum- bres a posteriori.

BENEFICIO DEL 100% SIN RIESGO

Las AIE no suelen proponer más del 15% del coste de producción de una película, en algunos casos el 20 y hasta el 25%. Pese a ello, suelen ser en la práctica las propietarias de los largometrajes. El grueso del presupuesto sigue llegando a través de otras vías. Las ayudas públicas son cada vez menores, pero siguen siendo necesarias para muchas producciones, especialmente las pequeñas. Los derechos televisivos, la preventa y los derechos de explotación en soportes digitales son los que reportan buena parte del presupuesto de un filme.

Al frente de la AIE están normalmente el productor y una serie de inversores locales. Si una película cuesta un millón de euros, los inversores tienen derecho a unas deducciones fiscales de 200.000 euros, que se repartirán entre cada uno de los inversores y que cada cual deducirá en su declaración propia de la Renta o en el impuesto de Sociedades. Sin embargo, para formar la AIE bastaría con 100.000 euros. Con esta opción los inversores de la AIE se garantizarían en la práctica un beneficio del 100% sin riesgo. Si son cinco y han invertido cada uno 20.000 euros, dispondrán de 40.000 euros por cabeza/empresa de desgravación fiscal. No sería nunca dinero contante y sonante, pero en la práctica, sí que le reportaría los mismos dividendos. 

¿Por qué los productores acceden? Porque en muchas ocasiones esos metafóricos 100.000 euros son los que se precisan para llevar a cabo un largometraje. En las subvenciones, por ejemplo, tienen prioridad los largometrajes que cuentan con más visos de poder filmarse. Así lo señala el director general de CulturArts, José Luis Moreno, quien explica que en la Comunitat Valenciana la valoración de los técnicos tiende a primar a aquellas películas que cuentan con al menos garantías económicas de que se van a hacer. «Se valora la financiación, aunque siempre habrá películas que pueden comenzar a armar su presupuesto a partir de las ayuda de Valencia, pero no es mayoritario; es habitual, pero no mayoritario», explica.

Asimismo, esos 100.000 euros simbólicos permiten a los productores negociar en condiciones más ventajosas los créditos financieros que precisan antes de rodar un largometraje, ya que buena parte de los ingresos son tras la realización de la película (taquilla, venta de DVD, derechos de televisión). De ahí que haya incluso ocasiones en las que la AIE es un paquete bancario: el banco te encuentra el inversor y el banco te concede el crédito. Entre los bancos que se han especializado en este tipo de negocios, según los productores consultados, se hallan Banesto, Banco Santander y Bankinter.

UN NEGOCIO EXTENDIDO

En este contexto, la AIE se ha convertido en muchas ocasiones en la chispa necesaria para encender las cámaras. Así sucedió con La vida inesperada, protagonizada por Javier Cámara. El largometraje tenía problemas para reunir el presupuesto. Su productora, la madrileña Beatriz Bodegas, encontró, a través de los productores valencianos Pedro Pastor y Lourdes Reyna, una inversora, en concreto unas bodegas, con la que puso en marcha la AIE que hizo posible el rodaje. Dicha AIE está constituida en Valencia y su domicilio fiscal está en una céntrica plaza.

Perdona si te llamo amor o El Niño de Daniel Monzón son otros de los largometrajes que han logrado parte de su presupuesto mediante esta vía. Y antes que ellos estuvieron películas tan comerciales como [Rec] 3 Génesis, dirigida por el valenciano Paco Plaza. Hasta la celebrada Ocho apellidos vascos, de Emilio Martínez-Lázaro, la película más taquillera de la historia del cine español con sus casi 70 millones de euros de recaudación, ha tenido su AIE, Snow Films.

Aunque pudiera parecerlo, las AIE no son sólo un negocio para entidades financieras. En la actualidad están tan extendidas que algunos despachos de abogados de Madrid negocian directamente con las productoras el inversor así como los métodos de financiación. Así fue con la AIE del largometraje Matar el tiempo, del veterano cineasta Antonio Hernández, ganador de un Goya, que ha promovido el valenciano Acero y que se ha rodado parcialmente en el hotel Westin de Valencia. En su caso fue el bufete de abogados Ramón y Cajal el que les encontró los inversores, que procedían de Valencia y de Madrid.

¿MODELO O PARCHE?

Pero el modelo no parece convencer a los más veteranos, quienes abogan por una ley de mecenazgo al estilo francés. Así se manifiesta por ejemplo el valenciano Pedro Pastor, uno de los primeros en realizar películas con AIE, el largometraje Lo mejor de Eva, protagonizado por Leonor Watling y Miguel Ángel Silvestre. «Lo que necesitamos es una normativa como la que tienen los franceses, que permite a cualquier profesional liberal colaborar con una producción cinematográfica. Con este modelo muy pocas personas pueden realmente invertir en cine», explica. «Si un profesional liberal o un grupo de personas quieren apoyar un largometraje, sin perder mucho dinero, este tipo de vías le son inaccesibles», añade.

En parecidos términos se expresa otro destacado productor, Fernando Bovaira, quien acaba de regresar de Canadá donde ha estado rodando la última película de Alejandro Amenábar. Mirando al futuro, Bovaira señala que el modelo que se ha instalado en los últimos años con las AIE «no es el vehículo adecuado para el cine». «Se ha encajado de manera forzada en el negocio cinematográfico y además está dando problemas de inseguridad jurídica para el inversor», explica.

Igualmente, recuerda Pastor, una AIE es una empresa en la práctica, con lo cual tiene que presentar sus cuentas anuales, hacer sus declaraciones trimestrales de IVA... Y, por si fuera poco, han sido varios ya los casos de AIE’s que no han sido reconocidas por el Ministerio de Hacienda, con lo que la desgravación fiscal se ha perdido. «En esta película, [la Dirección General de] Tributos [del Ministerio de Hacienda] es el malo», bromea Pastor.

Sólo en las entidades bancarias le ven visos de viabilidad a lo que muchos productores consideran un «parche», tal y como lo define Pastor, que crea muchas dudas y preguntas entre los propios cineastas. De hecho, aunque todos se apoyan en ellas, las AIE se entienden como un mal menor a la espera de un nuevo sistema de desgravaciones fiscales específico para la industria audiovisual.

Si se trata sólo de ganar dinero, dicen los productores, las AIE tienen un pase, pero si el cine tiene que crecer como industria, éste no es el camino. Ni mucho menos es un atajo.