Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• PSPV, Compromís y Podemos presentan la proposición de ley para recuperar RTVV 
• El Gobierno manchego recurrirá el nuevo trasvase del Tajo al Segura
• Montiel (Podemos), con 67.500 euros, el portavoz con más retribuciones en 2014

VALENCIA (EP). El PSPV se ha sumado a la Fiscalía Anticorrupción y ha presentado una querella en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, la exconsellera, ex secretaria autonómica de comunicación del Consell y exdirectora de Televisión Valenciana, Lola Jonhson, y el expiloto Jorge Martínez Aspar, por la causa de Valmor. En su escrito acusa a Camps de urdir un plan para obtener rédito electoral que causó cuantiosos daños, tanto económicos como de "pérd ida de confianza de los ciudadanos hacia las instituciones".

Los socialistas solicitan al tribunal valenciano su personación como acusación popular en el procedimiento que se sigue desde el pasado mes de febrero --cuando se admitió a trámite la querella del ministerio público-- por presuntas irregularidades en la gestión y contratación de la Fórmula 1 en Valencia.

En la querella ante el TSJCV, el PSPV sostiene que Camps "urdió un plan para financiar los costes --de la organización de la Fórmula 1-- con cargo al erario público mediante complejos subterfugios que le permitieran sostener ante la opinión pública que el coste sería cero y obtener con ello un rédito electoral".

Desde el principio --siempre según consta en el mismo escrito--, Camps ofreció al magnate de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, la celebración de varias ediciones del campeonato en la ciudad de Valencia, "negoció personalmente con él mismo", se comprometió en nombre de la Generalitat a asegurar la viabilidad técnica y económica de la prueba, y negoció personalmente con él mismo todas las condiciones de los contratos.

Así mismo, el PSPV sostiene que el exjefe del Consell, "con la finalidad de eludir los controles legales, económicos y parlamentarios", de "común acuerdo" también con Aspar, idearon que se constituyera una empresa privada --Valmor Sports S.L.--, "sin ninguna experiencia en la organización de este tipo de eventos ni de cualquier otro", para preparar la prueba, "a sabiendas de que iba a ser la empresa pública Circuito del Motor y Promoción Deportiva S.A. la que iba a encargarse de toda la organización de la prueba, y a sabiendas de que ello iba a suponer un perjuicio para las arcas públicas de varios millones de euros".

Valmor Sports, al carecer de medios materiales y personales, tuvo que contratar con esta empresa pública en marzo de 2008 que se encargara de la organización --lo que hizo durante los años 2008 a 2012-- sin que por parte de la mercantil privada se abonara ninguna cantidad en concepto de contraprestación, y sin que la empresa pública le reclamara dinero por estos trabajos.

Esta situación "se agrava" ante el hecho de que el precio de las entradas pagadas por los visitantes a la prueba era recaudada "en exclusiva" por la empresa privada, mientras que la empresa pública sufragaba los gastos de organización.

93 MILLONES DE CANON

Además, y una vez celebrada la primera edición de la prueba en 2008, visto que el resultado económico no era ventajoso para Valmor, Camps pactó con Ecclestone que fuera la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana S.A. la que asumiera el pago del canon --en lugar de Valmor--, por lo que "con cargo al presupuesto de la Generalitat se han abonado la suma de 93.760.605 euros en concepto de canon", a lo que hay que sumar el coste de la organización anual asumido por Circuito del Motor.

Sin embargo, "aún no fue suficiente" y Camps negoció de nuevo con Ecclestone en 2011 que la Generalitat se convirtiera en avalista de Valmor, "al margen de cualquier procedimiento administrativo, contraviniendo toda la normativa autonómica sobre la concesión de avales". Así, Camps ordenó a Johnson firmar este contrato "sabiendo que la misma no era competente para ello".

El PSPV estima, en conclusión, que estos hechos revisten "la gravedad suficiente", al menos de forma indiciaria, para poder ser investigados en mayor profundidad, ya que estima que pueden ser constitutivos de delitos de malversación, prevaricación o societario.

En estos momentos, el órgano encargado de instruir el procedimiento está en el aire, después de que Camps --único aforado en la causa al ser diputado 'popular' en las Corts-- haya perdido su aforamiento al disolverse el Parlamento ante las próximas elecciones autonómicas de mayo.