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Aunque la reforma del sistema de pensiones siempre ha estado en el punto de mira de numerosos investigadores y organismos internacionales, sólo puntualmente ha llegado al gran público a través de los medios de comunicación. Después de la reforma laboral, que tanta actualidad ha tenido, la del sistema de pensiones va a ser, casi con toda seguridad, la que hará correr más ríos de tinta en los próximos meses.

Aprovechándome de esta circunstancia propicia para los que nos dedicamos a estos temas, voy a tratar de aclarar algunas de las principales características de nuestro sistema de pensiones, así como qué tipo de reformas se han propuesto y qué se debería hacer, desde mi punto de vista.

En primer lugar, conviene dar un breve apunte de las características principales del sistema, para poder entender mejor la filosofía de la reforma. Así, el sistema contributivo de pensiones de jubilación en España se define como un sistema de reparto, de prestación definida. Esto significa, por un lado, que cada año se pagan las pensiones de los ya jubilados con lo que se recauda por cotizaciones ese mismo año y, por otro, que el tipo de cotización es la variable que teóricamente habría que modificar anualmente para que el volumen total de cotizaciones se igualara con el de pensiones. En la práctica, esto último no sucede nunca, sino que se permiten déficits o superávits. Los superávits de caja de los últimos años han posibilitado que se pudiera constituir un Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

¿Es realmente necesaria la reforma? Tal vez esto sea lo primero que haya que cuestionarse. A esta primera pregunta, hace muchos años que casi todos los investigadores sobre el tema están de acuerdo en la contestación e, incluso, la constitución del llamado Pacto de Toledo, ya en 1995, apunta en la misma dirección: Es inevitable llevarla a cabo.

Las reformas adoptadas por los distintos gobiernos en los últimos años han tenido un alcance muy limitado, ya que no han abordado realmente el problema, si bien la buena situación económica parecía no ser excesivamente propicia para tomar medidas más drásticas. Se ha argumentado, en palabras del propio Pacto de Toledo, que el sistema de pensiones tiene un presente sólido y un futuro que requiere refuerzos. La diferencia de opiniones está en determinar cuánto dura ese presente y lo cerca que está ese futuro.

Las reformas que se han propuesto por parte del Gobierno, así como por numerosos investigadores, han sido bastante dispares y de distinto alcance. Destaco sólo algunas de las que han circulado: destinar parte de la recaudación por IVA al sistema de pensiones; retrasar la edad de jubilación; aumentar el número de años para el cálculo de la base reguladora; aumentar el número de años para tener derecho a una pensión de jubilación contributiva; modificar el tipo de cotización; transformar el actual sistema en uno mixto de reparto y capitalización; o transformarlo en uno de reparto de aportación definida -como el denominado sistema de cuentas nocionales aplicado por los suecos y, considerado por muchos, la solución a todos los problemas, como también ha apuntado el grupo de los 100 economistas-. Luego veremos que esto no es totalmente cierto.

La primera reforma entraña un peligro de 'exteriorización' de la financiación del sistema; las cuatro siguientes suponen simplemente el cambio de algún parámetro del sistema, y las dos últimas implican una modificación más profunda de sus cimientos.

¿Cuáles son las características básicas de un sistema moderno de pensiones de jubilación? A mi modo de ver, ha de ser un sistema equitativo, sostenible a largo plazo y que permita cierta libertad de elección al cotizante-pensionista. Esto tiene implicaciones, no políticamente fáciles de defender, que puede que se nos pasen por alto en una rápida lectura. Así, las características anteriores se pueden traducir en las siguientes: grado de redistribución mínimo; ajuste financiero-actuarial entre cotizaciones y pensiones; y libertad para poder decidir la fecha de jubilación. La pregunta clave es: ¿Todo esto es posible? Voy a intentar contestarla explicando cada una de las características.

Por equidad se entiende que, a priori, todos los participantes en el sistema tengan la misma rentabilidad esperada. Me refiero a una rentabilidad similar a la de cualquier operación financiera, porque de hecho la estructura de cotizaciones-pensiones se puede entender de esta forma. Es muy difícil conseguir que el sistema sea totalmente equitativo porque existen múltiples circunstancias del propio sistema que lo impiden, como la existencia de diferentes regímenes, distintas condiciones para acceder a la jubilación y, sobre todo, una fórmula para el cálculo de la pensión inicial con numerosas inequidades.

¿Cómo se podría obtener una mayor equidad? Habría que lograr la unificación de regímenes; conseguir que la pensión se calculara teniendo en cuenta todas las cotizaciones realmente efectuadas sin añadidos ficticios; y obtener una fórmula que tuviera en cuenta de forma lineal el número de años cotizados y que considerara la esperanza de vida en el momento de la jubilación de cada individuo. Con todo ello y algún ajuste más, se mejoraría la relación financiero-actuarial entre cotizaciones y pensiones. De esta forma, además, se conseguiría que cada individuo pudiera elegir la edad de jubilación porque, en función de ésta, le correspondería una pensión que le permitiría tener la misma rentabilidad (no la misma pensión) que otro que lo hiciera a una edad diferente. Por otro lado, para que, a medida que van transcurriendo los años, también se siguiera manteniendo la equidad, habría que ajustar la esperanza de vida según el año en que se jubilara cada individuo. Esto implica que, naturalmente, también tendría que modificarse la pensión inicial. Esto último es lo que se conoce como un mecanismo de ajuste automático.

De todas maneras, este tipo de reforma es compatible, y así considero que debe ser, con el mantenimiento de algunos elementos de solidaridad (también denominada "equidad social" pero que he preferido no utilizar para no confundir con el anteriormente expuesto como equidad): pensiones mínimas (si bien el complemento a mínimos se financiará en un futuro cercano por medio de impuestos), años bonificados para ciertas profesiones, cálculos actuariales unisex, etc.

¿La mejora de la equidad incrementa la sostenibilidad del sistema? No, porque, tal como hemos definido la equidad, no sabemos cuánto cuesta que el sistema genere una unidad de pensión; es decir no sabemos si se está vendiendo un producto (la pensión) por encima o por debajo del precio de coste. Para ello tenemos que analizar la sostenibilidad, que tal vez sea algo más complejo.

Aunque suene un poco extraño, hay varias maneras de definir la sostenibilidad de un sistema de pensiones de reparto. Voy a centrarme sólo en dos de ellas, que son complementarias, ya que aportan información diferente sobre la salud financiera. La más conocida -en cuanto a que son numerosos los investigadores, incluida la propia Seguridad Social que la utilizan- se obtiene como diferencia de las proyecciones anuales de los flujos futuros de ingresos y de gastos del sistema. Mientras los ingresos anuales estimados sean superiores a los gastos previstos de ese mismo año, se obtendrá un superávit de caja que debería pasar a aumentar el Fondo de Reserva.

Así, por ejemplo, según el Informe sobre Estrategia Nacional de Pensiones de 2008 que elabora la propia Seguridad Social, en 2024 el gasto total superará por primera vez a los ingresos y, a partir de ese momento, si se utiliza el Fondo de Reserva, se podría seguir pagando las pensiones hasta 2029. Sin embargo, esta forma de medir la sostenibilidad sólo tiene en cuenta una parte del problema: la de hasta cuándo se va a poder pagar las pensiones, que, siendo importante, deja fuera otro aspecto crucial.

Hay otra forma de medir la sostenibilidad de un sistema de pensiones de reparto que es mucho menos conocida y en la que trabajan muchos menos investigadores. Incluso, la propia Seguridad Social no hace público ningún dato de este tipo. Con esta segunda medida se trata de saber cuánto cuesta cada unidad de pensión que entrega el sistema a sus jubilados. La forma de conseguir este dato no es sencilla de explicar en un párrafo, pero, a grandes rasgos, se obtiene a partir de comparar la totalidad de los flujos de cotizaciones y de pensiones, tanto actuales como pasados, de todos los participantes en el sistema, tanto activos actuales como pensionistas actuales.

En concreto, según datos obtenidos por el propio autor, en colaboración con Mar Devesa, el coste por pensión unitaria de jubilación en 2006 era de 1,27. Esto significa que por cada unidad monetaria que recibe el sistema contributivo de pensiones de jubilación de la Seguridad Social, éste entrega 1,27 unidades monetarias -valorado en términos actuarialmente comparables-. Si consideramos la Seguridad Social como una empresa, podríamos decir que está vendiendo a un precio inferior al coste de producción. Si quisiéramos que este sistema fuera sostenible desde este punto de vista, habría que reducir la cantidad entregada por el sistema o incrementar la que recibe, mediante la modificación de los parámetros que intervienen o bien en el cálculo de la pensión o bien en la determinación de las cotizaciones.

A un resultado similar se puede llegar mediante el sistema de cuentas nacionales de aportación definida, comentado anteriormente. En la práctica, sería difícil distinguir entre el sistema propuesto y el de cuentas nacionales, con la ventaja de que el primero sería "políticamente más correcto" porque no habría un cambio de paradigma, ya que seguiría siendo de prestación definida.

¿Y con estas medidas ya se asegura la sostenibilidad? Tampoco. Sin ánimo de ser catastrofista, combinar todo lo expuesto anteriormente sólo permitiría ciertas garantías de sostenibilidad del sistema a largo plazo ¿Por qué? Porque seguiríamos dentro de un sistema de reparto que a corto-medio plazo dependería de la realimentación del colectivo de cotizantes; en definitiva, estaría condicionado a que los ingresos anuales permitieran seguir pagando las pensiones de ese año. Sólo cuando se hubiera implantado en su totalidad el nuevo sistema, se reajustara anualmente según los cambios en la esperanza de vida y los superávits se destinaran a incrementar el Fondo de Reserva se estaría más cerca de asegurar la sostenibilidad, pero siempre habría que seguir vigilando los posibles cambios demográficos de los cotizantes y pensionistas del sistema. Hasta el "idealizado" modelo sueco ha tenido que "retocar" la revalorización de las pensiones en 2009. De ahí que, como antes decía, el sistema de cuentas nacionales tampoco resuelva todos los inconvenientes.

Como punto final, me gustaría poner gran énfasis en afirmar que no hay que perder la nueva oportunidad que se presenta para hacer una buena reforma. Tal vez la etapa económica que estamos viviendo, donde es socialmente aceptado que hay que realizar reformas, facilite la tarea de hacer que ésta no sea una reforma más del sistema de pensiones, sino la gran reforma que muchos estamos demandando desde hace tiempo. Sería un error no aprovechar esta oportunidad, por parte de los políticos y agentes sociales. Y aunque llevar a cabo ciertas reformas tiene un lógico coste político a corto plazo, no llevarlas supondrá un lastre que habrá de arrastrar la sociedad durante muchos años.

Por último, apuntar que es condición casi imprescindible que cuente con un amplio respaldo o, por lo menos, de los dos partidos mayoritarios para que, una vez conseguida, no se dé marcha atrás por intereses meramente políticos, como ha ocurrido en otros países. Sería bueno aprender de otros momentos, donde las materias de pensiones, se separaron, de forma explícita, de la agenda política.

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(*) José Enrique Devesa Carpio es profesor del Departamento de Economía Financiera y Actuarial. de la Universidad de Valencia

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