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VALENCIA. Existen tres condiciones básicas, que deben cumplirse de manera simultánea en toda Administración pública, para que una determinada política, de carácter económico, o no, pueda alcanzar el éxito. La primera se refiere al correcto diagnóstico del problema a resolver; la segunda, a la idoneidad de los programas y medidas orientadas a su solución; y la tercera, a la suficiencia del presupuesto disponible para instrumentar estas últimas. Lo que significa que un diagnóstico equivocado puede transformar en irrelevantes las otras dos condiciones; de igual manera que unos programas mal diseñados, o un presupuesto insuficiente, acaban por hacer totalmente inútiles las soluciones derivadas de un buen diagnóstico.
En realidad, los diagnósticos equivocados, a lo largo de la historia económica, no han sido tan infrecuentes como se piensa. Por ejemplo, hasta la irrupción del keynesianismo en la década de los años 30, era una verdad generalmente aceptada por la economía ortodoxa que la oferta siempre creaba su propia demanda (Ley de Say), y que por tanto las crisis de sobreproducción, o si se prefiere, de insuficiencia de demanda efectiva, eran imposibles. Y sin embargo, aquellas existían y estaban a la vista de todo el mundo. El problema es que como el diagnóstico estaba radicalmente equivocado, las soluciones, simplemente, no aparecían por ningún lado.
Salvando las distancias, es también lo que ha ocurrido en esta última crisis con la Unión Europea, al tardar ésta seis largos años en modificar, aunque sólo sea parcialmente, su diagnóstico inicial, hasta el punto de que las únicas medidas que están dando algún resultado son las que se han derivado de estas últimas modificaciones.
Existen más ejemplos de diagnósticos erróneos extraídos de nuestra experiencia económica reciente, y cuyo resultado final no es otro que una extensión generalizada de la confusión en numerosos campos de la acción política. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se afirma que los mercados son siempre eficientes, o que la competitividad depende exclusivamente de los costes salariales, de los precios, o del tipo de cambio; o cuando se fija el éxito turístico en función únicamente del número de los visitantes que acuden a un destino; o cuando se sostiene que el nivel de empleo y de los salarios se relaciona sólo con el funcionamiento del mercado de trabajo; o cuando se da por hecho que la desigualdad no es un problema económico, sino social; o, en fin, cuando se dice que existe desempleo entre los jóvenes porque éstos no están suficientemente cualificados.
En todos estos casos, y en muchos otros también, las políticas están equivocadas porque los diagnósticos también lo están, y, en consecuencia, es lógico que la desorientación general se extienda entre los agentes económicos, destinatarios últimos de aquellas.
Pero no se trata solo de eso. Aún aceptando que las comparecencia de las tres condiciones aludidas resultan imprescindibles para alcanzar el éxito en la gestión pública, no son, en modo alguno, suficientes. Porque, en realidad, el elemento definitivo para garantizar dicho objetivo, se encuentra siempre en el escalón operativo; es decir, en la forma concreta en que se gestionan y ejecutan tales medidas, una vez el diagnóstico está hecho, los programas diseñados y el presupuesto conseguido. Por muchas vueltas que queramos darle, la clave del éxito en la gestión pública está en el cómo; no en el qué ni en el cuánto.
Por ejemplo, la privatización, o, si se prefiere, la externalización de ciertos servicios públicos, que tanta fama ha alcanzado en estos últimos años entre los gobiernos del PP, parte del supuesto "indiscutible" de que siempre es más eficiente la gestión privada que la pública. No se dice, sin embargo, que ésta última no suele serlo más que aquélla fundamentalmente a causa del desinterés secular de los dirigentes políticos por introducir reformas y modelos de gobernanza que propicien su mejora.
O sea, que se gestionan mal los asuntos públicos debido a la negligencia, la incompetencia, o, sencillamente, a los intereses ideológicos del grupo político dirigente, como ocurre ahora, y luego se justifica su privatización con la excusa de que el sector público es "estructuralmente ineficiente", obviando que quien es estructuralmente ineficiente es aquél que es incapaz de gobernar diligentemente los asuntos que le son propios.
Naturalmente, también se oculta que la privatización de la gestión de ciertos servicios públicos es, en cierto modo, contra natura, puesto que no incorpora ninguna de las virtudes que se le suelen asignar a la empresa en su lucha permanente por competir en los mercados. Para empezar, cuando un servicio público se externaliza, el precio viene garantizado por el Estado, al igual que los clientes; y, por si esto fuera poco, la competencia, para la empresa adjudicataria, sencillamente desaparece. La diferencia sustancial entre una u otra forma de gestión está en que los costes operativos (léase, los salarios) suelen ser más bajos que los de los funcionarios que hacían previamente su misma labor, permitiendo así la obtención de un beneficio para el gestor privado. O sea, que, a la postre, la externalización, no pasaría de ser otra cosa que una mera redistribución de la renta entre un sector y otro.
En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, la empresa pública Sepiva, que nació a finales de los años 80 para crear y gestionar el nuevo sistema de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), fue una empresa extraordinariamente rentable para el sector público gracias a su gestión altamente profesionalizada y rigurosa; hasta que se privatizó, diez años más tarde, por razones imposibles de explicar desde el punto de vista de la eficiencia en el servicio. Lo que ocurrió fue, simplemente, que el dinero cambió de manos de la noche a la mañana, desde el sector público al sector privado, sin que, sin embargo, el cliente final notara cambio sustancial alguno.
Pero el máximo nivel de relevancia que el escalón operativo tiene en el éxito de las políticas públicas, se constata de manera muy evidente en todas aquellas instituciones y programas de estímulo dirigidos a las empresas y sectores económicos. Hasta la segunda mitad de los años 90, el Impiva cumplió la práctica totalidad de sus objetivos modernizadores para el tejido productivo valenciano, debido, fundamentalmente, a la implantación de un modelo de gestión altamente profesionalizado, cercano a las empresas (que eran sus principales "clientes"), transparente en la concesión de ayudas, y no sujeto al control político partidista alguno.
El elevado nivel de confianza y de credibilidad que dichas empresas depositaron en la institución, y por tanto, en las políticas llevadas a cabo por ésta, no fueron sino el resultado natural de una determinada forma de gestión, y no tanto de la idoneidad de los programas de ayuda o del volumen de la asignación presupuestaria. Hasta el punto de que, cuando aquélla se politizó en el peor sentido del término, todo el edificio se vino abajo. Se mantenía el diagnóstico, existía presupuesto, y los programas seguían siendo los mismos; pero la gestión dejó de ser profesional y confiable, y, por tanto, se convirtió en ineficiente.
Conclusión: la mejora de la gestión pública es un territorio complejo y lleno de dificultades, que requiere de un esfuerzo persistente, a largo plazo, y, sobre todo, bien orientado, por parte de los responsables políticos. Pero es posible. Siempre, claro está, que éstos estén dispuestos a desprenderse de prejuicios ideológicos y de verdades establecidas, las cuales, en muchas ocasiones, no son sino meras leyendas urbanas. Y, sobre todo, que, siguiendo la máxima de Churchill, aquéllos estén más pendientes de las próximas generaciones que de las próximas elecciones. He dicho.
que buena propuesta sería que La Punset se quitara el miedo a ganar las próximas elecciones y presentara una alternativa de gobierno a la Generalitat con profesionales de la talla del Sr. Garcia Reche, ....Porque tanto si apoya a Fabra como a los de la oposición actual perderá los votos ganados, cara a las generales. La Generalitat necesita un CAMBIO URGENTE con gente como el Profesor en las que prime el sentido comun y no el sentido de partido y de mafias.
Los que trabajamos en lo público y sufrimos dia a dia la agresión de nuestros gestores, entendemos muy bien todo lo que dice. No administran, no gobiernan, aprovechan lo publico para sus negocios políticos: comisiones corruptas, clientelismo familiar y no familiar, propaganda manipulando la realidad.
Muy poca seriedad... Propiciada por un diseño institucional (ley electoral, sistema de controles esterilizado, etc) que impulsa al indigno y expulsa de hecho al digno.
Mi opinión es que hay mala gestión pública, y buena gestión pública. Como hay mala y buena gestión privada. El problema es que los dirigentes políticos tienen pocos incentivos para gestionar bien los asuntos públicos. En primer lugar porque ello requiere de mucho trabajo no reconocido a corto plazo. En segundo lugar, porque se pueden ganar las elecciones manipulando las televisiones públicas, inaugurando cualquier cosa todos los días o generando redes clientelares. Y en tercer lugar, porque si el sector público no funciona, siempre se puede decir que es a causa de su incapacidad estructural para ser eficiente, y que por tanto, es mejor externalizar su gestión. Lo que hay es muy poca seriedad en la política española.
Como casi siempre magnífico profesor Reche. Soy un "beneficiado" de la buena gestión pública. Sí, como su hija ¡¡gran profesional!! con la que compartí anhelos e ilusiones en la extinta RTVV. Un proyecto que, en otras manos, no se hubiera malogrado de manera tan penosa como chusca. Los que llevabamos desde el inicio del saqueo y expolio veiamos venir ¡¡y lo denuncimos!! y tomamos, algunos, las prevenciones oportunas para que el sainete no pasase a drama ¡¡y fue!! Es sencillo. Cortijo con nepotismo rampante. Centrifugado de fondos. A saber, pagar con dinero público 25 por lo que realmente vale 5. Por el camino se pagan los correspondientes peajes. Y así imposible no solo no ser una carga si no no terminar con 1.300 m€ de agujerito. Sólo con profesionales honestos mantendriamos ahora RTVV y un mas o menos pujante sector audiovisual dependiendo también de la pericia de sus gestores. Si son comisarios políticos y encima ineptos de remate, entonces el desastre está cantado.
Comparto el planteamiento del Sr. Pons, en mi modesta opinión el debate Privatización o no de empresas públicas es tan absurdo como el decir: a quien quieres mas a Papá o a mamá,........dilema fuera de lugar y cuya contestación esta clara..... "pues depende". En el caso de la Ciudad de las Artes y las Ciencias es que el concurso está viciado desde el principio, tanto en cuanto deja fuera a Grandes Grupos empresariales que en definitiva son los que mayor proyección en el mercado tienen y mayor capacidad de inversión que en definitiva es lo que interesa al complejo de ocio,.......para finalmente acabar paradojicamente después de tanto Concurso y tanta formula matemática para valorar los méritos .......en la opción local con menos recursos. Extraño el silencio del resto de partidos que a un mes de las elecciones les metan este Gol. Sería importante saber la opinión del Sr. García Reche sobre este tema.
Desde el máximo respeto al Sr Reche, por su honestidad intelectual y honradez personal. Yo si soy mayormente defensor de la gestión privada frente a la pública, si bien a) no en todos los sectores y b) siempre con un control férreo de las contratistas y concesionarias. Lo que ocurre es que en la C. Valenciana hemos padecido la máxima perversión y estafa, con un partido político que, entro otras infamias, iba más o menos de liberal pero nos convirtió en la región más endeudada per cápita -si no me equivoco- y que privatizaba no por la eficiencia de la gestión sino como forma de saqueo; todo ello facilitado por un pueblo meninfot que se dejó engañar con una facilidad prodigiosa (digna de estudio sociológico). Respecto de la eficiencia de la gestión pública, claro que es posible, con buenos gestores que antepongan el interés público frente a cualquier otro -como doy por hecho que fue el Sr. Reche-, pero eso en la práctica lo acabó haciendo casi imposible la partidocracia, que impulsó al sumiso, al mediocre y al sinvergüenza (estos sí dispuestos a anteponer el interés del partido al público, por medrar) y marginó al moral y crítico. Por último, decir que las privatizaciones no han sido exclusivas del PP, pues el PSOE apostó también por ellas, al menos en algún municipio señalado.
Excelente explicación sobre el origen de las falacias que se cuentan para justificar la necesidad de privatizar. No es la ineficiencia del servicio sino la de sus gestores. Cada línea que leo me entran más ganas de que lleguen las elecciones del 24M y se vayan los actuales gobernantes.
Muy buen y oportuno análisis el que realizas Andrés. En mi opinión tan solo falta un punto: el clientelismo. El clientelismo que produce la privatización es doble. Por un lado el del adjudicatario, que se ve sometido a los intereses del partido que gobierna y no a resolver los problemas del ciudadano. Así ha sido con los grandes proyectos, los hospitales, el aeropuerto del abuelo.... Y por ultimo y para mi el más nocivo es el clientelismo interno derivado del oursourcing de dichos servicios quedando los empleados públicos como meros supervisores de dichos servicios. Estos supervisores son muchas veces interinos o contratados laborales afines al poder contratante, sin el rigor y las protecciones del funcionario por que simplemente no interesa al partido gobernante tener un servicio público autónomo, garantista o eficiente que permita decir no, cuando es necesario. El último gran fiasco lo vamos a ver en breve, con la privatización de CACSA. En la ineficiente Generalitat va a hacer falta un reseteo absoluto ante las circunstancias políticas y económicas. Uno de la magnitud de la transición democrática pues la disfunción es tan grande que va a costar muchísimo acercar nuevamente los intereses de una nueva y moderna sociedad, con una obsoleta y carcomida Generalitat.
Siempre acertado, Profesor. Algunas ideas complementarias, si se me permite. La necesidad de la evaluación de las políticas públicas adoptadas. Una vez realizado un diagnóstico, decidido un tratamiento y aplicado éste, ¿cuándo, quién y cómo medimos su eficacia? ¿Qué explicación (confesable) tiene que las Administraciones españolas, y muy especialmente la valenciana no tengan, no tan sólo teóricamente, unidades de prospectiva, análisis, “think-tanks” o evaluación? ¿Cómo se decide en la Administración Pública hispana que existe un problema social? (por cierto, ¿Existen problemas además de cómo mantenerme en el puesto o que nos elijan en las próximas elecciones?)- ¿cómo se decide cómo afrontarlo? ¿cómo se evalúa si la solución es adecuada? No siempre es fácil hacer bien todo esto. Pero lo que es escandaloso es no hacerlo, ni bien, ni mal, nunca. El coste presupuestario, y social, es inmenso. Ésa es la reforma de la Administración que hace falta. No los maquillajes. Y muchos países lelvan decenios haciéndolo . Se sabe cómo evaluar políticas públicas. ¿Es posible ser tan incompetente durante tanto tiempo (estoy pensando en siglos, no en decenios)? ¿quizá por el indisimulado afán de lucro personal? Lo dudo. Probablemente es una grosera mezcla de incompetencia personal y de afán de lucro, también personal.
Magnifico el Sr. Garcia Reche, que buen Conseller de Economía hubiera sido para afrontar los tres últimos devastadores años en el sector publico valenciano. La ultima privatización es de traca final de Fallas. Lo peor además es que en Valencia ni siquiera se sigue a Churchill y no solo no se piensa en las próximas generaciones....... sino ni tan siquiera en las próximas elecciones. Ya lo decía Groucho Marx :La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados.
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