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VALENCIA. Aunque no está escrita en ningún papel, hay una costumbre en los ayuntamientos y no pocos parlamentos autonómicos o de otros ámbitos que consiste en, nada más tomar posesión de los cargos y en uno de los primeros plenos, los diputados de todos los grupos aparcan sus diferencias y votan como un solo hombre un aumento de sueldo. El motivo es sencillo. Ya tienen el puesto asegurado por cuatro años y, al inicio de la legislatura siguiente siempre podrán decir aquello de: "Es que llevábamos cuatro años sin tocarlo".

Pero en Les Corts Valencianes, convertida en no pocas ocasiones en un esperpento al uso de los escritos por Valle Inclán, ha decidido no esperar a junio y en una decisión polémica y tomada a casi a hurtadillas-eso sí, todos a favor- acordaron pagarse la paga extra a la que habían renunciado hace dos años para demostrar que ellos también son sensibles con los problemas de los ciudadanos. El escándalo ha sido mayúsculo, pero solo cuando ha salido en la presa, momento en el que los grupos se han reunido para salir del atolladero aunque sea devolviendo el dinero, algo que está por ver.

Este podría ser el digno final a una legislatura para olvidar en el parlamento valenciano. De los diputados que fueron elegidos en su día -en 2011- hay un puñado largo que ya no están. La mayoría son del grupo popular que, en un goteo a veces dramático, han ido abandonado su escaño, no con pocas resistencias, acosados por los casos de corrupción por los que están siendo investigados -algunos al borde del banquillo.

Han cambiado los portavoces de los dos grupos mayoritarios, diputados procesados y condenados se pasaron al grupo de no adscritos, otros se agarraron al sillón y ahí están, como Francisco Camps, que pasó del banco azul tras su dimisión a un escaño que solo ha ocupado por error. Una anomalía democrática convertida en escenario recurrente.

Por cambiar ha cambiado hasta el presidente de Les Corts. Un acosado Juan Cotino, también por la justicia, claro, trató de vestir su salida con su jubilación y su vocación de dedicarse al cultivo de caquis, negocio al que dedicó parte de su tiempo cuando se acogió a la jornada reducida. La segunda autoridad de la Comunitat Valenciana no era a tiempo parcial.

Pero al margen de los escándalos que han dominado los debates en las sesiones de control (con expulsiones como la de Mònica Oltra), las comisiones de investigación celebradas -mítica la de CAM, aún por resolver peses a lo que dura y con el añadido de que por allí no pasó Gerardo Camps, el conseller de Hacienda de la era de la crisis porque el PP no quiso- y las no celebradas -accidente del metro, feria valencia, palau de les arts... - la labor de Les Corts en este caótico mandato ha sido decepcionante.

LEGISLACIÓN

Lo primero que llama la atención del repaso a la actividad legislativa del parlamento valenciano en la legislativa que acabará en dos semanas es su escasa producción legislativa. No es un asunto menor, ya que hacer leyes es una de las principales competencias de Les Corts.

Sin embargo, de todos los textos del corpus legislativo de la Generalitat, solo los vinculados a la Consellería de Infraestructuras, que dirige Isabel Bonig, han sido revisados en profundidad. Bonig se aplicó la máxima que algunos atribuyen a Rafael Blasco -"Si no tiene dinero, legisla"- y llevó al parlamento una nueva Ley de Ordenación del Territorio (que sustituye a las leyes urbanísticas y otras vinculadas), la Ley de Puertos de la Comunitat Valenciana, la Ley de Vías Pecuarias.

También ha tenido cierta actividad la conselleria de Hacienda, más allá de las dos leyes obligadas de final de año: la de presupuestos y la de medidas fiscales (conocida como de acompañamiento). No significa eso que Juan Carlos Moragues no haya impulsado cambios en la legislación autonómica, pero lo ha hecho a golpe de decreto-ley.

Esta fórmula, que se considera excepcional, supone que los cambios entran en vigor de inmediato y a Les Corts se les deja el papel de ratificarlo a posteriori y convertirlo en ley. Así se han presentado estos cuatro años, especialmente en los de graves dificultades económicas, las leyes de control del déficit, de medidas de austeridad, de reordenación del sector público empresarial, o de apoyo a las empresas, entre otras.

Amante también de los decreto-ley sido la Conselleria de Economía. Al menos en dos ocasiones ha legislado por esa vía. La primera con la regulación de las Actuaciones Territoriales Estratégicas, un traje que se hizo a medida para el frustrado proyecto Valencia Dinamiza del Valencia CF. De igual manera, y esta vez la ley tendrá que esperar a la próxima legislatura, Máximo Buch ha echado mano del decreto ley para modificar aspectos de la ley de horarios comerciales.

Capitulo aparte merece el asunto RTVV. En esta legislatura se cambió la ley de creación de RTVV por una nueva para el relanzamiento del Canal. Una ley con una vida tan corta que sería digna de algún ránking de récords. Pocos meses después, Les Corts, validó el decreto ley que ponía fin a RTVV y derogaba la ley aprobada poco más de un año antes. Y para remate, en el pleno escoba se aprobará otra ley sobre RTVV, en este caso la vinculada a la desvirtuada iniciativa legislativa popular sobre la recuperación del servicio.

Además, de las mencionadas, Les Corts ha aprobado otras leyes como la que aprueba la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana, la de Uniones de Hecho Formalizadas en la Comunitat Valenciana, la Ley Contra la Violencia contra las Mujeres, una de reforma del Comité Económico y Social, de la Contratos Agrario, la de Mecenazgo y la del Sector Público Instrumental y Subvenciones.

TRES LEYES POLÉMICAS PARA EL PELNO ESCOBA

Para el pleno escoba, al margen de la ILP, quedan las dos leyes estrella del final de la legislatura. Una es la de transparencia, una normativa que el Consell ha ido retrasando hasta el final del mandato. Cuando entre en vigor, y de cumplirse los pronósticos electorales, ya no les afectará a ellos.

Y la guinda será la lisérgica ley de señas de identidad. Una norma polémica que, en el fondo, reparte carnés de valencianidad -leánse subvenciones- a los que no podrán optar los que estén en contra de las fiestas taurinas o, simplemente, no le guste la colombicultura.

Un despropósito a la altura de una legislatura en la que incluso se ha intentado debatir la reducción del número de diputados, ahora fijado en 99. En teoría es para ahorrar. En la práctica para dificultar el acceso a grupos minoritarios. Pero resulta difícil abstraerse a la sensación de que o sobran diputados absentistas o inoperantes, porque trabajo hay mucho por hacer.

Pero eso ya será cosa de los que salgan elegidos el 24 de mayo. A los actuales les quedan 15 días. Y teniendo en cuenta que están por el medio la Magdalena y Fallas -fechas que como recordó Jordge Bellver, portavoz del grupo popular- "son para estar en la calle con los ciudadanos". Vamos, que no irán a trabajar. Para lo que queda...