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VALENCIA (VP). "Nuestro grupo cooperativo se ha creado en base a una sociedad central, una cooperativa de crédito de segundo grado, que no va a tener capacidad comercial, por tanto no somos un grupo como Ruralcaja o Cajamar".

Así ha descrito a este diario un portavoz oficial de Caixa Popular, el Sistema Institucional de Protección (SIP) donde participa la rural valenciana, que desde finales de 2008 está llevando Analistas Financieros Internacionales (AFI).

"Estamos a la espera de recibir la autorización del Banco de España para comenzar a trabajar aunque a nosotros nos gustaría arrancar antes de final de año. Entendemos que el organismo que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez tiene mucho trabajo en estos momentos con el proceso de reestructuración por el que atraviesa el sector bancario español", apunta el mismo portavoz.

Lo que sí tiene claro este nuevo grupo cooperativo es que no van a acudir al FROB "porque no tenemos ningún socio que lo necesite por niveles de solvencia". Como también que el proyecto sigue abierto a la incorporación de las ocho rurales de la Comunitat que todavía se mantienen al margen de los tres proyectos.

Asimismo, el portavoz de la rural valenciana que preside José María Soriano reconoce estar viviendo "uno de los años más duros que he conocido donde se han sucedido subidas de morosidad, fuertes caídas de márgenes, incremento de dotaciones"...

Aunque va más allá al advertir que "también va a ser duro y prueba de ello es que en Caixa Popular trabajamos con escenarios parecidos a este año aunque veo algo de luz en la morosidad de las empresas".

Caixa Popular participa junto a 22 rurales más, entre las que figuran nueve de la Comunitat Valenciana: Caja Rural de Castellón, Vila-real, Almassora, Benicarló, la Vall San Isidro, la Vall Sant Vicent, Vinaròs y les Coves de Vinromà. A las que hay que sumar nueve de otras tantas comunidades españolas. A saber: Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla León, Cataluña, Extremadura, País Vasco y Región de Murcia.

Todas ellas han optado por la vía que propugna la sociedad de asesoramiento financiero que preside el economista Emilio Ontiveros, en lugar de los otros dos SIP en curso liderados por Grupo Cooperativo Cajamar y el de Ruralcaja.

OCHO RURALES DE LA COMUNITAT AL MARGEN DE LOS PROCESOS

Ambos proyectos ya han recibido la bendición del Banco de España, no así el de AFI. Sin embargo, a diferencia de estos dos, se trata de un modelo a caballo entre el SIP puramente normativo y el SIP reforzado que permitiría el tratamiento de grupo consolidable. 

El objetivo del SIP de AFI es el de fortalecer los ratios de solvencia y liquidez de las cajas adheridas, con el fin de reforzar su posición competitiva para enfrentarse a un entorno altamente complejo y, especialmente, para afrontar escenarios de tensión con elevadas garantías de sostenibilidad de su modelo de negocio.

Desde un principio se tuvo claro utilizar la alternativa que respetaba la franquicia de cada entidad, sin cabecera concreta alguna y donde todas las entidades tienen el mismo peso,

Mientras tanto, a día de hoy, sólo quedan ocho cajas rurales de las 36 existentes en la Comunitat Valenciana que todavía no han dado el 'sí quiero' a uno de los tres proyectos en marcha. Se trata de las rurales de Albal, Alcora, Alcudia, Algemesí, Betxí, Onda, Orihuela y Villar.