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VALENCIA. Según su declaración en el Congreso, algo así debió pensar el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cuando supo de la moción que el Grupo Popular en el Senado había presentado en contra de la regulación que la CNMC ha propuesto para la fibra óptica en España. Esta regulación obligará a Telefónica a compartir su infraestructura de fibra óptica a otros operadores en todo el país excepto en nueve municipios, donde los competidores deberán construir su propia red.

La moción del Grupo Popular se hacía eco de la respuesta de Telefónica a esta regulación y que alertaba de que ralentizaría su inversión en fibra óptica generando 30 mil empleos menos. Es por ello que el Grupo Popular exigía una rectificación por parte de la CNMC. Sin embargo, esta moción ha sido vista por todas las partes como una intromisión en las funciones del regulador del mercado y se ha acusado al Grupo Popular de actuar en beneficio de Telefónica, según algunos, para compensar a la empresa por su ayuda en el reemplazo del presidente de Indra (ver esta entrada de Rodrigo Tena en Hay Derecho al respecto de este tema). Como resultado, el Grupo Popular se vio obligado a retirar la moción, según anunciaron de manera momentánea.

La regulación que propone la CNMC no es estrafalaria sino más bien consistente con la postura de la Comisión Europea y de la extinta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) en este tema. En muchos municipios es improbable que a corto plazo haya más de una empresa dispuesta a invertir en fibra óptica dado que recuperar esos costes puede ser complicado en un contexto de competencia.

Así, la clave de la regulación será el precio de acceso que se regulará para la empresa que haya invertido en esa infraestructura. Si es demasiado bajo los precios que pagan los consumidores por el acceso por fibra óptica serán bajos pero también lo serán los incentivos a la inversión y por tanto tardarán más tiempo en recibir sus servicios. Por supuesto, podemos discutir si la lista de municipios en los que no se regula el acceso a competidores es demasiado pequeña (o demasiado grande) pero eso implicaría valorar datos que desconozco. En todo caso, estamos hablando de diferencias en los detalles del diseño y no de la estrategia en sí.

Si nos atenemos al contenido de la moción del Grupo Popular lo preocupante es que demuestra una grave falta de comprensión acerca de cómo debe funcionar una economía de mercado. Como he discutido repetidas veces en este blog (por ejemplo, aquí), existe abundante evidencia de que los reguladores independientes promueven la inversión y aumentan la eficiencia en los mercados. Interferir en su trabajo es junto con la reducción de competencias que también ha practicado este gobierno (uno de los últimos ejemplos es la ley de metrología que, por la puerta de atrás, transfiere al Ministerio de Industria competencias de la CNMC en la fijación de peajes en el mercado eléctrico) dos de las peores amenazas a la buena regulación de estos mercados. Reducen la credibilidad de la institución y con ello la seguridad jurídica necesaria para que las empresas puedan llevar a cabo sus inversiones.

He criticado repetidamente el diseño institucional de la CNMC por ser un ocurrencia que presenta contradicciones y que es contrario a lo que observamos en los países con mejores prácticas. Desde el punto de vista de la regulación, la CNMC debe velar por el correcto funcionamiento de los mercados que supervisa, proporcionando los incentivos adecuados a la inversión, a la vez que se inducen los precios más bajos y la mejor calidad posible. Desde el punto de vista de la competencia, la CNMC debe perseguir aquellas prácticas que reducen los incentivos de las empresas a competir en el mercado. Y no, tal y como discutí cuando hablé de las contribuciones de Jean Tirole a la economía, la competencia es la solución a la mayoría de los problemas pero no a todos, en especial cuando hablamos de mercados como las telecomunicaciones o la energía.

Aunque el diseño también ha dado lugar a dudas sobre la capacidad para realizar su labor de manera independiente (el ejemplo más reciente es el de los votos particulares que Francisco Marcos discutió hace unos días aquí) hay que reconocer el esfuerzo que se está llevando a cabo desde la CNMC en esa dirección. En todo caso, entre las funciones de esta institución no está la de garantizar 30 mil empleos más o menos en la construcción de una infraestructura.

Sin embargo, indirectamente una buena regulación puede ser mucho más eficaz a la hora de crear puestos de trabajo, si permite aumentar la eficiencia de las empresas que hacen uso de los servicios regulados, mejorando así su competitividad, algo que España necesita urgentemente. Este mismo argumento se podría aplicar a otros ámbitos como en el caso del mercado energético, con ejemplos como el que discutí cuando hablé de la subasta de interrumpibilidad, o de los servicios profesionales.

Por último, no está claro que no se vayan a crear estos 30 mil empleos. Primero, estos datos son proporcionados por la misma empresa que se siente perjudicada por la regulación y, por tanto, podrían sobrestimar el verdadero impacto de la misma. Es además sorprendente que Telefónica anuncie que va a reducir su inversión incluso en aquellos municipios donde no se le obliga a compartir la infraestructura.

Segundo, aún si nos creemos esa cifra, los empleos serían en su mayor parte temporales, asociados a la construcción de la infraestructura y, por tanto, se destruirían cuando la obra terminase. Posponer la inversión implica, por tanto, posponer la creación de estos puestos de trabajo, no dejar de crearlos. Y ese es quizás el problema: los empleos son los mismos pero no es lo mismo crearlos en año electoral que más adelante. Como hemos visto en muchos otros casos, tomar decisiones con estos criterios de corto plazo puede dar réditos electorales, pero condena al país o bien a una falta de competencia en el futuro o a hacer cambios sobrevenidos en su regulación para introducir esa competencia, generando inseguridad jurídica. Para evitar tentaciones electoralistas necesitamos reguladores independientes.

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 * Este artículo es una reproducción autorizada de su original en el blog Nada es Gratis