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VALENCIA. Las comparecencias en Les Corts de los consellers de Hacienda y Economía, José Manuel Vela y Enrique Verdeguer, no han arrojado luz a las sombras que se ciernen sobre el futuro financiero de la Generalitat Valenciana. Los titulares de estas carteras amagan, pero no llegan a disparar. Los motivos apuntan a las órdenes directas desde la dirección nacional del PP: las elecciones están cerca y no es momento de tomar decisiones drásticas que agiten a la sociedad antes del 20-N. Mientras, las fuentes oficiales defienden la "complejidad" de las medidas a adoptar en la reestructuración financiera y de empresas públicas.
El conseller de Hacienda, José Manuel Vela, subió ayer a la tribuna de Les Corts para, en primer lugar, dedicar 11 páginas de su discurso a la "coyuntura actual", de la que se culpaba -principalmente- al sistema de financiación existente que perjudica los intereses valencianos al no reconocer el número de habitantes en la Comunitat. Discurso real, aunque insuficiente.
En este sentido, criticó que la Generalitat recibe 194,59 euros menos por habitante que la media española por el sistema de financiación en vigor y destacó su intención de potenciar el papel del grupo de la Comisión de Expertos en materia de Financiación Autonómica, constituida en las Corts para "definir y perfilar" el modelo.
En cuanto a medidas concretas, uno de los puntos fuertes del discurso de Vela se basó en el fin del procedimiento del que se ha abusado hasta ahora: no se puede recurrir sistemáticamente a la deuda para cuadrar los presupuestos.
Asimismo, remarcó que se va a seguir trabajando hacia "una administración ajustada a las circunstancias económicas", porque "es el momento de hacer más con menos" y anunció que se hará dentro del marco de la Ley de Ordenación de la Función Pública mediante planes de ordenación de recursos humanos "donde se realizarán las reasignaciones de efectivos para una mejor distribución de los recursos y una mayor racionalización de las cargas de trabajo".
El conseller, que comenzó su intervención agradeciendo la confianza que el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, depositó al nombrarle, y al actual, Alberto Fabra, por renovársela, destacó que con las medidas adoptadas en el marco del Plan de Ajuste se ha ahorrado 680,7 millones de euros, y con la reordenación del sector público empresarial -que todavía no se ha presentado- otros 400 millones , a los que habrá que sumar las medidas adicionales que contendrán los Presupuestos de la Generalitat para 2012. En total, un ahorro previsto de unos 1.200 millones de euros que, no solo saben a poco, sino que están a falta de confirmación real.
Por lo que respecta, al titular de Economía, Enrique Verdeguer, dejó el pasado miércoles unas cuantas pinceladas del futuro decreto -es posible que se apruebe hoy en el pleno del Consell- que regulará y controlará la gestión, función y recursos de las empresas públicas. Sin embargo, más allá del anuncio de cierre de cinco oficinas del Ivex, no se concretaron medidas concretas respecto a sociedades o fundaciones dependientes de la Generalitat que resultan un lastre para las cuentas públicas.
El sector público acumula más de 6.000 millones de deuda. Especialmente destacadas en engordar la cuenta acreedora son las entidades Ciegsa, RTVV, Cacsa, Epsar y Sociedad de Proyectos Temáticos. En Valenciaplaza.com se han desglosado las cuentas de algunas de estas empresas que suponen un gasto desproporcionado o, al menos, dudosamente justificado, por parte del Gobierno valenciano.
El propio Verdeguer ha anunciado un ahorro de 400 millones de euros gracias a su plan de actuación -que dejará al margen por el momento a RTVV, Agencia Valenciana de Turismo y Cacsa-, lo que muestra, de forma cristalina, que existía un marcado descontrol en este tipo de entidades. Salvo que se produzcan sorpresas en el anuncio del decreto, no se espera que se ofrezcan detalles con nombre y apellidos de las empresas o fundaciones afectadas por el plan de ajuste, más allá de algún otro anuncio de carácter ‘efectista' aunque de poco calado económico.
MANOS ATADAS HASTA EL 20-N
La intensidad de medidas de ajuste económico han sido, por el momento, consideradas para las organizaciones empresariales demasiado tibias para las necesidades actuales y las urgencias, sin ir más lejos, de los proveedores. Entes como la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) o las patronales tanto provinciales como la autonómica Cierval han reflejado desde meses atrás su deseo de mayor celeridad y firmeza en las decisiones a tomar.
Mientras la versión oficial señala a la "dificultad para coordinar" unos cambios estructurales tan "complejos", fuentes del Partido Popular vinculan esta pausa -o goteo- en las medidas a la proximidad de las elecciones generales. "Desde Génova se ha exigido que nadie se salga del guión: empleo, empleo y empleo, y que se eviten las decisiones drásticas que causen revuelo", señala un cargo del partido. De esta manera, la estrategia del PP de Mariano Rajoy, con los sondeos de cara, es ‘dejarse ir' hasta las elecciones generales evitando cualquier tipo de convulsión autonómica.
Esta sería la causa real para muchos del retraso en decisiones complicadas como el cierre de empresas públicas o recortes firmes en la administración que pueden suponer un ‘tijeretazo' en puestos de trabajo o fuertes medidas económicas de carácter impopular.
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