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VALENCIA. "El nuevo Consell no tiene ni cien días para presentar un plan creíble para los impagos a los proveedores y para tomar medidas que liberen fondos para programas capaces de relanzar la economía". La advertencia la hizo a mediados de junio el entonces aún presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, José Vicente González, hoy ya presidente de la patronal autonómica Cierval.
El renovado Consell nombrado por Francisco Camps tras ganar las elecciones no conmovió la paciencia de los empresarios que pedían "un aterrizaje como el de los cazas en los portaaviones" a los nuevos titulares de las distintas carteras del Gobierno valenciano. "Hay que tomar medidas urgentes", insistieron.
Los cien días están a punto de cumplirse. Y si bien por el medio se ha vivido una crisis institucional propiciada por la dimisión de Camps y la llegada de Alberto Fabra a la presidencia de la Generalitat, el tiempo sigue corriendo sin que esas medidas lleguen pese a que los consellers se han mantenido en sus cargos y los compromisos para atajar la crisis económica de la Administración, si bien aumentados verbalmente, ya se habían adquirido con anterioridad al relevo en la calle Cavallers.
La reunión del Consell de este viernes no pudo ser más decepcionante al tiempo que sintomática de la falta de resolución que vive el Ejecutivo valenciano. La comparecencia de la consellera portavoz, Lola Johnson, para dar cuenta de los acuerdos adoptados, dej
ó una sensación de alejamiento de la realidad que, de forma tan cruda, describió la liquidación del presupuesto de 2010 (descuadrado en más de 2.000 millones por la caída de ingresos), la evolución del actual (1,92% de déficit en junio frente al 1,3% de límite previsto para todo el año) o el incremento de la deuda en el trimestre (un 14% más, superando los 20.000 millones y a una miseria de alcanzar el dudoso honor de ser la primera autonomía en alcanzar el 20% de apalancamiento financiero sobre el PIB regional).
Ya la semana pasada se esperaba que el Consell aprobara el plan de reordenación de las empresas públicas. No ocurrió. El conseller de Hacienda, José Manuel Vela, aseguró en una entrevista que sería este viernes. Pero tampoco.
Lo cierto es que, según fuentes consultadas por ValenciaPlaza.com, en la Consellería de Empresa, la que dirige Enrique Verdeguer, donde se está elaborando ese plan, el emplazamiento de Vela no sentó nada bien y a mitad de semana ya se insinuaba que no estaría listo.
Pero esta reestructuración del pozo sin fondo de deuda que son las empresas públicas no es el único reto de la Generalitat. De hecho, es una parte, no menor, de un todo que pasa por ordenar la deuda (y por tanto el pago de sus intereses y las amortizaciones inminentes), recortar los gastos ordinarios y, especialmente, los superfluos, y explorar nuevas vías de ingresos.
Aunque el documento 'fuerza' de esa tarea será el presupuesto para 2012, cuyas normas para su elaboración se publicaron en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana esta semana, resulta desesperante para los acreedores y preocupante para alguna agencia de calificación, que no se hayan tomado ya medidas a corto plazo.
Se han anunciado nimios recortes de personal (al menos económicamente hablando), de los gastos o incluso aplazamientos de las transferencias de capital (una decisión que, sin haberse tomado oficialmente, ya se produce de facto). Pero en ninguno de los casos se han puesto en marcha ni hay fecha estimada para ello.
UNA REUNIÓN DEL CONSELL DE TRÁMITE EN PLENA CRISIS
Por eso, y ante un escenario más que preocupante, resultó chocante que los acuerdos del Consell de este viernes, por ejemplo, a propuesta de la Consellería de Economía fueran "facilitar a los consumidores los mecanismos para presentar una reclamación" y un acuerdo con la patronal de la moda infantil Asepri "para promover la internacionalización del sector". Y, a instancias de Hacienda, la firma de "un convenio entre la Generalitat y la dirección general de Tráfico que regula el intercambio de información a efectos tributarios".
Al ser interpelada por el incremento de la deuda conocida este mismo viernes la portavoz del Consell dijo una obviedad: "El déficit se produce porque no llegan los ingresos programados". Una verdad a medias, porque en el desequilibrio también juega el gasto, y sobre los dos casos se podría actuar. Pero en el caso concreto de los ingresos, Johnson lo achacó casi en exclusiva a la nueva consigna: la supuesta deuda histórica del Gobierno central con la Comunitat Valenciana, fijada por Fabra en más de 7.000 millones de euros.
Olvidando que el año pasado la caída de ingresos de la Generalitat se debió precisamente a la menor recaudación tributaria en el tramo del IRPF, el IVA y la desaparición definitiva del Impuesto de Patrimonio, la portavoz se agarró al supuesto agravio como causa única, reconociendo, en todo caso, que la economía no es su especialidad y que consellers tiene el Consell especialistas en ella para explicarlo.
REVISAR LOS IMPUESTOS SÍ, SUBIRLOS... QUIÉN SABE
Eso sí, Johnson llevaba aprendida la lección sobre el rechazo a aplicar el Impuesto sobre el Patrimonio recuperado por el Gobierno, lo que supone renunciar a unos 110 millones de euros. Pero al preguntarle si, en todo caso, contemplan medidas para paliar la caída de ingresos con posibles modificaciones al alza en los impuestos (o tramos) y tasas sobre los que tiene competencias la Generalitat o lo fiaban todo al reconocimiento de la "deuda histórica", se armó un pequeño lío. "Nuestra política es bajar los impuestos para dejar el dinero en manos de los ciudadanos para que gasten y reactiven la actividad económica pero se estudian opciones para compensar el descenso de la recaudación". Su departamento de comunicación tuvo que aclarar a lo largo de la tarde que esas palabras no significaban que se fueran a subir los impuestos.
¿Y sobre los planes de recorte de gasto y de ordenación de la abultada deuda? Están trabajando en ello. "Algunos planes están muy avanzados y otros están prácticamente terminados. Trabajamos contrarreloj", aseguró la portavoz. Un sprint en el que parece que hay un fuerte viento de cara. No se entiende si no que, mientras el conseller de Hacienda apunte, por poner un ejemplo de los últimos días, que algunos grandes eventos son gastos a recortar, la propia consellera los defienda a capa y espada en su comparecencia en Les Corts, añadiendo como valor para su permanencia a la ya manida repercusión económica, "la repercusión social", lo que prácticamente permite defender cualquier cosa.
Las cada vez más insistentes voces que hablan de tensiones y fidelidades pasadas en el seno del Consell comienzan a tomar forma como razón de los aplazamientos a la toma de decisiones firmes para afrontar la crisis interna de la caja de la Generalitat y externa de la economía valenciana. El viernes que viene, otro capítulo. Habrán pasado 94 días desde el nombramiento del Consell.
Mas de lo mismo. No saben poner el cascabel al gato. Pero el cascabel no es tan complicado. Lo sabemos todos. Otra cosa es que esten asustados para ponerlo. Falta coraje politico. Y prevalece la pasion del partido..
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