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MADRID (EFECOM). La Audiencia Nacional inicia este jueves el juicio al ex director general de CAM Roberto López Abad y al exdirectivo Juan Ramón Avilés por el cobro irregular de dietas y la concesión de 17 millones en préstamos al último, para los que la Fiscalía pide 4 y 2 años y medio de prisión, respectivamente.

Es la primera vista contra los exgestores de la extinta entidad alicantina y el segundo contra las cúpulas de las antiguas cajas, después de que en mayo la Audiencia condenara a cuatro exdirectivos de Caixa Penedès a entre uno y dos años de prisión por engordar fraudulentamente sus pensiones.

El juicio arrancará a las 10:00 horas con las cuestiones previas y el interrogatorio a los acusados, y proseguirá los días 26, 27 y 28 de enero y 12 y 16 de febrero.

Los dos están acusados de apropiación indebida, administración desleal y un delito societario, aunque Avilés, que fue director de la Comisión de Control de CAM, también lo está de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero.

Además, comparecerán como partícipes a título lucrativo otros dieciocho miembros de la Comisión de Seguimiento y Control de Tenedora de Inversiones (TI), sociedad participada por CAM, por cobrar de forma presuntamente irregular dietas que no correspondían. López Abad se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel por parte de la Fiscalía, de seis por la acusación ejercida por CAM a través del FROB y de catorce por la Plataforma de Afectados.

En el caso de Avilés pasan por dos años y medio, diez y dieciséis y medio, respectivamente.

Anticorrupción opina que la Comisión de Control de TI "fue un mero y burdo instrumento ideado" por López Abad para permitir que los miembros de la caja "cobraran unos emolumentos muy superiores a los que tenían derecho" y "sin realizar ningún trabajo adicional para la entidad" que las justificara.

Solicitaba así que todos indemnizaran al Banco Sabadell -que se adjudicó la CAM-, con casi 1,5 millones de euros de forma solidaria.

Explicaba que, de forma simultánea, Avilés era también propietario y gestor efectivo, a través de varios familiares y sociedades interpuestas, de "La Vereda de Sucina", que recibió 16,6 millones en préstamos de CAM, si bien por aplicación de la normativa sobre cajas de ahorro, debería haber abandonado sus puestos en la entidad.

CAM considera por ello que Avilés debe pagar además una indemnización de 4,9 millones por el "quebranto" derivado de los préstamos recibidos, aunque cree que el dinero debe ir a parar al Fondo de Garantía de Depósitos, ya que este organismo le inyectó 5.249 millones antes de la venta de la caja al Sabadell.

López Abad está imputado en el resto de las piezas separadas abiertas a la cúpula de la caja, entre ellas la que le costó su ingreso en prisión bajo fianza de 1,5 millones en noviembre de 2013 por el desvío de 247 millones a un paraíso fiscal del Caribe.

También lo está en la pieza principal junto al expresidente Modesto Crespo, la ex directora general María Dolores Amorós y los exdirectores de Recursos y Planificación Vicente Soriano y Teófilo Sogorb por delitos societarios, estafa y manipulación del precio de las cosas, cuya instrucción, como ocurre con las anteriores, no ha concluido aún.