Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• PSPV, Compromís y Podemos presentan la proposición de ley para recuperar RTVV 
• El Gobierno manchego recurrirá el nuevo trasvase del Tajo al Segura
• Montiel (Podemos), con 67.500 euros, el portavoz con más retribuciones en 2014

VALENCIA (VP). El TSJ de Valencia ha informado este miércoles a través de una nota de prensa que, entre los registros practicados durante los interrogatorios a Helga Schmidt, los miembros de la UDEF registraron también una empresa mercantil.

Según informa el TSJ el Juzgado de Instrucción número 15 tiene abierta una causa, las diligencias previas 19/2015, como consecuencia de una denuncia de la Fiscalía en relación con supuestas irregularidades en la gestión del Palau de Les Arts de Valencia entre los años 2008 y 2009. En el auto de incoación, de apertura, de esas diligencias se acordó también el secreto de las actuaciones con el objetivo de asegurar la información necesaria para la investigación.

El juez acordó, además, según la citada nota, la práctica de varias diligencias que se practicaron ayer con la participación de agentes de la UDEF Central. En concreto el juez practicó este martes cuatro registros: En el domicilio de la intendente del Palau de Les Arts, Helga Schmidt, en el hotel las Arenas; en el domicilio de quien fuera director de administración en los años objeto de investigación, Ernesto Moreno; en el Palau de Les Arts y en la sede de una sociedad mercantil.

Si bien desde el TSJ no se ha facilitado más información cabe suponer que dicho registro se realizó en la sede de la empresa Patrocini de les Arts. En este sentido, la investigación se inició a raíz del llamado Informe Diógenes en el que se denunciaban, entre otras cuestiones, la pertenencia de Schmidt al consejo de administración de Patrocini, en una situación incompatible con su cargo.

El TSJ informa también de que ambos, Schmidt y Moreno, fueron detenidos y asistidos por los abogados que designaron, tal como establece la ley, mientras se les tomó declaración. Tras las declaraciones, el juez acordó para ambos libertad provisional, obligación de personación periódica en el juzgado y retirada de pasaporte. La causa, concluye el TSJ, está abierta por los supuestos delitos de malversación, prevaricación y falsedad, "sin perjuicio de que relación de posibles infracciones penales pueda variar a lo largo de la investigación".